La Justicia es un poder independiente y fundamental en el sistema democrático español. Cada vez que recibe críticas desde instancias políticas en general o del poder ejecutivo en concreto por la actuación de alguno de sus miembros actúa rápidamente en defensa de ellos, como por ejemplo tras la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió el 1 de septiembre a TVE dando por hecha la existencia del lawfare, la injerencia del poder judicial en la política. Ahora, este mismo poder judicial que se rasga las vestiduras contra cualquier injerencia política en sus decisiones judiciales guarda un clamoroso silencio tras las durísimas acusaciones del jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que ha enviado a juicio a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por los delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal.
El jefe de Gabinete de Díaz Ayuso aseguró este lunes nada más conocer el enjuiciamiento de González Amador que esta jueza “es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido” y también la acusó de no respetar a la Audiencia Provincial por decidir enviar a juicio al novio de Ayuso “justo antes de tomar posesión el juez que toca”.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido en defensa de la instrucción de la magistrada, que fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en tiempos del popular Rafael Catalá, y asegura que “lo que no dice Miguel Ángel Rodríguez es que aquí la jueza no tiene ningún margen. Tiene un acta de inspección de la AEAT en la que se detalla un fraude fiscal a 120.000 euros por ejercicio”, y añade que “lo que ha hecho la jueza en este caso lo podría hacer una máquina perfectamente”, que no es más que una “ratificación de las inspectoras de las conclusiones y el proceso de inspección y de la utilización de las facturas falsas para producir la defraudación”.
El CGPJ guarda silencio ahora pese a que Miguel Ángel Rodríguez cuestiona a la magistrada y la tilda de “hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido”
Sin ir más lejos, hace poco más de tres meses, el pasado 11 de junio, el Consejo General del Poder Judicial emitió un duro comunicado con declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, donde hacía un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar el respeto que merecen los tribunales. Isabel Perelló expresó su apoyo a los miembros de la Carrera Judicial que soportan “descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones” y advertía de que las manifestaciones que cuestionan actuaciones de jueces concretos “son impropias de un Estado democrático avanzado”. La presidenta del órgano de gobierno de los jueces aseguraba que el Consejo es consciente de las inquietudes de la Carrera Judicial y que estará atento a cualquier posible merma en su independencia o en sus condiciones de trabajo.
A diferencia del actual silencio tras las acusaciones del jefe de Gabinete de Ayuso, Perelló expresó entonces su apoyo a todos los magistrados del alto tribunal y a los miembros de la Carrera Judicial que soportan “descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones” y ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares a que recuperen el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven. “Lamento que la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones y, especialmente, los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar ese respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial”, aseguró durante su intervención en el acto de inauguración de las Jornadas de Magistrados/as Jueces/zas Decanos/as de España.
“En el Consejo estamos muy preocupados por los intentos de desprestigiar a los jueces. Por ello estaremos vigilantes -ahora más que nunca- en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que no es otra que la defensa de la independencia judicial”, añadió Perelló en junio.