El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado una investigación para determinar si los actos de Israel en la Franja de Gaza son "graves violaciones" del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario, que supondrían crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal entre los que se encuentra el genocidio.
En la investigación, que había sido solicitada el 28 de julio por la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, el fiscal acuerda que estará involucrado también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, con el que formará un "equipo conjunto" y que ambos actuarán "colegiadamente" con la participación del fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional "en aquellas actuaciones que se practiquen en dicho ámbito".
El decreto explica que la Fiscal coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática abrió un expediente el pasado 5 de junio tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre las acciones llevadas a cabo por el Ejército israelí contra población civil en Gaza que podrían ser contrarias al Derecho Internacional, investigación desarrollada en el marco de la Operación ELIAT.
Según detalla el decreto, Delgado analizó la información contenida en el informe que recoge testimonios de testigos protegidos, y en el que también se aportan "importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno".
El fiscal acuerda remitir al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional el informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesal o diligencias preliminares, que serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la fuerza policial actuante.
En su exposición de hechos, el fiscal general recuerda que ya existen varias acciones iniciadas desarrolladas desde espacios de justicia internacional y España decidió intervenir formalmente en el procedimiento impulsado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia el 28 de junio de 2024.
Con anterioridad, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) había abierto el 3 de marzo de 2021 una investigación formal sobre los crímenes que podrían haberse cometido en el territorio del Estado de Palestina bajo la denominada "situación del Estado de Palestina", y la investigación se extiende actualmente a los "gravísimos hechos" que se están produciendo en la Franja desde que comenzaron los ataques del Ejército hebreo tras el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Tras la solicitud de la Fiscalía de la CPI, el 21 de noviembre de 2024 la Sala de Cuestiones Preliminares emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí y el exministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad y la solicitud de Israel de anular la referida orden de detención fue rechazada por la CPI el 16 de julio de 2025. En dicha orden de arresto se incluía a tres líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Ismail Haniya y Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, aunque los dos primeros habían sido asesinados ya por Israel.
"Graves violaciones" del Derecho Internacional
García Ortiz indica que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal", referidos a los delitos de lesa humanidad.
En su respuesta, el fiscal general ordena remitir a Alonso el informe de la Comisaría General de Información "al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesal, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante".
En segundo lugar, acuerda "crear un equipo conjunto de investigación" formado por Alonso y Delgado, "que actuarán colegiadamente, con la participación del fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional", Francisco Jiménez-Villarejo, "en aquellas actuaciones que se practiquen en dicho ámbito".
Según las fuentes jurídicas consultadas, el objetivo de estas pesquisas es cooperar con el TPI. Así, como ya se hizo con la guerra en Ucrania, la intención del Ministerio Público es recabar pruebas para ponerlas a disposición del órgano competente.