Las reacciones de Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a la decisión judicial que sienta en el banquillo a Alberto González Amador, no solo han encendido la política madrileña sino que han puesto en cuestión la propia separación de poderes. En lugar de dar explicaciones sobre los hechos que se imputan a su pareja, Ayuso ha preferido señalar a la jueza e insinuar conspiraciones, mientras su mano derecha ha difundido mensajes que rozan el señalamiento personal.
La gravedad del caso es indiscutible: la jueza ha encontrado indicios suficientes de fraude fiscal, falsedad documental y otros delitos para que González Amador sea juzgado. Sin embargo, en vez de mostrar respeto por la justicia, desde el entorno de la presidenta se ha optado por la estrategia del ataque.
Una estrategia de humo
Miguel Ángel Rodríguez, conocido por su tono bronco, lanzó en redes sociales un mensaje que insinuaba vínculos familiares de la jueza con mandos de la Guardia Civil, intentando poner en duda su imparcialidad. Este tipo de comentarios no solo buscan deslegitimar el trabajo de la magistrada, sino que alimentan teorías de conspiración que polarizan aún más el debate público.
Mientras tanto, Ayuso ha repetido que todo responde a una maniobra del Gobierno para hundir su imagen. Lo más llamativo es que ha convertido el caso en un nuevo enfrentamiento político con Pedro Sánchez, asegurando que “las portadas las dirige Moncloa” y que los escándalos “duran lo que Sánchez decide”. Es decir, en lugar de dar datos, se victimiza y desvía la atención.
Este recurso de convertir cualquier investigación judicial en un complot es especialmente peligroso en democracia. Si cada vez que se investiga a una figura pública se insinúa manipulación política, se socava la confianza de la ciudadanía en los jueces.
El silencio sobre las pulseras
Lo más indignante para muchas asociaciones feministas es que, en medio de esta tormenta, Ayuso y su equipo han preferido no pronunciarse sobre los fallos detectados en las pulseras telemáticas que deberían proteger a mujeres víctimas de violencia machista. En lugar de asumir responsabilidades y exigir soluciones, la presidenta dedica tiempo y esfuerzo a defender a su pareja y atacar a quien le investiga.
La realidad es que mientras en Madrid se producen asesinatos de mujeres que podrían haberse evitado con un sistema de control eficaz, el Gobierno autonómico evita entrar en ese debate. La omisión es tan grave como los ataques verbales a la magistrada, porque deja en segundo plano la seguridad de las mujeres madrileñas.
Un PP dividido
La propia dirección nacional del Partido Popular ha querido marcar distancias. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha asegurado que su formación “respeta las decisiones judiciales” y que no cree en teorías de lawfare. Un mensaje que, aunque diplomático, deja sola a Ayuso en su cruzada contra la jueza. La imagen de unidad del PP se resquebraja cuando desde Génova se intenta apagar el fuego que la presidenta madrileña y su jefe de gabinete avivan cada día.
¿Y la ética pública?
El caso tiene implicaciones éticas evidentes: González Amador mantiene negocios con empresas que son contratistas de la Comunidad de Madrid, y parte de las operaciones investigadas coinciden en el tiempo con el inicio de su relación con Ayuso. Aunque no haya conexión directa con contratos públicos, el conflicto de interés es innegable.
La ciudadanía tiene derecho a conocer si quienes gobiernan actúan de forma ejemplar. Si la respuesta de un gobierno autonómico ante un caso de presunto fraude es atacar a la justicia, ignorar los fallos en políticas de protección y culpar al adversario político, se erosiona la credibilidad institucional.
Ayuso podría haber optado por un mensaje de prudencia y respeto a la ley. Podría haber aprovechado para explicar qué hará su Gobierno para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género. En vez de eso, elige el camino de la confrontación y del ruido, alentada por un jefe de gabinete que dispara primero y pregunta después.
La democracia se fortalece con rendición de cuentas, no con insultos a los jueces ni con desvíos de atención. Madrid necesita liderazgo responsable, no una guerra personal librada con recursos públicos.