UGT Madrid considera de extrema gravedad las informaciones sobre la presunta alteración de las prioridades de pacientes en las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal. El sindicato exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a la Consejería de Sanidad explicaciones documentadas, una investigación independiente y medidas inmediatas para garantizar que ninguna persona vea retrasada su atención por razones ajenas a su situación clínica.
Según la investigación publicada por El País, se modificó la prioridad de 57 pacientes sin consultar a los especialistas responsables de su atención. El hospital y la Consejería niegan irregularidades y defienden que las prioridades responden a criterios clínicos. Para UGT Madrid, estas explicaciones deben contrastarse con los registros y la documentación de cada caso.
Rebajar la prioridad de un paciente para mejorar un indicador sería hacerse trampas al solitario con la salud de las personas. Cambiar una clasificación administrativa no alivia el dolor ni reduce el tiempo que alguien lleva esperando una operación. Si se confirma que se actuó con esa finalidad, estaríamos ante una práctica intolerable que exige depurar responsabilidades.
La Consejería debe dar explicaciones sobre todos los centros del SERMAS
UGT Madrid sospecha que el alcance de estas prácticas podría ser mayor y no limitarse a los 57 pacientes cuyos casos se han conocido. Por ello, la Consejería de Sanidad debe explicar cómo se gestionan las listas de espera en todos los centros del Servicio Madrileño de Salud y esclarecer si se han producido modificaciones similares en otros hospitales o servicios. Esta sospecha debe investigarse mediante una revisión independiente que permita determinar la extensión real de los hechos.
El sindicato reclama una auditoría que identifique quién ordenó y ejecutó los cambios, qué justificación clínica tuvieron, desde cuándo se realizaron y qué controles existen para impedir que los objetivos administrativos se impongan a las necesidades asistenciales.
La investigación debe esclarecer también si las modificaciones afectaron a la programación de las intervenciones, causaron perjuicios a pacientes o influyeron en indicadores vinculados a incentivos económicos. Es imprescindible preservar los registros informáticos y proteger a los profesionales que comuniquen posibles irregularidades frente a cualquier represalia.
Las personas trabajadoras pagan las consecuencias de las esperas
Desde UGT Madrid advertimos de que detrás de cada lista de espera hay personas que pueden estar conviviendo con dolor, limitaciones de movilidad, incertidumbre y dificultades para trabajar o desarrollar su vida cotidiana. Prolongar una espera al margen del criterio médico puede deteriorar su calidad de vida y comprometer su recuperación.
Esta situación afecta especialmente a quienes dependen de su salario y no disponen de recursos para buscar alternativas. La enfermedad puede dificultar el desempeño laboral, aumentar las necesidades de cuidados y añadir presión económica a hogares que ya tienen problemas para llegar a fin de mes.
La clase trabajadora no puede pagar con su salud las deficiencias de gestión de la sanidad pública, y mucho menos una posible manipulación de sus prioridades asistenciales.
El Gobierno regional tiene la obligación de garantizar una atención adecuada y a tiempo. Esa responsabilidad exige recursos, personal suficiente y respeto a las decisiones clínicas de los profesionales.
La atención sanitaria no puede depender de poder pagar un seguro
UGT Madrid denuncia que el deterioro de la atención pública genera presión sobre las familias para buscar consultas, pruebas o intervenciones privadas y contratar seguros sanitarios. Para quienes pueden asumir ese gasto, supone un esfuerzo añadido; para quienes no pueden, significa seguir esperando.
Ninguna persona debería tener que elegir entre soportar una espera que perjudica su vida cotidiana y destinar parte de su salario a buscar una alternativa privada. La sanidad pública debe garantizar igualdad de acceso, con independencia de la renta, la edad o la situación laboral.
El sindicato rechaza que las carencias del sistema público empujen a la ciudadanía hacia soluciones privadas mientras se presentan indicadores que podrían no reflejar adecuadamente las necesidades de los pacientes.
Investigar hasta dónde llegan los hechos y desde cuándo ocurren
UGT Madrid reclama una auditoría independiente que determine quién ordenó y ejecutó los cambios, qué justificación clínica tuvieron, durante cuánto tiempo se realizaron y si existen prácticas similares en otros servicios u hospitales.
La investigación debe esclarecer también si las modificaciones afectaron a la programación de las intervenciones, causaron perjuicios a pacientes o influyeron en indicadores vinculados a incentivos económicos. Es imprescindible preservar los registros informáticos y proteger a los profesionales que comuniquen posibles irregularidades frente a cualquier represalia.
Si aparecen indicios de delito o de corrupción, deberán trasladarse a la Fiscalía para que se investiguen y se determinen las responsabilidades correspondientes. La gravedad de lo denunciado exige llegar hasta el final y ofrecer respuestas respaldadas por documentación.
UGT Madrid exige al Gobierno de Ayuso que garantice la revisión clínica de las personas afectadas, publique las conclusiones de la investigación y refuerce las plantillas y los medios de la sanidad pública para reducir las esperas reales.
La confianza de toda la ciudadanía madrileña está en juego. Las listas de espera se reducen atendiendo a los pacientes, no cambiando su prioridad para mejorar un indicador. La salud es un derecho y no puede quedar subordinada a objetivos políticos, económicos o de imagen.
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