La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a protagonizar una de sus intervenciones más incendiarias tras el Consejo de Gobierno celebrado en Alcalá de Henares. En su comparecencia, Ayuso volvió a cargar contra el Gobierno central, contra los manifestantes que el pasado domingo protestaron en Madrid contra el genocidio en Gaza y, de paso, contra la comunidad educativa madrileña, a la que acusa de ser usada para el “adoctrinamiento político”. Pero lo más grave es la confirmación de que el Ejecutivo regional ha dado instrucciones para retirar banderas palestinas de los colegios e institutos públicos, una medida que ha provocado la indignación de toda la oposición y que ya estudian llevar ante los tribunales por vulnerar derechos fundamentales.
Criminalización del movimiento solidario con bulos
Ayuso llegó a comparar las protestas pacíficas del domingo con la kale borroka y hasta con el asedio de Sarajevo, una comparación que no solo es desproporcionada sino profundamente ofensiva para las víctimas de aquel sitio de más de tres años que dejó miles de muertos. No hay ninguna prueba de que en las movilizaciones hubiera presencia de “yihadistas” ni de grupos violentos, pese a que la presidenta lo insinúa una y otra vez en sus discursos. “Que nadie lo dude: cuando se va de la mano de Bildu, de la kale borroka o de las supuestas causas humanitarias son siempre excusas”, llegó a afirmar, vinculando de manera temeraria el movimiento de solidaridad con Palestina con el terrorismo.
El recurso sistemático de Ayuso a sembrar miedo y desinformación se ha convertido en una de sus señas de identidad. La realidad es que la protesta del domingo fue pacífica y multitudinaria, y que su único objetivo era exigir el fin de la masacre en Gaza y denunciar la complicidad internacional con el Gobierno de Netanyahu. Vincular este movimiento con la violencia es un intento de deslegitimar cualquier expresión de solidaridad.
Medallas y propaganda
La presidenta aprovechó su intervención para presumir de que en Madrid se ha atendido a 383 personas de origen gazatí en urgencias y que se han escolarizado 60 niños. Incluso llegó a citar esas cifras como prueba de la humanidad de su Gobierno, insinuando que estas acciones justifican la política de prohibir símbolos palestinos en los centros educativos.
Resulta paradójico que Ayuso convierta el cumplimiento de su obligación de garantizar la asistencia sanitaria en un acto de propaganda y hasta en una excusa para otorgar medallas, mientras censura cualquier muestra de apoyo a ese mismo pueblo en las aulas.
La oposición ha sido contundente: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han denunciado que la orden de retirar banderas es abiertamente ilegal y supone un ataque a la libertad de expresión de estudiantes y docentes. Además, recuerdan que durante la invasión rusa de Ucrania sí se permitieron banderas ucranianas en los colegios sin que Ayuso considerase aquello “adoctrinamiento”.
Falsa libertad
El discurso de Ayuso vuelve a poner de manifiesto la contradicción de su concepto de libertad: permite colocar banderas ucranianas, pero prohíbe las palestinas; dice defender la convivencia, pero señala y estigmatiza a quienes se manifiestan por la paz; acusa de “guerracivilismo” a otros mientras alimenta un clima de tensión y enfrentamiento permanente.
El problema no es solo político, sino también jurídico. Expertos en derecho constitucional advierten que esta orden puede vulnerar la libertad ideológica y de expresión reconocida en el artículo 16 y 20 de la Constitución. “No es competencia de la Administración censurar símbolos en los centros educativos cuando no suponen incitación a la violencia ni adoctrinamiento”, señalan. Por eso, los grupos de la oposición ya preparan recursos para que los tribunales tumben la medida.
Una estrategia de distracción
La presidenta volvió a insistir en que todo esto es una campaña orquestada desde Moncloa para desviar la atención de los problemas de Pedro Sánchez y de su Gobierno. Sin embargo, esta retórica se ha convertido en un mecanismo para desviar la atención de su propia gestión. En lugar de hablar de listas de espera en la sanidad madrileña, del deterioro del transporte público o de los problemas de vivienda, Ayuso convierte cada comparecencia en una cruzada ideológica.
El uso de expresiones como “boicot revolucionario” o “campaña totalitaria” no contribuye a rebajar la tensión, sino que la incrementa. Con ello, Ayuso se coloca en el papel de víctima y refuerza un relato de confrontación permanente con el Gobierno central que le permite evitar hablar de los problemas reales de los madrileños.
Rumbo a los tribunales
Todo apunta a que la polémica no terminará aquí. Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid ya han anunciado que registrarán iniciativas para anular la orden de la Consejería de Educación y que, si es necesario, acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Incluso se baraja llevar el caso al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Mientras tanto, colectivos de familias, sindicatos y asociaciones de estudiantes han convocado concentraciones en defensa de la libertad de expresión en los centros educativos. “Si en Madrid se puede hablar de Ucrania, también se puede hablar de Palestina”, reclaman.
La sociedad civil se prepara para una batalla legal y política que puede marcar un precedente. Y es que, como recuerdan los expertos, lo que está en juego no es solo el derecho a exhibir una bandera, sino la garantía de que las aulas sigan siendo un espacio de libertad y de pensamiento crítico, no un territorio censurado por el Gobierno de turno.