España tiene ya una fecha marcada en rojo en el calendario: el miércoles 11 de noviembre. UGT y CCOO han acordado convocar ese día una huelga general de 24 horas para denunciar que el precio de la vivienda se está comiendo los salarios de millones de trabajadores y reclamar medidas que garanticen el acceso a un alquiler o una hipoteca sin condenar a las familias a dedicar una parte insoportable de sus ingresos a tener un techo.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lo ha confirmado este miércoles en una entrevista con Jesús Cintora en Mañaneros 360, donde ha explicado que la fecha está ya “cerrada con Comisiones Obreras” y que durante la tarde terminarán de concretar la convocatoria con los sindicatos de inquilinas y el resto de organizaciones sociales y sindicales que han impulsado las movilizaciones de las últimas semanas.
“No podemos pensar que la vida solo transcurre en el marco de la negociación en las empresas”, ha defendido Álvarez, quien ha situado el acceso a la vivienda en el centro de un conflicto que afecta directamente a las condiciones materiales de los trabajadores, porque cualquier subida salarial conseguida en un convenio colectivo puede quedar pulverizada cuando el alquiler absorbe buena parte de esos ingresos.
UGT y CCOO ya habían acordado formalmente promover una huelga general de 24 horas después del rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda y habían vinculado expresamente la movilización al “derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, incorporando de este modo la crisis habitacional al conflicto de rentas que mantienen abierto con la patronal.
La vivienda convierte el malestar social en una huelga general
La convocatoria llega después de la enorme movilización social provocada por el desahucio de Maricarmen, la acampada de la Puerta del Sol y las manifestaciones celebradas en decenas de ciudades, que han conseguido situar nuevamente la vivienda como una de las grandes fracturas sociales del país.
Álvarez ha reivindicado precisamente a quienes han ocupado las plazas durante estos días y ha rechazado los intentos de criminalización de las protestas, porque considera que ese movimiento ha aportado “aire fresco” a unas reivindicaciones que los sindicatos llevaban tiempo planteando sin conseguir una respuesta política suficiente.
Para UGT, la vivienda ha dejado de ser un problema separado del mercado laboral porque determina dónde puede trabajar una persona, cuánto salario necesita para aceptar un empleo y hasta qué punto una subida salarial mejora realmente su nivel de vida. El propio sindicato sostiene que la escalada del alquiler y de los precios inmobiliarios está neutralizando parte de los avances salariales obtenidos mediante la negociación colectiva.
El conflicto apunta además directamente a las administraciones, especialmente a las comunidades autónomas y los ayuntamientos por sus competencias en vivienda y urbanismo, pero también al Gobierno central por su capacidad legislativa y a la patronal por el bloqueo de la negociación salarial.
Garamendi amenaza con los tribunales
La CEOE ha abierto, sin embargo, una batalla jurídica antes incluso de que se produzca el paro. Su presidente, Antonio Garamendi, ha cuestionado públicamente la legalidad de una huelga convocada fundamentalmente alrededor de la vivienda y ha planteado la posibilidad de acudir a las “instancias pertinentes”.
Pepe Álvarez ha respondido con contundencia asegurando que la convocatoria es constitucional y defendiendo que la patronal está directamente interpelada porque salarios y vivienda forman parte del mismo problema.
El debate jurídico no puede despacharse simplemente diciendo que cualquier huelga es legal ni, en sentido contrario, que una huelga por la vivienda es automáticamente ilegal. El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, mientras que la normativa vigente considera ilegales las huelgas puramente políticas o con finalidades ajenas a sus intereses profesionales.
La jurisprudencia constitucional, sin embargo, ha interpretado esos intereses de manera amplia. El Tribunal Constitucional estableció ya en 1981 que no tienen por qué limitarse exclusivamente a una reivindicación concreta frente al empresario de cada trabajador y que pueden abarcar intereses colectivos de la categoría de los trabajadores.
Ese será precisamente uno de los argumentos sindicales fundamentales: si el precio de la vivienda condiciona el salario necesario para vivir, obliga a trabajadores a rechazar empleos en determinadas ciudades y vacía de contenido las mejoras salariales, difícilmente puede sostenerse que resulte completamente ajeno a sus intereses laborales.
La legalidad definitiva de una convocatoria concreta dependerá, en todo caso, de sus objetivos formales, de cómo se registre y de su desarrollo, no de una declaración anticipada de la patronal.
La primera gran huelga desde 2012
La dimensión política y sindical de la convocatoria es enorme porque será la primera huelga general de 24 horas respaldada conjuntamente por UGT y CCOO desde el 14 de noviembre de 2012, cuando los sindicatos paralizaron el país contra las políticas de austeridad y los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.
Esta vez el detonante será diferente. El conflicto no nace de una reforma laboral ni de un recorte directo de salarios o pensiones, sino de una realidad que ha acabado entrando de lleno en las relaciones laborales: trabajadores que tienen empleo pero no pueden independizarse, familias que destinan una parte creciente de su renta al alquiler y empresas que encuentran dificultades para cubrir determinados puestos porque sus empleados no pueden permitirse vivir cerca del lugar donde trabajan.
Álvarez ha reclamado por ello que la patronal deje de tratar la vivienda como un problema que únicamente compete al Gobierno y ha recordado que CEOE lleva más de un año sin cerrar una renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que permita avanzar en materia salarial.
El 11 de noviembre, la calle entra en los centros de trabajo
El movimiento nacido alrededor de las protestas por la vivienda afronta así un salto de enorme dimensión: pasar de las plazas, las acampadas y las manifestaciones a los centros de trabajo.
El 11 de noviembre será la prueba de hasta qué punto el malestar que ha llenado las calles puede convertirse en una movilización laboral capaz de paralizar empresas, transportes y servicios, mientras UGT y CCOO intentan construir una alianza inédita con sindicatos de inquilinos, organizaciones vecinales y movimientos sociales.
Pepe Álvarez lo ha resumido en Mañaneros 360 con una idea que explica el cambio de escenario: las subidas salariales ya no bastan cuando la vivienda “lo desbarata todo”.
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