El CGPJ detecta un aumento de denuncias y víctimas, pero también una desigual distribución territorial de los recursos. Allí donde las cifras son más altas, la respuesta institucional es más lenta. La desigualdad también se mide en kilómetros y códigos postales.
Cifras al alza, medidas al ralentí
El crecimiento de las denuncias apunta en principio a un mejor acceso a la vía judicial, pero al analizar los datos emergen tensiones de fondo. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres ha subido de 18,5 a 19,2 respecto al mismo trimestre del año anterior. Mientras tanto, las solicitudes de órdenes de protección apenas experimentaron un descenso del 0,10 %, y su concesión cayó un 0,20 %. Por tanto, ese aumento de denuncias no se traduce de forma proporcional en una activación más dinámica de recursos de protección.
El 61,66 % de las víctimas eran españolas, el 38,34 % de otras nacionalidades. La dispensa de declarar fue utilizada por casi 12 de cada 100 víctimas, y entre ellas, más del 45 % tenían otra nacionalidad. Estos datos evidencian que la dimensión migrante de la violencia contra las mujeres no está siendo abordada con la especificidad que exige.
La disyuntiva se revela clara: más denuncias no equivalen necesariamente a más seguridad.
Geografía de la desigualdad
El segundo trimestre también pone en evidencia que la violencia de género no es un fenómeno homogéneo: Canarias alcanza una tasa de 33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres —muy por encima de la media—, seguida de Baleares (27,6) y Comunidad Valenciana (24). En cambio, regiones como Galicia (13,3) o Castilla y León (11,9) están por debajo del punto de referencia nacional.
Esta dispersión plantea que las respuestas autonómicas y los recursos disponibles no parten del mismo punto de partida ni tienen la misma intensidad. En un contexto donde las estructuras de poder y género no sólo condicionan los hechos, sino también su visibilización y respuesta, estos desequilibrios regionales se vuelven significativos.
Que la violencia no sea igual en todo el territorio no significa que deje de existir con intensidad allí donde las cifras son bajas: a menudo significa que el acceso a la denuncia, el apoyo y la protección son más débiles.
Protección parcial, riesgo persistente
Aunque los juzgados concedieron 8.571 órdenes de protección —el 67,7 % de las solicitudes—, la persistencia de la violencia se manifiesta también en que el 43,4 % de las mujeres que pidieron protección mantenían la convivencia o vínculo de pareja al momento de la solicitud. Esta convivencia pone en evidencia que la salida de la violencia no depende únicamente del mecanismo formal, sino de transformar relaciones de poder que siguen activas.
Las medidas cautelares penales adoptadas sumaron 15.322: principalmente prohibiciones de comunicación y órdenes de alejamiento, cerca del 70 % del total. Pero en el circuito civil, emergen tensiones: sólo en 1.076 casos se atribuyó vivienda y en 655 se suspendió la guarda y custodia. Aun cuando los instrumentos existen, la eficacia real frente al riesgo sigue exigiendo pasos más allá de la lógica de trámite. La protección institucional se queda muchas veces en medio camino: hay denuncia, hay medida, pero no necesariamente hay transformación de la situación de vulnerabilidad.