UGT Madrid considera gravísimo el contenido de las informaciones conocidas hoy sobre el hospital público de Torrejón, gestionado mediante concesión privada a Ribera Salud, donde según distintas grabaciones se habría ordenado reducir intervenciones y limitar la atención a ciertos pacientes para mejorar los resultados económicos de la empresa. Para el sindicato, esta noticia confirma un riesgo que viene denunciando desde hace años: cuando la sanidad pública se gestiona bajo criterios empresariales, el beneficio puede imponerse a la salud de las personas.
El sindicato subraya que no se trata de un caso aislado ni de una anécdota, sino de una forma de gestión que ha permitido que la empresa que administra un hospital público pueda decidir qué pacientes atender, qué tratamientos priorizar y qué actividad reducir en función de lo que resulte más rentable. “Cualquier instrucción que implique retrasar operaciones, rechazar pacientes o limitar tratamientos porque generan coste, es incompatible con el derecho a la salud y con los valores éticos que deben regir un sistema sanitario público”, señala UGT Madrid.
Según el sindicato, estas revelaciones resultan especialmente indignantes porque afectan a un hospital que atiende a decenas de miles de vecinos y vecinas y que debería estar gestionado con criterios clínicos y sociales, no económicos. “No se puede permitir que un hospital público funcione como una empresa que decide qué pacientes son ‘convenientes’ y cuáles no. La ciudadanía no es una cartera de clientes, es una población con derechos”, afirma UGT Madrid.
Al mismo tiempo, el sindicato recuerda que estos hechos se producen en un contexto de deterioro generalizado del sistema público. “Mientras se conocen decisiones para reducir actividad y dejar de atender a ciertos pacientes en un hospital público concesionado, se eliminan turnos y se mantienen plantillas insuficientes”, denuncia la organización.
Servicios desmantelados en las unidades del tratamiento del dolor crónico
En este contexto, UGT Madrid denuncia que se están produciendo situaciones especialmente graves en algunos hospitales públicos, donde unidades completas han quedado paralizadas durante años para justificar su posterior externalización. Uno de estos casos afecta a un servicio, el del del Hospital de Vallecas, que atendía a más de 300.000 personas y que fue clausurado sin alternativas adecuadas, dejando a pacientes con enfermedades crónicas sin tratamientos esenciales. Tras dos años de inactividad, se argumenta ahora que el hospital “carece de recursos suficientes” para volver a prestarlo y se propone delegar la actividad en empresas privadas mediante contratos millonarios.
Según el sindicato, la secuencia es reveladora: primero se desmantela un servicio que funcionaba correctamente, reduciendo personal y medios hasta hacerlo inoperante; después, se presenta su cierre como inevitable y su privatización como la única salida. Entre medias, miles de pacientes han sido atendidos en espacios improvisados, con menos profesionales y sin capacidad para realizar procedimientos básicos, viéndose obligados a esperar meses o ser derivados a otros centros. “No hablamos de reorganización, hablamos de una estrategia de abandono que ha generado sufrimiento y desigualdad”, sostiene UGT Madrid.
Un modelo que expulsa a la ciudadanía hacia la sanidad privada
UGT Madrid advierte de que el deterioro del sistema público tiene efectos medibles: un aumento notable de seguros médicos privados en la región, que no es casual. “Si lo público no funciona, quienes pueden pagar se marchan. Quienes no pueden, esperan. Esto genera desigualdad y vulnerabilidad”, afirma el sindicato.
“La salud no es mercancía”
UGT Madrid subraya que la sanidad pública debe garantizar derechos, no generar beneficios. “Cuando una empresa gana dinero dejando de atender a un paciente, hay algo profundamente roto”, afirma la organización, que pide responsabilidad política y social para frenar el deterioro.
“El sistema público no puede convertirse en un embudo donde unos esperan, otros pagan y unos pocos ganan. La salud es dignidad, igualdad y justicia social”, concluye el sindicato