La imagen clásica de un golpe de Estado pertenece ya al museo de la política: tanques en la calle, militares ocupando instituciones, un líder uniformado anunciando por televisión la suspensión del orden constitucional. Ese imaginario, tan asociado al 23F de 1981, ha quedado obsoleto. Las democracias del siglo XXI no suelen caer por la fuerza de las armas, sino por la erosión lenta, calculada y aparentemente legal de sus propios mecanismos internos. En este nuevo escenario, la batalla se libra en las redes sociales, en los tribunales y en la opinión pública. Y es en ese terreno donde partidos como el de Santiago Abascal, Vox, han encontrado un espacio fértil para impulsar una estrategia que muchos analistas interpretan como una forma contemporánea de desestabilización institucional.
Los politólogos llevan años advirtiendo de que los golpes de Estado han mutado. Ya no se trata de asaltar físicamente el poder, sino de deslegitimarlo desde dentro, sembrando dudas sobre la validez de las instituciones, cuestionando la neutralidad de los árbitros democráticos y generando un clima emocional que haga verosímil la idea de que el sistema está manipulado.
En este contexto, las redes sociales se han convertido en un arma decisiva. No solo permiten difundir mensajes sin intermediación, sino que facilitan la creación de burbujas informativas donde la realidad se fragmenta y cada grupo vive en su propio ecosistema de certezas. Vox ha demostrado una enorme habilidad para operar en ese terreno: domina los códigos de la comunicación digital, explota la viralidad y utiliza un lenguaje emocional que convierte cada debate en un conflicto existencial.
La extrema derecha de hoy no necesita tricornios ni asonadas. Los llamamientos de algunos de los líderes de Vox son claramente anticonstitucionales y antidemocráticos. Como “confiscar y hundir” el barco de la oenegé Open Arms. Como expulsar a siete millones de personas del país (inmigrantes) y reírle las gracias a quienes sueñan con fusilar a los rojos. Como acabar con las autonomías y los partidos nacionalistas para retornar a aquella España centralista, la España una, grande y libre. Y, por supuesto, como blanquear el franquismo y decir que el de Sánchez es el peor gobierno en los últimos 80 años (también amenazar con entrar con “lanzallamas y bombas nucleares” en Televisión Española). Es el fascismo, con su cancelación de los derechos humanos y las libertades, dentro del sistema democrático.
El resultado es un clima político donde la sospecha se normaliza. Si todo está manipulado, si los medios mienten, si los jueces están vendidos y si el Gobierno es ilegítimo, entonces la democracia deja de ser un marco compartido y se convierte en un campo de batalla permanente.
El segundo pilar de esta estrategia es la judicialización de la política. En las democracias liberales, los tribunales son un contrapeso esencial, pero también pueden convertirse en un instrumento para bloquear, retrasar o erosionar decisiones políticas legítimas. Vox ha recurrido sistemáticamente a los tribunales para impugnar leyes, acuerdos parlamentarios o decisiones gubernamentales, no siempre con la expectativa de ganar, sino con la intención de convertir cada conflicto político en un conflicto jurídico.
Este fenómeno no es exclusivo de España: forma parte de una tendencia global en la que fuerzas populistas utilizan la Justicia como un escenario más de confrontación. El objetivo no es solo frenar políticas concretas, sino transmitir la idea de que el Gobierno actúa al margen de la ley, que las instituciones están secuestradas y que solo una “regeneración” profunda (casualmente alineada con su propio programa) puede restaurar el orden. Todo por la patria, Viva España, coño, como decían Tejero y sus cómplices. El mismo lenguaje cuartelero y guerracivilista de antaño.
Cuando la política se traslada a los tribunales, el debate democrático se empobrece. Las decisiones dejan de discutirse en el Parlamento y pasan a depender de interpretaciones jurídicas que, aunque necesarias, no pueden sustituir al diálogo político. La consecuencia es una democracia más rígida, más polarizada y más vulnerable.
Todo golpe de Estado, incluso los simbólicos, necesita un relato. En el caso de Vox, ese relato se articula en torno a la idea de que España está en peligro: un país supuestamente amenazado por enemigos internos, por élites corruptas, por minorías privilegiadas o por conspiraciones internacionales. Tampoco ahí son originales. Copian párrafo a párrafo los discursos de Franco sobre la conjura judeomasónica y los enemigos de la patria. Este discurso de asedio permanente cumple varias funciones: moviliza emocionalmente a sus bases, que sienten que participan en una misión histórica; deslegitima al adversario, presentado no como un rival político, sino como un enemigo de la nación; y justifica medidas excepcionales, porque si el país está en peligro, cualquier acción se vuelve necesaria.
Este marco narrativo es fundamental para entender cómo se construyen hoy los golpes blandos: no se trata de tomar el poder de forma abrupta, sino de convencer a una parte significativa de la sociedad de que el sistema ya no funciona y que, por tanto, cualquier alternativa (incluso las más radicales) es legítima.