El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, encara su segunda y última semana. La vista ha entrado en su fase decisiva con testimonios clave que podrían determinar el rumbo de la sentencia. En el centro del debate: la nota de prensa de la Fiscalía que desmintió un bulo del entorno de Isabel Díaz Ayuso, el borrado de los móviles oficiales y la actuación del Colegio de Abogados de Madrid como acusación particular.
Durante esta cuarta jornada, el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Morillo, explicó que “a falta de un protocolo claro de borrado o eliminación de los datos”, los titulares de dispositivos de la Fiscalía tienen la obligación de proteger la información y la “facultad” de borrar sus móviles. Aclaró que no existe un procedimiento interno definido para la eliminación de los datos y que la responsabilidad recae en cada usuario, que debe garantizar la seguridad de la información sensible. Este punto es esencial para la defensa de García Ortiz, acusado de haber borrado su teléfono personal, ya que el testimonio de Hidalgo respalda que tal actuación puede considerarse normal dentro del organismo.
La nota de la polémica
El origen del caso está en la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para desmentir un bulo difundido por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En ella se explicaba que fue el empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña— quien propuso un pacto con la Fiscalía, y no al revés.
Esa comunicación generó una fuerte reacción dentro del ámbito jurídico. Enrique Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, denunció que la difusión de la nota causó una “honda preocupación” entre los abogados, al considerar que vulneraba la confidencialidad profesional. Ribón relató que él y otros miembros del Colegio comenzaron a recibir “multitud de llamadas y mensajes” de compañeros que expresaban alarma por la publicación.
Al día siguiente, el decano se reunió con García Ortiz en la sede de la Fiscalía General del Estado para pedirle responsabilidades. El fiscal general propuso emitir un comunicado conjunto para calmar las tensiones entre ambas instituciones, pero Ribón lo rechazó y exigió una investigación formal. La cita concluyó en apenas unos minutos, sin acuerdo alguno.
La Abogacía, cuestionada
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) decidió personarse como acusación particular, un movimiento que ha suscitado críticas por su aparente falta de neutralidad. La Asociación Libre de la Abogacía ha denunciado que el decano actuó con “inusitada celeridad” y con un “despliegue sin precedentes” para acusar al fiscal general, alineándose, según esta entidad, con la estrategia de defensa de González Amador. También le reprocha que haya guardado silencio ante la filtración del correo del 12 de febrero —difundido por Miguel Ángel Rodríguez— mientras mantiene su acusación por la nota de la Fiscalía.
Ribón, por su parte, defendió ante el tribunal la actuación del ICAM y su derecho a sostener la acusación: “El ejercicio de la acción penal es evolutivo. Iniciamos el proceso ante la posible comisión de un hecho delictivo y llegamos hasta aquí porque es nuestra obligación”, declaró.
La investigación interna de la Fiscalía
María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección Fiscal, también compareció ante el tribunal. Explicó que la Fiscalía abrió dos expedientes para investigar la filtración de los correos, que fueron unificados y suspendidos en cuanto se incoó el procedimiento judicial, ya que la ley impide al Ministerio Fiscal continuar sus pesquisas si el caso pasa a los tribunales. Según Sanz, la Fiscalía “fue la primera entidad que inició una investigación” y actuó conforme a la legalidad.
Campos y el secreto profesional
Miguel Ángel Campos y el secreto profesional
La comparecencia del periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, ha sido uno de los momentos más reveladores de la jornada. Campos fue el primer periodista que publicó información sobre el correo del 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador admitía delitos fiscales y proponía un acuerdo con la Fiscalía.
El periodista ha explicado que una fuente le permitió leer, copiar y difundir el correo, pero que finalmente le retiró el permiso para publicarlo. “Mi fuente me pidió que no lo hiciera porque estaba preocupada por la privacidad de los datos y por la posibilidad de ser identificada”, declaró Campos ante el tribunal.
Según su relato, decidió respetar el secreto profesional y regresó a la redacción, donde pasó varias horas intentando verificar la información por otras vías. “Me dediqué durante al menos cuatro horas a tratar de obtener esa información por otro medio”, añadió.
Campos también ha asegurado que no tenía contacto con el fiscal general desde su nombramiento, pero que, aun así, intentó llamarle aquella noche para confirmar o desmentir los hechos. “Llevaba toda la tarde intentando corroborar una información, y lo primero que hice fue intentar que me cogiera el teléfono el fiscal general, para ver si me podía confirmar o desmentir lo que yo ya sabía. Por eso realicé esas dos llamadas”, explicó.
