Isabel Díaz Ayuso quiso dar por terminado el caso del ático de Chamberí el pasado 24 de agosto con una de esas expresiones destinadas a convertirse inmediatamente en titular: “Está en venta, chao pescao”. Una semana después, el ático sigue efectivamente a la venta, pero el asunto está mucho más lejos de desaparecer que cuando la presidenta madrileña pronunció aquellas palabras. El expediente continúa sin conocerse íntegramente, siguen apareciendo informaciones sobre cómo se buscó y seleccionó el inmueble, la operación ha llegado a la prensa internacional y, desde este 1 de septiembre, PSOE de Madrid y Más Madrid han solicitado personarse como acusación popular en la investigación judicial abierta sobre la compra realizada por la empresa pública Planifica Madrid.
Hay además una circunstancia política difícil de ignorar. En la agenda pública oficial consultada de la Comunidad de Madrid, el último acto protagonizado por Ayuso es precisamente el del 24 de agosto en San Martín de Valdeiglesias, donde visitó zonas afectadas por los incendios y volvió a ser preguntada por el ático. Desde entonces aparecen numerosos actos de sus consejeros, pero no nuevas comparecencias públicas de la presidenta. Esto no permite afirmar que Ayuso se haya “escondido” deliberadamente para evitar el caso, porque no existe prueba de que esa sea la razón, pero sí permite constatar un hecho: desde que intentó cerrar públicamente la polémica, ha reducido su exposición directa ante los periodistas justo cuando el caso entraba en su fase más complicada.
El problema para la estrategia del “chao pescao” es que vender el inmueble no responde a las preguntas sobre su compra. Planifica Madrid desembolsó en abril 6,3 millones de euros de dinero público por una vivienda de lujo en el número 35 de General Martínez Campos que, según la explicación inicial del Gobierno regional, debía cubrir provisionalmente las necesidades de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos. La controversia surgió cuando se conoció que la búsqueda no parecía diseñada como la localización convencional de unas oficinas administrativas, sino que se había encargado a una inmobiliaria especializada en vivienda de lujo un inmueble de entre 250 y 400 metros cuadrados y con una “gran terraza”. El ático finalmente adquirido superó incluso esas dimensiones, con unos 485 metros cuadrados y alrededor de 200 de terraza.
De la polémica política a la investigación judicial
La situación ha dado ahora un salto cualitativo porque Más Madrid y el PSOE han solicitado incorporarse como acusación popular al procedimiento que tramita la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. La investigación se abrió a raíz de las denuncias remitidas por la Fiscalía, entre ellas la presentada por los socialistas, además de las promovidas por Iustitia Europa y particulares. La personación de ambos partidos deberá ser aceptada por el órgano judicial y no supone que se haya acreditado delito alguno, pero les permitiría participar directamente en la causa, conocer la documentación incorporada al procedimiento y solicitar diligencias.
Más Madrid sostiene en su escrito que, si los hechos denunciados fueran ciertos, podría haberse producido una actuación contraria al interés general y cita posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público. Se trata de la calificación planteada por la acusación, no de una conclusión judicial, y precisamente la instrucción tendrá que determinar si existieron irregularidades y si estas tienen o no relevancia penal.
La cuestión fundamental sigue siendo extraordinariamente sencilla: ¿por qué aquel inmueble? Quién decidió buscarlo, quién estableció las características que debía reunir, por qué se recurrió a una inmobiliaria especializada en viviendas exclusivas, qué alternativas se estudiaron, por qué se descartaron y qué interés público justificaba desembolsar 6,3 millones de euros por una propiedad que posteriormente se decidió vender prácticamente inmediatamente después de hacerse pública la operación.
La existencia de una alternativa anterior hace todavía más necesaria la documentación. Antes de comprar el ático de General Martínez Campos se había valorado una propiedad en Pintor Rosales, con aproximadamente 350 metros cuadrados y unos 200 metros de terraza, por alrededor de cuatro millones de euros. Es decir, unos 2,3 millones menos. Que se descartara esa opción puede tener una explicación perfectamente razonable, pero esa explicación debería aparecer en el expediente administrativo y ser susceptible de escrutinio público cuando el dinero empleado pertenece a los contribuyentes.
