La Comunidad de Madrid ha decidido retirar temporalmente un curso de formación para el profesorado titulado “Abordar el franquismo y la memoria democrática en las aulas”. La noticia, publicada por El País, señala que la Consejería de Educación argumentó que el programa no había completado su proceso de validación, aunque fuentes internas aseguran que la suspensión se produjo por el “sesgo político” que se le atribuyó.
El curso pretendía ofrecer a los docentes herramientas para explicar de forma rigurosa la historia reciente de España. Según el documento original, el objetivo era “proporcionar al alumnado la capacidad de valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en la historia de España, mediante el análisis comparado de distintos regímenes políticos, para reconocer el legado democrático de la Constitución de 1978”.
Discrepancias sobre su aprobación
El Centro Territorial de Innovación y Formación (CTIF) Madrid-Norte, que diseñó la actividad, asegura que el curso sí había sido validado y aprobado, ya que incluso llegó a estar disponible en la plataforma de formación para docentes, donde se abrió el plazo de inscripción el pasado 1 de septiembre.
Sin embargo, la Consejería de Educación explicó que la retirada se produjo de forma preventiva para garantizar que su contenido se ajustara al plan de formación vigente. La decisión se tomó tras una reunión celebrada el 2 de septiembre entre el equipo directivo del CTIF y la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, renovada este verano.
La propuesta ofrecía 25 plazas y constaba de 15 horas de clases presenciales, previstas para noviembre. Entre los ponentes figuraban profesores universitarios y especialistas en historia y filología, lo que reforzaba el enfoque académico de la iniciativa.
La importancia de enseñar historia reciente
Para muchos docentes, el vacío que existe en el conocimiento de los estudiantes sobre la Guerra Civil y la dictadura es preocupante. Un estudio de 2022 reveló que una parte del alumnado desconoce hechos fundamentales, llegando a afirmar que la guerra comenzó porque “la gente se rebeló contra la dictadura” o que los exiliados fueron “seguidores de Franco expulsados del país”.
En un contexto en el que las redes sociales, como TikTok o YouTube, difunden interpretaciones sesgadas de la historia e incluso contenidos que ensalzan el franquismo, varios expertos sostienen que la formación del profesorado es clave para contrarrestar la desinformación y garantizar un aprendizaje basado en evidencias.
“Los profesores necesitan herramientas actualizadas para explicar la historia sin miedo a polémicas en el aula”, explica uno de los catedráticos de Historia que había sido invitado como ponente.
La ley de memoria democrática
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, establece que el sistema educativo debe promover el conocimiento de la historia reciente y los valores democráticos. También ordena que las administraciones educativas incluyan en los planes de formación inicial y continua del profesorado actividades de actualización científica, didáctica y pedagógica para tratar estos contenidos.
Esta obligación se gestiona de forma descentralizada, lo que deja margen de actuación a las comunidades autónomas. Esto ha provocado diferencias de criterio entre territorios, ya que no todas las regiones aplican el mismo enfoque.
Entre la neutralidad y el riesgo de omisión
Algunos expertos alertan de que dejar fuera estos temas en los planes de formación podría alimentar el desconocimiento histórico y dificultar el desarrollo del pensamiento crítico entre los jóvenes.
Otros, en cambio, defienden que la formación docente debe garantizar la neutralidad ideológica y evitar que los contenidos se perciban como partidistas. El desafío radica en encontrar el equilibrio: formar sin adoctrinar y ofrecer una visión objetiva que permita al alumnado reflexionar por sí mismo.
Educación y debate social
La suspensión del curso se suma a otras decisiones recientes relacionadas con el uso del espacio educativo para temas de actualidad. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, prohibió el uso de símbolos políticos en los centros educativos, lo que afectó a banderas y mensajes de apoyo en conflictos internacionales. La medida generó un intenso debate sobre la libertad de expresión en el ámbito escolar.
El caso del curso de memoria democrática ha reabierto el debate sobre qué papel debe jugar la educación en la transmisión de la historia reciente. Para los defensores de su impartición, la escuela es el lugar idóneo para explicar con rigor los procesos históricos y prevenir discursos que justifiquen regímenes autoritarios.
Por su parte, quienes apoyan la revisión argumentan que es necesario analizar a fondo los materiales para evitar sesgos y asegurar que se ajusten a criterios pedagógicos consensuados.
Un reto para el futuro
Lo que está claro es que la enseñanza de la memoria democrática seguirá siendo un tema delicado. Las aulas son un espacio donde convergen sensibilidades muy diferentes y donde el profesorado necesita apoyo institucional para poder impartir contenidos de historia reciente sin temor a conflictos.
En un contexto global de desinformación y revisionismo histórico, la formación rigurosa de los docentes puede ser una herramienta fundamental para fortalecer los valores democráticos y evitar que el pasado se convierta en un terreno fértil para la manipulación ideológica.
El reto para las administraciones educativas es diseñar programas que sean percibidos como imparciales, con base científica, y que fomenten el pensamiento crítico de los estudiantes, contribuyendo a una sociedad más informada y plural.