Más de tres cuartas partes de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas. La estadística, que se repite año tras año, evidencia una anomalía estructural: el sistema público no ha sido capaz de asumir plenamente un servicio reconocido como derecho desde hace más de una década. La legislación vigente permite la interrupción del embarazo dentro de unos plazos establecidos, pero su aplicación efectiva sigue dependiendo del código postal, de la disponibilidad de profesionales y, en muchos casos, de un sistema de derivación opaco.
Una ley consolidada, una práctica desigual
La ley de plazos de 2010, reformada en 2023, blinda legalmente el derecho a interrumpir el embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. Incluye además medidas que refuerzan el acompañamiento y elimina barreras como la obligación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años. Sin embargo, el acceso real a este derecho sigue siendo profundamente desigual.
La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, reconocida también por ley, se ha convertido en una de las principales limitaciones. Hay comunidades autónomas donde es virtualmente imposible encontrar centros públicos que ofrezcan la prestación. En otras, la derivación a clínicas privadas ha sido la vía habitual, con convenios poco transparentes y escasa fiscalización. En la práctica, lo que se presenta como un sistema mixto ha derivado en una externalización casi estructural del derecho.
La dimensión territorial
La disparidad territorial es uno de los rasgos más preocupantes. Existen provincias donde ni un solo centro público ha practicado interrupciones voluntarias del embarazo en el último año. En otras, la única opción para muchas mujeres pasa por desplazarse cientos de kilómetros. El mapa sanitario del aborto no responde a una lógica de planificación equitativa, sino a una suma de decisiones políticas, presiones institucionales y resistencias internas.
Esta fragmentación no solo es una vulneración del derecho a la salud, sino también una forma de exclusión por motivos económicos y sociales. Las mujeres con menos recursos enfrentan más obstáculos, tanto logísticos como informativos. Quienes tienen medios recurren al sistema privado directamente o se trasladan sin dificultades. Las demás deben sortear trámites que, en muchas ocasiones, son opacos o desincentivadores.
Qué puede cambiar sin renegar de la ley
Para transformar esta estructura sin cuestionar el marco legal vigente, es imprescindible fortalecer la oferta pública. Los hospitales del sistema nacional deben asumir la interrupción voluntaria del embarazo como parte habitual de su cartera de servicios, lo que exige dotación presupuestaria específica, formación técnica, equipos profesionales comprometidos y circuitos organizativos claros. No basta con que el derecho esté reconocido en el papel: debe poder ejercerse en condiciones equivalentes en todo el territorio.
Al mismo tiempo, urge revisar los procedimientos de derivación. Muchas veces, las mujeres acaban en clínicas privadas no por preferencia, sino por inercia institucional o por una falta de alternativas reales. Esto se traduce en costes adicionales que el sistema público cubre parcialmente y que no siempre están sujetos a control ni transparencia. Saber cuánto se deriva, en qué condiciones y con qué criterios es parte del necesario escrutinio democrático sobre una prestación sanitaria garantizada por ley.
Y por último, es esencial una apuesta por la transparencia. Sin datos desagregados, sin indicadores públicos sobre la objeción de conciencia, sin informes periódicos que detallen qué comunidades cumplen y cuáles no, el debate seguirá bloqueado entre declaraciones formales y realidades desiguales. La transparencia no es una concesión, sino una herramienta para garantizar el derecho en la práctica. Porque la ley existe, pero aún no llega a todas.