La transparencia se convierte en otro problema
Precisamente ahí se encuentra otra de las complicaciones del caso. Planifica Madrid ha retrasado la entrega de documentación solicitada al amparo de la Ley de Transparencia alegando el elevado número y la complejidad de las peticiones recibidas. Entre los documentos reclamados se encuentran actas del consejo de administración, informes técnicos, criterios de selección, tasaciones y la escritura de compraventa, información que permitiría reconstruir cómo se tomó una decisión excepcional dentro de la actividad habitual de una empresa pública dedicada fundamentalmente a la ejecución de infraestructuras.
La explicación de la confidencialidad también ha perdido fuerza después de que Astrid Gil-Casares, propietaria del ático antes de la operación, autorizara por escrito a la Comunidad de Madrid a revelar los detalles de la compraventa. Según la información publicada, la cláusula de confidencialidad no había sido exigida por ella, lo que deja todavía menos argumentos para mantener fuera del conocimiento público los elementos esenciales de una operación financiada íntegramente con dinero público.
Mientras esos documentos siguen pendientes, Ayuso ha derivado las explicaciones hacia el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que deberá comparecer en la Asamblea de Madrid para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica. El Gobierno regional mantiene que ya ha dado explicaciones suficientes y el alcalde José Luis Martínez-Almeida sostiene que la oposición está intentando “estirar el chicle” de una polémica que, a su juicio, no ha causado perjuicio patrimonial. Sin embargo, la apertura de una investigación judicial y la solicitud de personación de los dos principales grupos de la oposición impiden considerar administrativamente cerrado el asunto.
Ayuso habla en redes, pero evita la pregunta inevitable
No puede afirmarse que Ayuso haya desaparecido de la actividad política. Continúa interviniendo a través de sus redes sociales, difundiendo mensajes sobre Ceuta, el Gobierno central y otros asuntos de actualidad, mientras sus consejeros mantienen la actividad ordinaria del Ejecutivo madrileño. Lo llamativo es otra cosa: la ausencia de la presidenta de escenarios en los que pueda encontrarse directamente con las preguntas de los periodistas después del 24 de agosto.
La diferencia es políticamente relevante porque desde aquel «chao pescao”las preguntas no han disminuido, sino que se han multiplicado. Una nueva comparecencia abierta conduciría inevitablemente a cuestiones sobre la gran terraza, el inmueble de Pintor Rosales, los 6,3 millones, la confidencialidad, la documentación pendiente, la investigación judicial y la afirmación de Alberto Núñez Feijóo de que conocía desde abril que el Gobierno regional buscaba una solución inmobiliaria temporal, mientras Ayuso había sostenido inicialmente que no tenía conocimiento de la compra.
A esa presión nacional se ha añadido además la internacional. The Guardian dedicó el 30 de agosto un amplio artículo al caso bajo el significativo título The president and the penthouse, destacando precisamente la dificultad para explicar que un Gobierno regional comprara por 6,3 millones una vivienda de lujo destinada supuestamente a funcionar como espacio temporal de trabajo. El periódico británico subrayó también que la decisión de poner el inmueble en venta no había conseguido cerrar la controversia.
Ese es probablemente el mayor error político de la expresión «chao pescao». Una frase ingeniosa puede servir para terminar una rueda de prensa, pero no puede cerrar un expediente administrativo ni una investigación judicial. Al contrario, cuanto más se intenta presentar el asunto como terminado, mayor resulta el contraste con cada nueva información que aparece.
La presidenta madrileña puede tener razones perfectamente legítimas para no haber protagonizado nuevos actos públicos durante estos días y sería impropio atribuirle sin pruebas una estrategia consciente de ocultación. Sin embargo, el calendario produce una imagen política difícil de evitar: Ayuso intentó cerrar el caso el 24 de agosto y, desde entonces, mientras ella se apartaba de los micrófonos, el ático pasó de ser una polémica incómoda a convertirse en un asunto investigado por un juzgado en el que PSOE y Más Madrid quieren ejercer la acusación popular.
La venta podrá decidir el futuro del inmueble, pero no el del expediente. Para cerrar realmente esta historia ya no bastará con encontrar comprador ni con repetir que no existe perjuicio para las arcas públicas. Será necesario conocer quién tomó las decisiones, por qué se eligió aquella vivienda, qué documentos sustentaron la operación y si la compra de 6,3 millones se ajustó escrupulosamente a las obligaciones que acompañan al manejo del dinero público.
Hasta que esas respuestas lleguen, el problema del “chao pescao”es precisamente ese: Ayuso dio por terminado un caso que acaba de empezar a explicarse.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.