La Comisión Europea ha movido ficha. Pero la dimensión de su propuesta queda lejos de la magnitud de la tragedia. Con Gaza convertida en una fosa común y las instituciones israelíes desacreditadas internacionalmente por las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario, Bruselas reacciona con un paquete de medidas que busca un equilibrio imposible: mostrar desaprobación sin incomodar del todo a Tel Aviv.
Un genocidio televisado ante una Europa que duda
En Gaza ya no queda ni la sombra de la infraestructura sanitaria, educativa ni alimentaria. Las organizaciones humanitarias lo repiten desde hace meses: no es una guerra, es un castigo colectivo. Y, sin embargo, la Unión Europea se ha resistido a adoptar medidas firmes. Solo tras la escalada reciente, con miles de civiles asesinados, Bruselas ha optado por activar una vía intermedia: suspender parcialmente los beneficios arancelarios del Acuerdo de Asociación con Israel y congelar la ayuda bilateral.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, define la situación como "inaceptable", pero evita pronunciar palabras como "crímenes de guerra" o "apartheid". La decisión de Bruselas incluye la reintroducción de aranceles a productos israelíes, que afectará a un 37% de las exportaciones, generando un sobrecoste de más de 200 millones de euros para Israel.
También se propone sancionar a los ministros ultraderechistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, figuras clave en la escalada de violencia y la expansión de los asentamientos. Pero estas sanciones, como siempre, están supeditadas a la unanimidad de los 27. En paralelo, la UE congela proyectos bilaterales por valor de 14 millones de euros.
Demasiado tarde y demasiado poco
La iniciativa llega con un retraso clamoroso. Las imágenes de niños sin acceso a alimentos ni agua potable, los hospitales bombardeados y los convoyes humanitarios bloqueados son ya moneda diaria. Mientras, Netanyahu actúa con impunidad. El gabinete que lidera ha despreciado todas las llamadas al alto el fuego, incluyendo las de Naciones Unidas. Y responde a Bruselas con acusaciones de "mala fe" por atreverse, siquiera, a revisar los términos del acuerdo comercial.
La UE, que en otras regiones del mundo ha mostrado mayor contundencia, opta en este caso por una vía tibia. Ni suspensión total del acuerdo, ni embargos, ni ruptura diplomática. La explicación oficial es evitar dañar a la población israelí. Pero el daño a la población palestina ya está hecho y, en buena medida, financiado con complicidad internacional.
Una relación marcada por la hipocresía
En este contexto, resulta difícil no señalar la incoherencia. Mientras la UE mantiene relaciones económicas fluidas con un Estado acusado de apartheid, muchos de sus dirigentes alaban la defensa de los derechos humanos como piedra angular de la acción exterior. La realidad es otra. Las presiones diplomáticas, los lobbies y los intereses cruzados han convertido a la diplomacia europea en una máquina de declaraciones sin consecuencias.
La decisión de Bruselas, aunque simbólicamente relevante, es insuficiente ante el deterioro moral que supone mirar hacia otro lado. La defensa de los derechos humanos exige más que comunicados: exige ruptura con la impunidad.