La vivienda ha dejado de ser exclusivamente un problema inmobiliario para convertirse en uno de los grandes conflictos laborales y sociales de España. Con este diagnóstico, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han presentado este martes la huelga general de 24 horas convocada para el próximo 11 de noviembre, una movilización que pretende trasladar a los centros de trabajo el malestar de millones de ciudadanos ante unos precios de compra y alquiler que absorben una parte cada vez mayor de sus ingresos.
La convocatoria llega después del rechazo parlamentario de dos reales decretos-leyes sobre vivienda y de las movilizaciones desencadenadas por el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo caso ha adquirido una dimensión nacional. Sin embargo, ambos dirigentes han insistido en que la decisión no constituye una improvisación ni responde a la convocatoria de elecciones generales, sino a un conflicto social que los sindicatos llevan tiempo denunciando.
«No hay convenio que resista el impacto que tiene sobre el coste de la vida el precio de las viviendas», ha advertido Pepe Álvarez, sintetizando una de las principales razones de la protesta: los incrementos salariales resultan insuficientes cuando el acceso a una vivienda exige destinar una proporción desmesurada de los ingresos familiares.
El desahucio de Maricarmen, detonante de una protesta nacional
El secretario general de UGT ha situado el caso de Maricarmen en el centro de la indignación social que ha terminado impulsando la convocatoria. Álvarez ha recordado que el sindicato ya había dedicado el Primero de Mayo a denunciar la especulación inmobiliaria, pero ha reconocido que aquel desahucio supuso un punto de inflexión.
«Hay un detonante que se llama Maricarmen», ha señalado antes de describir cómo una mujer de 87 años fue expulsada de su vivienda, tuvo que ingresar en un hospital y finalmente falleció. Álvarez ha atribuido aquella situación a «la crueldad de unos pocos y el abuso del fondo» propietario del inmueble.
Para el dirigente sindical, aquel episodio desbordó la indignación ciudadana y convirtió la exigencia de vivienda digna en una reclamación de movilización general.
Unai Sordo ha explicado que la huelga tiene una naturaleza diferente a las convocatorias generales tradicionales. No se plantea únicamente como respuesta a una reforma laboral o de pensiones, sino como instrumento para extender una protesta social que ya existe.
«Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatoria de paro heterodoxa», ha reconocido el secretario general de CCOO, quien ha defendido la necesidad de proporcionar cobertura laboral a las movilizaciones ciudadanas y construir una respuesta conjunta de trabajadores, jóvenes, estudiantes, pensionistas y organizaciones sociales.
«Hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre»
Uno de los momentos más contundentes de la comparecencia ha llegado cuando Sordo ha señalado directamente a los grandes inversores inmobiliarios.
«Hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre de la compra de vivienda en España para hacer un negocio de lo que es una necesidad social básica», ha afirmado.
El dirigente de CCOO considera que el problema estructural reside en la ausencia de un parque público capaz de ofrecer precios asequibles y condicionar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Su propuesta consiste en movilizar hasta el 1 % del producto interior bruto durante una década para desarrollar un parque de un millón y medio de viviendas a precios accesibles.
Álvarez, por su parte, ha defendido una producción de 100.000 viviendas asequibles anuales y ha cuestionado los programas públicos que permiten comercializar inmuebles protegidos a precios inalcanzables para buena parte de los trabajadores.
«Hay algunas comunidades autónomas que están haciendo vivienda de protección oficial y que el precio de venta son 350.000 euros», ha denunciado, cuestionando que semejantes cantidades puedan considerarse verdaderamente asequibles.
Los sindicatos reclaman asimismo limitar los alquileres en las zonas tensionadas, impedir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, restringir los pisos turísticos en las zonas de mayor presión inmobiliaria y promover alquileres que no superen el 30 % de los ingresos de los hogares.
