UGT y CCOO han decidido dar un salto en la movilización por la vivienda y acordar la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño. La decisión deberá ser ratificada ahora por los máximos órganos de dirección de ambas organizaciones y todavía no existe una fecha definitiva, que los sindicatos quieren consensuar con las organizaciones sociales y el movimiento de inquilinas e inquilinos.
El comunicado conjunto, publicado este 5 de octubre, convierte el acceso a la vivienda en un conflicto laboral y de rentas: los sindicatos sostienen que ya no basta con discutir cuánto aumentan los salarios si una parte cada vez mayor de esos ingresos termina absorbida por el alquiler o por el coste de acceder a una vivienda.
La consigna que resume la convocatoria es clara: «salarios dignos para acceder a una vivienda digna».
De las manifestaciones a una huelga general
La decisión supone un cambio de escala respecto a las movilizaciones desarrolladas durante los últimos días. UGT y CCOO habían anunciado que estudiarían cómo incorporar a los centros de trabajo a las protestas después de que el Congreso rechazara los reales decretos-leyes de vivienda.
Ahora han decidido plantear directamente un paro general de 24 horas. La intención es que la movilización no quede circunscrita exclusivamente al movimiento de vivienda, sino que llegue a empresas, administraciones y centros de trabajo mediante la acción sindical.
«La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el sindicato de inquilinas», señalan UGT y CCOO, que quieren construir la convocatoria conjuntamente con quienes vienen protagonizando las protestas.
Por eso conviene precisar el momento exacto del proceso: UGT y CCOO han acordado convocar la huelga general, pero la decisión todavía debe ser ratificada formalmente y la fecha aún no está fijada.
La vivienda entra de lleno en el conflicto salarial
El elemento más novedoso de la convocatoria es el vínculo directo entre salarios y vivienda.
Los sindicatos defienden que la crisis residencial ya no puede analizarse únicamente como un problema urbanístico o asistencial. Cuando una persona necesita dedicar una parte creciente de su sueldo al alquiler, sostienen, el precio de la vivienda termina convirtiéndose también en una cuestión salarial.
Esta idea ya aparecía en la propuesta sindical para renovar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). UGT y CCOO propusieron una subida general del 4% anual entre 2026 y 2028, acompañada de incrementos adicionales de entre uno y tres puntos para los salarios situados por debajo de la media estatal y de una cláusula de revisión vinculada a las desviaciones de la inflación.
La negociación colectiva incorporaba además medidas destinadas específicamente a facilitar el acceso a la vivienda en los territorios donde el coste residencial resulta especialmente elevado.
La huelga pretende ahora trasladar ese planteamiento de las mesas de negociación a la calle: un salario puede subir nominalmente y, sin embargo, perder capacidad real para garantizar una vida digna si alquileres e hipotecas absorben el incremento.
Parque público permanente y límites al alquiler
La convocatoria tampoco nace de una reivindicación aislada. UGT y CCOO llevan meses desarrollando una propuesta conjunta sobre vivienda.
Su iniciativa sindical reclama un parque público de alquiler suficientemente amplio y de carácter permanente, utilización prioritaria del suelo público para vivienda pública y social, intervención en los precios del alquiler en las zonas tensionadas y una aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Los sindicatos defienden además que las viviendas financiadas con recursos públicos no deben terminar incorporándose posteriormente al mercado libre, precisamente uno de los problemas históricos de la vivienda protegida española.
Su planteamiento busca transformar progresivamente el modelo desde una política basada fundamentalmente en el mercado hacia otra en la que exista un parque público capaz de actuar de forma permanente sobre la oferta y los precios.
El rechazo de los decretos acelera la movilización
El detonante inmediato ha sido el rechazo parlamentario de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno a finales de septiembre.
UGT y CCOO habían defendido públicamente su convalidación y consideraban que suponían un avance en materias como los alquileres temporales y por habitaciones, la protección de personas vulnerables frente a determinados desahucios y la regulación de los grandes operadores inmobiliarios.
El Real Decreto-ley 26/2026 incluía, entre otras medidas, una regulación específica de los alquileres temporales, límites para impedir que el alquiler por habitaciones superara determinadas referencias, nuevas garantías para los arrendatarios y mecanismos de suspensión de desahucios cuando existiera vulnerabilidad y no hubiera alternativa habitacional.
Su caída en el Congreso ha provocado que los sindicatos pasen ahora de la presión política a plantear una movilización laboral de alcance estatal.
La huelga también interpela a las empresas
La convocatoria no está dirigida exclusivamente contra las administraciones.
UGT y CCOO señalan expresamente a las organizaciones empresariales, a las que reclaman que asuman que el salario debe permitir afrontar necesidades esenciales, incluida la vivienda.
Por eso colocan en el mismo terreno la renovación del AENC, el desbloqueo de convenios colectivos y la política residencial.
El planteamiento sindical puede resumirse en una ecuación sencilla: si trabajar ya no garantiza poder pagar una vivienda, el problema de la vivienda se convierte también en un problema del mercado laboral. Una huelga que quiere unir centros de trabajo y calles
La convocatoria abre ahora una segunda fase.
UGT y CCOO deberán ratificar formalmente la huelga, establecer la fecha y negociar su desarrollo con el movimiento por la vivienda. Su intención declarada es conseguir una movilización que conecte centros de trabajo, sindicatos, asociaciones vecinales y organizaciones de inquilinos.
La vivienda deja así de ser únicamente uno de los grandes problemas sociales del país para incorporarse directamente al calendario de la conflictividad laboral.
La apuesta de los sindicatos es que la discusión ya no gire exclusivamente alrededor de cuánto cobra un trabajador, sino también de cuánto le queda de ese salario después de pagar por un techo.
Y ese será el argumento con el que UGT y CCOO pretenden llevar este otoño la crisis de la vivienda hasta una huelga general.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.