El Congreso de los Diputados ha vivido una de esas jornadas que evidencian la cruda realidad de la aritmética parlamentaria frente a las promesas de los programas electorales. En una decisión que ha generado una profunda fractura social, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han unido sus votos para tumbar la enmienda que pretendía eliminar las penalizaciones económicas a los trabajadores que optan por la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados. Este movimiento conjunto de las dos principales fuerzas políticas del país bloquea de forma definitiva la reforma impulsada por Podemos, dejando sin el esperado alivio financiero a un colectivo que roza los 900.000 pensionistas en toda España.
Es cierto que la única solución para que España avance es que los dos grandes partidos se unan en una gran coalición. Sin embargo, desde el sanchismo siempre se ha insistido en que eso no es viable..., salvo que los asuntos afecten negativamente de manera directa en la vida de los ciudadanos.
La sesión plenaria estuvo marcada por una fortísima tensión política, con todas las miradas fijadas en la bancada socialista. El viraje del ala mayoritaria del Gobierno de coalición ha desatado duras acusaciones de incoherencia, dado que las siglas del puño y la rosa habían apoyado una moción idéntica apenas siete meses antes. Sin embargo, al pasar de un texto simbólico a una iniciativa con rango de ley e impacto real en el Boletín Oficial del Estado, la disciplina presupuestaria se ha impuesto a las tesis del bloque de izquierdas. La Moncloa ha justificado su rechazo amparándose en los informes técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que cifraban el coste de suprimir los coeficientes reductores de las pensiones en más de 3.300 millones de euros anuales, un gasto que el Ejecutivo considera inasumible para la estabilidad de las cuentas públicas.
La resolución del debate ha encendido los ánimos de las asociaciones de afectados, singularmente de colectivos como Asjubi40, cuyos portavoces ya tachan la postura del bipartidismo de burla flagrante a la dignidad de los trabajadores y a la propia salud democrática. Los representantes de los jubilados penalizados, que en muchos casos arrastran recortes crónicos en sus nóminas a pesar de haber contribuido al sistema durante más de cuatro décadas, han anunciado el inicio inmediato de una campaña de protestas muy agresiva dirigida específicamente contra el partido del presidente del Gobierno. Consideran inadmisible que se utilice el argumento de la sostenibilidad del sistema de pensiones para perpetuar lo que definen como un castigo financiero a quienes sostuvieron la economía nacional durante la fase más dura de su vida laboral.
En el flanco de la oposición conservadora, el posicionamiento del Partido Popular también ha causado sorpresa en los sectores sindicales. Los populares han abandonado la abstención que mantuvieron a finales del año pasado para alinearse de forma inequívoca con las tesis del rigor fiscal del Palacio de la Moncloa. Esta pinza parlamentaria ha permitido al Ejecutivo sortear la presión de sus propios socios habituales de investidura, ya que formaciones como Junts, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu o la propia plataforma Sumar —socio minoritario en el Consejo de Ministros— votaron de forma unánime a favor de la supresión de los recortes, evidenciando la creciente soledad del partido gobernante en la gestión de las políticas de bienestar.
Las reacciones políticas tras la votación anticipan un recrudecimiento del discurso de confrontación de cara a los próximos meses. Desde la dirección de la formación morada se ha denunciado con vehemencia el regreso del bipartidismo tradicional como un muro infranqueable para los derechos de las clases populares, comparando este escenario con los recortes estructurales aplicados durante la crisis financiera de la pasada década. La decisión de mantener los recortes a las pensiones contributivas de largas carreras laborales no solo cierra una ventana de oportunidad para miles de familias afectadas por el cese prematuro de la actividad profesional, sino que redefine los ejes de la confrontación ideológica en las Cortes Generales, situando el debate sobre el gasto social en el epicentro de la precampaña permanente.