La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha respondido a las denuncias sobre las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal poniendo sobre la mesa el expediente disciplinario del médico que las hizo públicas. El cirujano especialista en traumatología Luis Alberto Martos ha contestado este miércoles con una explicación concreta: detectó cambios en las prioridades de sus pacientes, los comunicó por los cauces internos y, según sostiene, el procedimiento disciplinario al que se refiere se inició después.
“Yo no había realizado el cambio, no se trataba de un error informático”, ha afirmado en la entrevista con Silvia Intxaurrondo. Su relato sitúa el problema en modificaciones que, asegura, se hicieron sin consultar a los cirujanos responsables ni justificar clínicamente que los pacientes pudieran esperar más.
La cuestión que debe aclarar la Consejería no es si el denunciante mantiene un conflicto con sus superiores. Es si se cambiaron prioridades quirúrgicas sin fundamento médico, quién lo ordenó y qué consecuencias tuvo. Invocar un expediente personal no responde a ninguna de esas preguntas.
“Habían desaparecido todos los pacientes preferentes”
Martos ha explicado que detectó la anomalía mientras preparaba su programación quirúrgica mensual: “Comprobé que todos los clasificados como prioridad 2 habían pasado a prioridad 3 y, por tanto, habían desaparecido todos los pacientes preferentes”.
Se refiere a los pacientes que estaba revisando para su programación, no a la totalidad de los inscritos en el hospital. Tampoco describe su desaparición completa del registro, sino la pérdida de la categoría preferente.
Según su testimonio, contrastó lo sucedido con compañeros que habían observado cambios similares y comunicó los hechos al jefe del servicio y a la dirección médica. “Se había producido una manipulación y un cambio sin criterios clínicos ni consulta previa con los cirujanos, que somos quienes establecemos esas prioridades en función de la situación de cada paciente”, ha denunciado.
El facultativo sostiene que no recibió respuesta y que acudió después a la gerencia mediante dos escritos registrados. “No recibí ninguna respuesta, pese a que presenté la denuncia siguiendo el procedimiento reglamentario”, ha afirmado.
Su explicación plantea una responsabilidad que la Administración debe esclarecer: qué hizo cada nivel de dirección cuando recibió las advertencias y si revisó los cambios denunciados.
Matute niega las irregularidades antes de concluir la investigación
La consejera defendió el martes que no se falsean las listas y presentó la denuncia como un ataque a la sanidad madrileña. Al mismo tiempo, anunció diligencias internas para revisar el sistema y destacó que el médico tenía un expediente abierto antes de sus declaraciones públicas.
Negar categóricamente una irregularidad mientras se anuncia una investigación para esclarecerla compromete la credibilidad de esa respuesta institucional. La consejera puede defender el trabajo de los profesionales y explicar los procedimientos existentes; lo que no debería hacer es presentar como resuelto aquello que todavía debe comprobarse.
El problema se agrava cuando introduce la situación disciplinaria del denunciante como argumento para cuestionar su relato. Un conflicto laboral no demuestra que los registros sean correctos, del mismo modo que una denuncia de irregularidades tampoco convierte automáticamente en injustificado cualquier expediente contra quien la presenta.
Son asuntos que requieren pruebas propias. Mezclarlos desplaza la atención desde las decisiones sobre los pacientes hacia la reputación del profesional que las cuestiona.
El expediente de Martos: la diferencia entre denunciar dentro y hablar fuera
“La consejera de Sanidad me rebajó de cirujano especialista en traumatología a ‘un sanitario’ que denuncia vilmente a la Comunidad de Madrid”, ha reprochado Martos.
Su respuesta más relevante, sin embargo, es la relativa a la cronología: “El procedimiento surgió después de mi denuncia y sostiene que yo estaba acosando mediante mis correos y escritos a la dirección médica”. Aquí es necesario distinguir dos momentos. Matute se refirió a un expediente anterior a las declaraciones del médico en los medios. Martos sostiene que el procedimiento que cuestiona es posterior a sus denuncias internas. Ambas secuencias podrían coexistir: un expediente puede ser anterior a la publicación periodística y posterior a la comunicación de los hechos a la gerencia.
Por eso, aludir a su existencia previa a la aparición en prensa no desmiente que pudiera haberse abierto después de las advertencias internas. La comprobación exige las fechas de registro de las denuncias, las actuaciones previas y el acuerdo de incoación.
Fuentes citadas por Europa Press han sostenido, además, que existían otros procedimientos y conflictos anteriores. Esa versión obliga a identificar de qué expediente se habla en cada caso, sin confundirlos ni dar por probadas las acusaciones personales. La fecha de apertura tampoco basta, por sí sola, para demostrar una represalia. Pero el relato de Martos exige una explicación documentada, especialmente cuando asegura que sus comunicaciones a la dirección forman parte de los reproches que se le hacen.