El periodista ha reconocido que las llamadas no fueron respondidas y que solo saltó el buzón de voz. El presidente del tribunal ha considerado que no existía contradicción alguna con su declaración anterior, ya que los registros telefónicos simplemente prueban el intento de contacto, no una comunicación efectiva.
En su declaración, Campos también fue tajante al responder a la Fiscalía:
—¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado?
—No —respondió de manera rotunda.
Campos: "Mi noticia revela la verdad"
El periodista ha detallado que, una vez que El Mundo publicó la información tergiversada que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, su fuente le permitió revelar el contenido del email que había visto horas antes. “Mi noticia revelaba la verdad” , ha dicho el periodista.
Su testimonio refuerza la tesis de la defensa: la filtración del correo se produjo antes de que García Ortiz lo recibiera y sin su intervención directa.
Declaración de José Manuel Romero
José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es, ha situado su fuente fuera de la Fiscalía General del Estado. El periodista ha explicado ante el Tribunal Supremo que, a raíz de que Isabel Díaz Ayuso comenzara a atacar al Ministerio Público por el caso de su pareja, fue una “fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” quien le contó el contenido del correo electrónico filtrado antes de que llegara al fiscal general.
“Mi fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid me dice no solamente que no hay una cacería, como decía Ayuso en su campaña de intoxicación informativa, sino que el abogado de González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad, por el cual reconoce los delitos y propone el pago de una multa”, ha declarado Romero. “Tuve la información contenida en el email del 2 de febrero”, ha remachado el periodista, insistiendo en que nunca tuvo acceso al correo en sí, pero sí a su contenido.
Durante su testifical, Romero ha precisado que conocía la confesión de la pareja de Ayuso desde la tarde del 12 de marzo: “Yo no tuve el email, tuve la información contenida en el mail”. Según su relato, en esas primeras horas la presidenta regional inició una “campaña de intoxicación informativa” y fue entonces cuando su fuente “en legítima defensa” le trasladó que no había persecución alguna, sino un acuerdo de conformidad “por el cual el abogado del señor González Amador reconocía los delitos, pagaba la multa y evitaba la entrada en prisión”. Todo ello día y medio antes de que esa información llegara al fiscal general.
El periodista también ha explicado por qué calificó a Alberto González Amador como “defraudador confeso”. “A lo largo de todo el proceso hay múltiples escritos del abogado de González Amador ante la Agencia Tributaria donde está reconociendo que las facturas son falsas”, ha recalcado ante el tribunal.
Romero ha detallado además que, diez meses después de la filtración, El País decidió publicar los mensajes internos de WhatsApp de su redacción sobre el caso para colaborar con la investigación judicial. “Todos pusimos los teléfonos móviles encima de la mesa, con las conversaciones del 12 al 14 de marzo, y ahí estaba todo, señoría, ahí estaba cómo El País conoció este secreto el 12 de marzo de una fuente muy solvente de la Comunidad de Madrid”, ha explicado. Según Romero, el objetivo fue “dar luz a la investigación judicial abierta” y mostrar la cronología y el proceso interno del periódico, aunque finalmente “el instructor de la causa se negó a citar a los periodistas que habían publicado la noticia”.
Tensión dentro y fuera de la sala
Mientras tanto, algunas acusaciones populares, como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el pseudosindicato Manos Limpias, aprovecharon las redes sociales para atacar a los testigos. Sus abogados lanzaron mensajes en tono despectivo contra Campos y otros periodistas, insinuando falsedades o vínculos personales con García Ortiz. Estos comentarios han generado malestar y han reavivado el debate sobre la presión mediática y la ética procesal durante un juicio público.
Un proceso con implicaciones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado no solo tiene consecuencias personales para García Ortiz, sino también institucionales. Nunca antes un fiscal general en ejercicio había sido sometido a un proceso penal de este calibre. En paralelo, el debate político se ha intensificado: mientras Pedro Sánchez ha defendido su inocencia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente de “romper la independencia judicial”. El expresidente Felipe González, por su parte, ha optado por mantenerse al margen y expresar simplemente su “respeto al Supremo”.
El resultado de este juicio marcará un precedente. Lo que está en juego no es solo la reputación del máximo responsable del Ministerio Fiscal, sino la confianza ciudadana en las instituciones. La sentencia determinará si el caso fue una reacción desproporcionada ante una nota informativa o si, por el contrario, existió realmente una revelación indebida de datos reservados.
Cuando el tribunal cierre esta semana la vista oral, lo que quedará por resolver será una cuestión más profunda: si la justicia española ha sido capaz de afrontar este proceso con independencia y serenidad, o si las tensiones políticas y corporativas han contaminado su esencia. Porque en última instancia, la credibilidad del Estado de derecho también está siendo juzgada.