Salarios: subidas del 4 al 7 % y un salario mínimo superior a 1.300 euros
La movilización también supone una advertencia directa a la patronal ante el bloqueo de la negociación colectiva. Álvarez ha denunciado que la CEOE lleva más de un año sin sentarse a negociar la renovación del acuerdo marco para los convenios colectivos, mientras numerosas negociaciones sectoriales y empresariales permanecen abiertas.
Sordo ha rechazado que la crisis de acceso a la vivienda pueda atribuirse exclusivamente a los salarios, aunque ha defendido que las empresas deben trasladar una mayor parte de sus resultados a las plantillas.
«Las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos a través de una subida generalizada de los salarios», ha afirmado.
UGT y CCOO reclaman incrementos salariales de entre el 4 y el 7 %, con mayores subidas para los sectores peor remunerados, así como la recuperación de las cláusulas de revisión salarial para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.
Además, ambos dirigentes han anunciado una reivindicación concreta para 2027: elevar el salario mínimo interprofesional al menos un 7 %, hasta situarlo por encima de los 1.300 euros mensuales en catorce pagas.
Los sindicatos también exigen reforzar el registro horario e impedir que determinadas subidas del salario mínimo queden neutralizadas mediante mecanismos de absorción y compensación de complementos salariales.
Pensiones y bajas laborales: una advertencia frente a la privatización
La huelga incorpora igualmente la defensa del sistema público de pensiones y el rechazo a que las mutuas empresariales adquieran mayores competencias para determinar las altas médicas por enfermedades comunes.
Álvarez ha cuestionado que se pretenda desplazar esas decisiones desde los profesionales de la sanidad pública hacia entidades gestionadas por representantes empresariales. «Yo, desde luego, nunca pondría a la zorra a cuidar a las gallinas», ha declarado al denunciar el riesgo de que los intereses patronales condicionen decisiones relacionadas con la salud de los trabajadores.
Sordo ha ido más lejos al anunciar que CCOO reclamará modificar la propia naturaleza de las mutuas. «Exigimos la publificación de las mismas y que sus órganos de dirección respondan a lo que tiene que ser un interés general», ha señalado.
Ambos dirigentes han rechazado también los discursos que presentan las bajas por enfermedad como un problema atribuible fundamentalmente al comportamiento de los trabajadores. Para los sindicatos, la respuesta debe pasar por reforzar la atención primaria, las pruebas diagnósticas y la sanidad pública, no por reducir garantías laborales.
En materia de pensiones, han defendido mantener la revalorización vinculada a la inflación y preservar el carácter público del sistema ante las propuestas de reforma que puedan introducirse en el próximo ciclo político.
Una huelga dirigida a la CEOE y a todas las administraciones
Aunque la convocatoria se produce en un contexto de elecciones generales anticipadas, Álvarez ha insistido en que sus destinatarios son mucho más amplios que el Gobierno central. Entre ellos figuran la patronal, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada uno dentro de sus responsabilidades sobre salarios, vivienda y servicios públicos.
La huelga pretende, por tanto, convertir el 11 de noviembre en una jornada de paro laboral, movilización ciudadana y exigencia de compromisos concretos para abordar problemas que los sindicatos consideran estructurales.
Sordo ha resumido la gravedad de la situación con una reflexión que va más allá de los trabajadores jóvenes: la dificultad de acceso a la vivienda afecta también a personas que atraviesan separaciones, familias que necesitan mantener a hijos adultos en el hogar y ciudadanos que, incluso disponiendo de empleo, no pueden afrontar los precios del mercado.
«No puede ser que lo más rentable en España, dentro de la ley, quiero decir, sea invertir en una vivienda, inflacionando un bien que es a la vez una necesidad básica para la ciudadanía española», ha denunciado.
La convocatoria del 11 de noviembre plantea así una discusión de fondo sobre el modelo económico: hasta qué punto los salarios, las políticas públicas y la regulación inmobiliaria pueden garantizar que trabajar permita acceder a una vivienda digna sin comprometer el resto de las necesidades esenciales.
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