Amnistía Internacional ha puesto en la diana a las multinacionales y empresas que mantienen trato comercial con Israel. “Estados, instituciones públicas y empresas de todo el mundo están facilitando con su complicidad, su apoyo o su parálisis autoimpuesta, las prolongadas violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidos su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, su ocupación ilegal de todo el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y su cruel sistema de apartheid contra toda la población palestina cuyos derechos controla, o beneficiándose de ellas”, afirma AI en un documento publicado esta semana que incluye llamamientos urgentes a Estados y empresas.
El documento menciona a 15 empresas que, según Amnistía Internacional, contribuyen a la ocupación ilegal, al genocidio o a otros crímenes de derecho internacional de Israel. Entre ellas figuran las multinacionales estadounidenses Boeing y Lockheed Martin; las empresas armamentísticas israelíes ElbitSystems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); la empresa china Hikvision; el fabricante español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); el conglomerado surcoreano HD Hyundai; la empresa de software estadounidense PalantirTechnologies; la empresa tecnológica israelí Corsight, y la empresa de aguas estatal israelí Mekorot.
“Ya es hora de que los Estados, las instituciones públicas, las empresas, las universidades y otros actores no estatales pongan fin a su adicción letal a las ganancias y los beneficios económicos a toda costa. La prolongada ocupación ilegal y décadas de apartheid ha requerido un apoyo a fondo y continuo a Israel mediante las relaciones económicas y el comercio. Mantener 23 meses de bombardeos incesantes y un genocidio en curso ha requerido un suministro interminable de armas y equipos de vigilancia respaldado por unas relaciones comerciales privilegiadas y unos Estados y unas empresas dispuestos a ignorar lo indefendible”, asegura Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Esto debe terminar. La dignidad humana no es una mercancía. Mientras las madres palestinas de Gaza tienen que ver cómo sus hijos e hijas se consumen de inanición bajo el genocidio israelí, las empresas armamentísticas y de otra índole siguen cosechando importantes beneficios. Amnistía Internacional pide a sus miembros y simpatizantes de todo el mundo que exijan el fin inmediato de la economía política que sustenta los crímenes de derecho internacional de Israel.
“El documento que publicamos hoy identifica las medidas que deben tomar los Estados para cumplir sus obligaciones: desde prohibir e inhabilitar a las empresas que contribuyen o están directamente vinculadas a los crímenes de Israel, hasta promulgar leyes y normativas efectivas, pasando por la desinversión y el cese de compras y contratos. También enumera las acciones que deberían adoptar las empresas, como la suspensión de ventas y contratos, y la desinversión”.
“Pero no nos equivoquemos: estas 15 empresas son sólo una pequeña muestra de todas las empresas responsables de sostener un gobierno que está provocando una hambruna artificial y cometiendo un homicidio masivo de civiles, que niega sus derechos fundamentales a la población palestina desde hace décadas. Todos los sectores económicos, la inmensa mayoría de los Estados y muchas entidades privadas han contribuido a sabiendas al genocidio israelí en Gaza y a su brutal ocupación y apartheid en el Territorio Palestino Ocupado o se han beneficiado de ellos”.
Amnistía Internacional publica este conjunto de llamamientos urgentes a Estados y empresas el aniversario de la resolución de 18 de septiembre de 2024 de la Asamblea General de la ONU que exigía que Israel pusiera fin a su ocupación ilegal del territorio palestino en el plazo de 12 meses desde su adopción. La resolución se adoptó para implementar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024 que declaraba que la ocupación israelí del territorio palestino es ilegal, que sus leyes y políticas discriminatorias contra la población palestina en el TPO violan la prohibición de la segregación racial y el apartheid, y que se debe poner fin rápidamente a la presencia de Israel en el TPO.
La Asamblea General de la ONU pidió a los Estados miembros que tomaran medidas concretas para implementar la declaración de la Corte y poner fin a la ocupación israelí del TPO, lo que incluía tomar “medidas para impedir que sus nacionales, empresas y entidades bajo su jurisdicción participen en actividades que respalden o sostengan la ocupación israelí [...] cesar la importación de productos originados en asentamientos israelíes y poner fin a la transferencia de armas, municiones y equipos afines a Israel en casos en los que haya motivos razonables para sospechar que podrían ser usados en el Territorio Palestino Ocupado” y “aplicar sanciones, como prohibiciones de viajar y congelación de bienes, a personas y entidades implicadas en el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio”.
“El plazo de 12 meses que estableció la resolución de la Asamblea General de la ONU para que Israel se retirase del Territorio Palestino Ocupado expira hoy, pero Israel sigue sometiendo al hambre y matando a la población palestina a diario. La mayoría de los Estados miembros no han hecho casi nada para presionar al gobierno israelí para que cumpla la resolución. Deben poner fin a su inercia, indefendible y autoimpuesta, y suspender inmediatamente todas las actividades que contribuyan a las violaciones israelíes del derecho internacional; de lo contrario, serían cómplices del crimen de derecho internacional de apartheid, de genocidio y de otros crímenes previstos en el derecho internacional”, añade Agnès Callamard.