Quién puede cambiar la prioridad de un paciente
La Orden 804/2016 de la Comunidad de Madrid atribuye a los especialistas quirúrgicos la responsabilidad sobre la indicación y el establecimiento de la prioridad clínica en el registro. La norma distingue categorías según la situación del paciente y recoge para la prioridad 2 una espera recomendable inferior a 90 días. Instrucciones oficiales de gestión de la lista de espera quirúrgica.
Eso no significa que una prioridad nunca pueda revisarse. Significa que el cambio debe responder a una valoración clínica, precisamente el fundamento que Martos asegura que faltó.
“Soy muy preciso y estricto con mi trabajo y conocía perfectamente qué pacientes tenía que operar, pero observé que habían perdido su prioridad sin que existiera ninguna explicación clínica”, ha declarado.
Martos explica que la clasificación deriva de los síntomas, la exploración y las pruebas de imagen. “La dirección médica y el jefe del servicio no pueden realizar esa modificación sin haber valorado adecuadamente la situación clínica del paciente o haberla discutido con el cirujano que lo atiende”, sostiene.
El médico afirma que había indicaciones que vinculaban las modificaciones con órdenes de la jefatura del servicio o de la dirección médica. No obstante, en la entrevista no identifica a la persona que ejecutó materialmente cada cambio informático. Los registros de acceso, las instrucciones y las historias clínicas son los documentos que deben permitir reconstruirlo.
Martos advierte del riesgo de prolongar el dolor y las complicaciones
Martos describe el paso de prioridad 2 a prioridad 3 como una ampliación del horizonte de intervención de 90 a 180 días. Esos plazos no permiten afirmar que todos los pacientes afectados fueran operados exactamente tres meses más tarde, pero sí explican su preocupación por la pérdida de preferencia. “La demora no solamente prolonga un problema clínico, doloroso y sintomático, sino que también puede retrasar su solución y aumentar las posibles complicaciones”, ha advertido.
Como ejemplo, ha descrito a una persona con una prótesis de cadera cuyo componente se ha desgastado. Según explica, ampliar la espera puede prolongar sus dificultades para caminar y permitir que la patología avance. Es un ejemplo clínico con el que ilustra el riesgo, no la acreditación de un daño concreto en los 57 pacientes.
La pregunta pendiente para Matute: ¿hasta dónde llega el problema?
Martos ha delimitado lo que sabe y lo que desconoce. Afirma que detectó los hechos durante un mes, pero no puede asegurar si ocurrieron antes, continuaron después o se produjeron en otros centros.
“Desconozco si sucede en otros servicios o en otros hospitales”, ha reconocido. Precisamente por ello reclama una auditoría de las cifras y de los procedimientos con los que se elaboran.
La responsabilidad política de Fátima Matute consiste en garantizar esa comprobación, preservar los registros y ofrecer conclusiones documentadas. También debe asegurar que la investigación pueda examinar las decisiones de la dirección sin que los conflictos con el denunciante sustituyan el análisis de los hechos.
La consejera puede discutir el relato de Martos, pero debe hacerlo con pruebas sobre las listas de espera. Señalar su expediente no explica quién cambió la prioridad de sus pacientes. Y mientras esa pregunta siga abierta, proclamar la excelencia de la sanidad madrileña será una respuesta insuficiente para quienes esperan una operación.
Sobre los motivos, el cirujano ha señalado una hipótesis: “Considero que se hacía por motivos económicos, políticos o relacionados con la gestión”. A su juicio, los cambios permitían ajustar las cifras a los objetivos exigidos al hospital. Es su interpretación de lo sucedido, no una motivación acreditada mediante una resolución. Determinarla requiere comprobar qué indicadores.
La pregunta pendiente para Matute: ¿hasta dónde llega el problema?
Martos ha delimitado lo que sabe y lo que desconoce. Afirma que detectó los hechos durante un mes, pero no puede asegurar si ocurrieron antes, continuaron después o se produjeron en otros centros. “Desconozco si sucede en otros servicios o en otros hospitales”, ha reconocido. Precisamente por ello reclama una auditoría de las cifras y de los procedimientos con los que se elaboran.
La responsabilidad política de Fátima Matute consiste en garantizar esa comprobación, preservar los registros y ofrecer conclusiones documentadas. También debe asegurar que la investigación pueda examinar las decisiones de la dirección sin que los conflictos con el denunciante sustituyan el análisis de los hechos.
La consejera puede discutir el relato de Martos, pero debe hacerlo con pruebas sobre las listas de espera. Señalar su expediente no explica quién cambió la prioridad de sus pacientes. Y mientras esa pregunta siga abierta, proclamar la excelencia de la sanidad madrileña será una respuesta insuficiente para quienes esperan una operación.
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