La vía judicial del caso del ático podría beneficiar la estrategia del 'chao pescao' de Ayuso

Las cinco denuncias tramitadas en los juzgados madrileños por diversos delitos pueden convertirse, en contra de las intenciones de los denunciantes, en la gran baza de la presidenta madrileña si finalmente se da carpetazo al asunto

02 de Septiembre de 2026
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Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid

Quién le iba a decir hace nada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el ya famoso palante enarbolado insistentemente por su gurú en la Puerta del Sol, Miguel Ángel Rodríguez, en casos judiciales relacionados con dirigentes socialistas e incluso con el propio entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a convertir también en el palabro clave que determine la suerte a corto y medio plazo del futuro político de la gran esperanza trumpista en España, a las puertas de unas decisivas elecciones autonómicas madrileñas en 2027. La judicialización del caso del ático de la Presidencia de la Comunidad de Madrid es, paradójicamente, la posibilidad más clara para que Díaz Ayuso salga una vez más de rositas de un asunto espinoso, otro más, que la roza pero nunca llega a mancharla hasta el punto de tener que cambiarse uno de esos inmaculados outfit que tanto aplauden en la prensa amiga regada sin descanso y con alegría pública.

A día de hoy, cinco denuncias de distinta procedencia están sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, cuya titular es Rosario de Fátima Espinosa Merlo. En ellas se investiga la compra por Planifica Madrid, una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, de un ático en Chamberí por unos 6,3 millones de euros, supuestamente destinado a ser utilizado como despacho temporal de Díaz Ayuso durante las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.

Pese a la responsabilidad política incuestionable que tiene una decisión de estas dimensiones, por todo lo que representa, la responsabilidad penal que se pretende investigar es harina de otro costal, y puede ser, paradójicamente, el conejo en la chistera del equipo de la presidenta madrileña, que sin duda echará mano de los principales instigadores de los famosos palante de su mediático asesor de Presidencia para lograr cerrar un caso que se ha gestionado por su equipo de una forma, cuanto menos, renqueante, sonrojante y desnortada. Es la propia justicia la que, finalmente y contra todo pronóstico, puede otorgar a Díaz Ayuso bula papal para llegar inmaculada a la carrera para renovar en 2027 una nueva mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid.

La judicialización del caso del ático es, paradójicamente, la posibilidad más clara para que Díaz Ayuso salga una vez más de rositas de un asunto espinoso, otro más, que la roza pero nunca llega a mancharla

Que el ático se haya comprado por la empresa pública de la Comunidad de Madrid supuestamente para utilizarlo como despacho temporal de la presidenta no significa que Ayuso esté investigada judicialmente o que el juzgado haya determinado que está implicada en alguno de los delitos que le imputan los denunciantes. La investigación trata de determinar, primero, cómo se tomó la decisión, quién la autorizó, qué finalidad tenía realmente y si se utilizaron correctamente los fondos públicos.

Pero conforme se van conociendo nuevos datos, como el de que la propia presidenta visitó el ático después de que la Comunidad lo comprara, algo que anteriormente no se había confirmado públicamente, el cerco se va estrechando y cada vez hay más preguntas y menos respuestas. La ausencia de transparencia en un asunto de esta trascendencia con dinero público es absoluta.

Las denuncias que ya investiga el juzgado madrileño están relacionadas con irregularidades que van desde la prevaricación, para saber si se tomó una decisión administrativa injusta o arbitraria, pasando por la malversación de fondos públicos, además de la falsedad documental y la necesidad real y justificada de la compra por un valor de 6,3 millones de euros. También deberá dirimirse las condiciones de la posterior venta del inmueble, a un precio superior en 400.000 euros a la cantidad por el que la Comunidad de Madrid lo compró a una particular.

Llegados a este punto, y con todos estos datos a día de hoy sobre la mesa, será definitivamente la justicia la que tenga que retratarse en un caso que, políticamente, deja muchos interrogantes en el tintero y va perfilando claramente el sentido de la operación inmobiliaria, finalmente abortada de forma abrupta y chocante. La presidenta madrileña, mientras tanto, ya sale perfectamente retratada casi a diario en la prensa que la mima con cariño y jalea sonrojantemente sus outfit.

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