En las últimas horas, diversas fuentes judiciales han narrado la situación que vive el juez Juan Carlos Peinado en los tribunales de Plaza de Castilla de Madrid. Dos años después de que Manos Limpias presentara una denuncia basada en simples recortes de prensa, el instructor que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cuatro delitos en la organización de un máster universitario (malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y corrupción en los negocios) ha cerrado la investigación y ha propuesto que la primera dama sea juzgada por un tribunal popular.
El doctor José Cabrera, psiquiatra y forense, aseguró en el programa Horizonte de Cuatro que Peinado “no puede salir de casa prácticamente”. El perito aclara que es imposible ver por la calle al juez si no lleva “un periódico en la cabeza”. “Nunca antes le había pasado esto y lleva en la administración de justicia muchos años y se va a jubilar en cinco o seis meses. Su vida judicial ya está acabándose y lleva toda la vida ahí", explica Cabrera. Según fuentes judiciales, “la del juez Peinado es una de las decisiones más sensibles del panorama político reciente, no solo por la figura investigada, sino por el contexto de alta polarización en el que se produce. El resultado ha sido una enorme presión ejercida contra el magistrado”. El propio Peinado ha llegado a presentar querellas contra periodistas y políticos para defenderse de la supuesta persecución.
“A Juan Carlos Peinado, en los pasillos de Plaza de Castilla, algunos le llegaron incluso a retirar la palabra”, asegura tal como publica ABC. “Algún funcionario, gente que pasaba por allí… miraban para otro lado. Me lo ha contado”. Esta situación, lamenta, puede llegar a afectar al juez, como ser humano que es: “Detrás de un juez, hay una persona. Detrás de un fiscal, hay una persona. Y detrás de Juan Carlos Peinado hay una persona que es él y que tiene familia”.
El juez Peinado se ha convertido en el centro de una intensa tormenta política y mediática. En las últimas semanas, distintas declaraciones de representantes públicos y reacciones institucionales han puesto de relieve un clima de presión creciente alrededor de su labor judicial. Según diversas informaciones, estas tensiones han alcanzado incluso a su entorno profesional más cercano, aunque otras fuentes aseguran que sus compañeros han cerrado filas en su defensa.
Las críticas han sido especialmente duras desde el propio Gobierno. Bolaños afirmó que la decisión de procesar a Begoña Gómez “ha avergonzado a muchos ciudadanos” y ha “dañado el buen nombre de la justicia”, palabras que motivaron una respuesta inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces recordó públicamente la necesidad de respetar las decisiones judiciales y advirtió del riesgo que suponen este tipo de manifestaciones para la independencia judicial.
La trifulca entre poder ejecutivo y poder judicial a cuenta del caso está convirtiendo al magistrado Peinado en una especie de héroe antisanchista para algunos de sus compañeros de los juzgados de Plaza Castilla. Los jueces de la Sección del Tribunal de Instancia de Madrid han llegado a publicar una declaración institucional en rechazo a las “descalificaciones” del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otros cargos del Ejecutivo contra el instructor. En el escrito de un único folio, los magistrados señalan al Gobierno por “tratar de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces de manera constante”. Asimismo, lamentan los “ataques profesionales y personales que está recibiendo” Peinado “en los últimos días”. Eso sí, de la instrucción, polémica y plagada de anomalías como ninguna otra en democracia, ni una sola palabra. “Como consecuencia de una investigación concreta”, señalan sin mencionar directamente a Begoña Gómez, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está viendo cuestionada su “labor jurisdiccional y su independencia judicial”. “La ley es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del Poder Judicial, y de servicio público a los ciudadanos”, prometen los instructores de Plaza de Castilla.
Frente a estas presiones externas, compañeros de Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla han salido en su defensa. En una declaración institucional, los magistrados de instrucción de Madrid rechazaron las “descalificaciones” procedentes del Ejecutivo y denunciaron los “ataques profesionales y personales” dirigidos contra el juez. Subrayaron además que la ley “es igual para todos, sin privilegios”, reivindicando así la legitimidad de la labor de Peinado.
A este contexto se suma un elemento adicional: incluso la organización Manos Limpias, cuya denuncia dio origen al procedimiento, ha cuestionado recientemente algunas de las decisiones del magistrado, especialmente su insistencia en llevar el caso ante un jurado popular. Según ElPlural, el colectivo ha rechazado varios de los delitos imputados por Peinado, debilitando uno de los apoyos iniciales del instructor.
En conjunto, el juez Peinado se encuentra en el epicentro de un escenario de presiones cruzadas: críticas políticas, advertencias institucionales, tensiones procesales y defensas corporativas. Un entorno que refleja hasta qué punto este caso ha trascendido lo jurídico para convertirse en un foco de disputa pública de primer orden.