El mismo que pide 300.000 euros al fiscal General del Estado por haber revelado “su secreto” le dijo a su abogado, “haz lo que quieras” cuando Carlos Neira le propuso ofrecer al fiscal anticorrupción, Julián Salto, un acuerdo de conformidad por el cual reconocía dos delitos fiscales a cambio de una pena de nueve meses de cárcel, el pago de la deuda, los intereses de demora y una multa. Eso manifestó durante su interrogatorio ante el juez instructor, Ángel Hurtado, pero luego se desdijo cuando le preguntaron si Neira es su abogado. Según el empresario “sólo era un asesor fiscal”. Ahora la letrada que le defiende es Guadalupe Sánchez, especialista en demandas contra el honor entre las que se encuentra la del emérito Juan Carlos y las del juez Peinado. Carece de conocimientos suficientes para enfrentarse a un procedimiento penal y en cuanto a las demandas civiles todavía está por ver una que haya ganado. Mientras tanto, Neira asegura que desde el 30 de enero de 2024 tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo para resolver la investigación en su contra por delitos fiscales “con el menor ruido", si bien ha sostenido que no le informó del email que envió al fiscal anticorrupción. En cualquier caso, las contradictorias manifestaciones del “presunto” letrado y de la pareja de Díaz Ayuso deben hacer reflexionar a los jueces sobre la comisión del delito de revelación de secretos por un correo que, dos meses antes, ya circulaba por todos los ámbitos periodísticos, políticos y judiciales. Cada vez está más clara la intención del empresario al que se le investiga por sus negocios con Quirón Prevención. No sólo busca pagar a Hacienda con una indemnización derivada de las consecuencias penales del caso sino librar a su pareja para que no le salpique su actuación porque le estaban “utilizando de ariete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Si después de estas manifestaciones, conocidas por todos, unidas a las del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoce ante el juez que manipuló la oferta de Neira al fiscal, todavía los jueces que formarán el tribunal el próximo día 3, deciden condenar al FGE es que estamos ante un evidente caso de “lawfare”. Álvaro García Ortiz tiene muchos enemigos en la derecha judicial. Fue promovido al cargo por su antecesora, Dolores Delgado, número uno de la lista negra del segmento más reaccionario de la fiscalía y de la judicatura. Y luego hablan de una estrategia por parte del gobierno para “acabar con el estado de derecho” cuando la realidad indica lo contrario. Son los jueces y fiscales conservadores los que están maniobrando de acuerdo con la ultraderecha política para acabar con la izquierda progresista de este país traspasando la línea roja que delimita los poderes ejecutivo y legislativo, y judicial. No se sabe dónde está la intervención del gobierno. Se ve lo contrario, la que llevan a cabo jueces y fiscales conservadores.
El caso de González Amador es el mayor ejemplo de la utilización de los jueces por parte del poder ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso no dudó en cargarse al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuando éste denunció las irregularidades cometidas por sus familiares. Y ahora pone en manos de uno de los personajes mas siniestros de la política de este país, Miguel Ángel Rodríguez, el caso de su novio para que no le salpique en su carrera política. La consecuencia de todo esto es la oportunidad que tiene de matar dos pájaros de un tiro.
Desde que González Amador hiciera el negocio de su vida ganando dos millones de euros por su intermediación en una venta de mascarillas en plena pandemia hasta hoy, el novio de Ayuso ha desplegado un curioso manual de engaños que ha llegado incluso hasta el sillón de testigos del tribunal que va a juzgar al fiscal general. En su declaración ante el juez, González Amador desautorizó a su abogado: “hablé con Neira y le dije, cómo es posible, cómo has dicho eso cuando hasta en dos ocasiones yo sostuve en la Agencia Tributaria que no había cometido fraude”.
Los presuntos delitos de González Amador se cometieron cuando ya mantenía una relación con Isabel Diaz Ayuso por mucho que en el PP lo desmientan. En 2021 engañó a la Agencia Tributaria al facturar a una empresa mexicana 620.00 euros, un pago que nunca se llevó a cabo. En 2021 se dedujo fiscalmente de unos gastos en Costa de Marfil, y en ese mismo ejercicio declaró haber pagado a una empresa sevillana casi 200.000 euros. Sólo con eso, los asesores fiscales de González Amador se dieron cuenta de que si se descubrían sus manejos podría acabar en la cárcel. Se lo comunican, pero ya es demasiado tarde. La ley prohíbe el arreglo tributario cuando ya está abierta una inspección fiscal. No es posible una presentación complementaria ni una regularización extraordinaria. La AEAT determinó que las disculpas de González Amador no eran “fruto de un mero error sino consciente, deliberada y claramente dolosa que merece su reproche penal”.
A partir de ese momento González Amador acude a Carlos Neira para intentar llegar a un acuerdo con Hacienda y con la fiscalía. Y es cuando se monta todo el lío que ahora se debe aclarar en el Supremo. Porque el empresario niega haber concretado a Neira la búsqueda de un acuerdo de conformidad, la famosa oferta cuyo documento es el objeto de la tan traída y llevada revelación de secretos argumentada por las partes algunas de las cuales no se sabe bien lo que hacen en este proceso como es el caso del Colegio de la Abogacía de Madrid que dice defender los intereses de los letrados en este tipo de actuaciones cuando cualquiera que haya trabajado en el mundo jurídico conoce perfectamente que son ellos los primeros en filtrar a los medios los documentos que les interesan.