El asesinato de una mujer en Alpedrete —apuñalada medio centenar de veces, según confirmaron fuentes de la investigación— ha derivado en una segunda ola de dolor: la de escuchar a su alcalde, Juan Rodríguez, negar el carácter machista del crimen y exculpar al presunto agresor con argumentos que han causado una profunda conmoción social. No se trata únicamente de unas palabras mal expresadas: es una forma de mirar a otro lado ante una de las violencias más graves que soporta nuestra sociedad.
Su discurso revela un problema político grave: la negación de la violencia contra las mujeres desde las propias instituciones.
Las instituciones existen para proteger a las víctimas, no para reescribir lo sucedido. Sin embargo, el alcalde de Alpedrete hizo justo lo contrario. En lugar de reconocer de inmediato la gravedad de los hechos y su carácter machista —como sí hizo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género— optó por presentar al presunto asesino como un hombre afligido, “superado por la presión”, que habría actuado impulsado por sus problemas personales. El contexto, el dolor o las dificultades no explican que un hombre acabe con la vida de su pareja. Y menos aún cuando lo hace con tal violencia.
El intento de justificar lo injustificable
Resulta especialmente grave que el regidor se centrara en justificar el comportamiento del presunto agresor, mencionando su situación laboral, su estado emocional y sus dolencias físicas, como si esos factores pudieran suavizar la realidad: una mujer ha sido asesinada por su pareja, y ese es el patrón más común en los crímenes machistas en España. Señalar al sistema, a la burocracia o a la salud del agresor como detonantes supone desviar la atención de lo esencial: la responsabilidad directa del homicida.
Cuando un cargo público minimiza un asesinato de estas características, envía un mensaje devastador. Las instituciones deben ser firmes, claras y unánimes al reconocer estas violencias. No basta con rectificar a medias horas después, una vez encendida la indignación social y política. Una rectificación sin disculpas explícitas es insuficiente, más aún cuando previamente se ha negado públicamente la naturaleza del crimen.
Una rectificación tardía y sin asumir responsabilidades
La reacción del alcalde ante la presión fue grabar un vídeo en el que finalmente acepta que se trata de violencia machista. Pero incluso en esa intervención insiste en que sus declaraciones fueron “malinterpretadas”, como si el problema fuera la ciudadanía que escucha y no el responsable público que habla. Resulta difícil creer que exista un malentendido cuando su intervención original fue clara y reiterada en varios medios.
El daño ya estaba hecho. Minimizar un asesinato machista no solo desinforma: contribuye a alimentar discursos negacionistas que ponen en riesgo a mujeres que viven situaciones de violencia. No se trata de un error menor, sino de una irresponsabilidad institucional.
Un municipio sin herramientas de protección
A la gravedad de las declaraciones se suma otro hecho alarmante: Alpedrete no está adherido al sistema Viogen, el protocolo policial que permite un seguimiento especializado de los casos de violencia de género. Que un municipio renuncie a esta herramienta evidencia una falta de compromiso con la protección de las mujeres en riesgo. Y que su alcalde minimice un asesinato en estas circunstancias agrava todavía más la situación.
Cuando se cuestiona la existencia de una violencia estructural contra las mujeres desde una alcaldía, se legitima que esa violencia siga ocurriendo. El negacionismo institucional tiene consecuencias reales: desincentiva denuncias, silencia casos y dificulta la prevención.
Una respuesta política y social contundente
Las palabras de Rodríguez provocaron la reacción inmediata del Gobierno central, con el presidente Pedro Sánchez recordando que no existen “términos medios” ante estos crímenes. O se está con las víctimas, o se avala a quienes quieren diluir la gravedad de estos asesinatos bajo excusas. La ministra de Igualdad exigió la dimisión del alcalde por unas declaraciones que considera intolerables, y numerosos colectivos feministas denunciaron públicamente el mensaje transmitido desde Alpedrete.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así lo ha condenado: “Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores. Quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía”, ha replicado a través de redes sociales.
Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2025
Quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía. pic.twitter.com/ElXDz6Xnzw
Las cifras obligan a la responsabilidad: más de treinta asesinatos machistas en España este año, tres de ellos en la Comunidad de Madrid. Cada muerte es una tragedia, pero también un fracaso colectivo si las instituciones no están a la altura.
La obligación de un alcalde: proteger, no blanquear
El caso de Alpedrete revela algo más profundo que un comentario desafortunado. La negación o minimización de la violencia contra las mujeres desde un cargo público es una señal de alarma. Un alcalde no puede permitirse errores que ponen en duda la realidad de una violencia que sí está reconocida por la ley, por la comunidad científica y por años de datos oficiales.
Lo ocurrido exige responsabilidad política. Y exige, sobre todo, que quienes gobiernan entiendan que su prioridad debe ser proteger a las víctimas, no justificar a los agresores. Porque cuando una institución falla en esa obligación, toda la sociedad queda más desprotegida.