El intento de Isabel Díaz Ayuso de dar por cerrado el caso del ático de Chamberí con su ya célebre «Está en venta, chao pescao» no ha conseguido poner fin a una operación que entra en septiembre con una dimensión judicial mucho mayor que la que tenía cuando comenzó el verano. PSOE de Madrid y Más Madrid han solicitado este lunes personarse como acusación popular en las diligencias abiertas por la compra de la vivienda de lujo por 6,3 millones de euros realizada por Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia. Más Madrid añade además una segunda vía, después de acudir al Tribunal de Cuentas para determinar si la operación pudo provocar un perjuicio económico al patrimonio público.
La diferencia respecto a semanas anteriores no es menor. Hasta ahora la polémica giraba fundamentalmente alrededor de las explicaciones políticas sobre por qué la Comunidad necesitaba un ático residencial de 481 metros cuadrados y una terraza de casi 200 metros para solucionar provisionalmente las necesidades de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos. A partir de ahora, si el juzgado admite las personaciones, PSOE y Más Madrid podrán intervenir directamente en una investigación penal, acceder a la documentación incorporada al procedimiento, solicitar diligencias y participar activamente en el esclarecimiento de la operación.
La causa se encuentra en las diligencias previas 2317/2026 de la plaza de Instrucción número 8 de Madrid, después de que la Fiscalía remitiera al juzgado cuatro denuncias —tres de particulares y una del PSOE— al comprobar que ya existía un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos. Las denuncias ponen especialmente el foco en las actuaciones del consejo de administración de Planifica Madrid y en el procedimiento seguido para adquirir el inmueble. Eso no significa que Ayuso esté actualmente investigada ni que exista una declaración judicial de que se haya cometido delito alguno: la instrucción se encuentra precisamente en la fase destinada a determinar qué ocurrió y si existe relevancia penal.
Del expediente administrativo a una investigación penal
Más Madrid sostiene en su escrito que existen indicios de que la adquisición podría no haberse ajustado al procedimiento legalmente exigible y considera necesario analizar tanto las actuaciones anteriores como las posteriores a la compra. La formación menciona posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público, aunque corresponde exclusivamente al juzgado determinar si esos indicios existen y, eventualmente, a quién podrían atribuirse.
Una de las cuestiones sobre las que Más Madrid pretende obtener respuesta es particularmente sencilla de formular y hasta ahora no ha recibido una explicación documental completa: cuál era exactamente el interés público que justificaba comprar aquel inmueble concreto. Su escrito sostiene que la operación habría recibido «impulso político» y cuestiona que exista una acreditación suficientemente clara de la necesidad administrativa que llevó a Planifica Madrid a desembolsar 6,3 millones.
El PSOE de Madrid plantea preguntas similares, pero ha concretado además un amplio catálogo de diligencias. Los socialistas quieren que se aporte la escritura de compraventa y toda la documentación interna de Planifica Madrid: actas del consejo de administración, informes, tasaciones, comunicaciones, acuerdos de confidencialidad y documentación sobre la financiación de la adquisición. También solicitan declaraciones de la vendedora y de la inmobiliaria que intervino, informes de Patrimonio y del Ayuntamiento sobre el uso urbanístico permitido, el expediente de las obras de la Real Casa de Correos y una tasación independiente que determine cuánto valía realmente el inmueble el 14 de abril, fecha en la que se formalizó la compra.
La «gran terraza» vuelve al centro de la investigación
Las últimas informaciones conocidas durante agosto han complicado la explicación inicial de la Comunidad. Antes de adquirir el ático, Planifica Madrid encargó a la inmobiliaria de lujo Promora la búsqueda de un piso de entre 250 y 400 metros cuadrados con una «gran terraza». Finalmente acabó comprando un inmueble todavía mayor, de aproximadamente 481 metros, por 6,3 millones de euros. Previamente se había examinado otra propiedad en Pintor Rosales, de unos 350 metros cuadrados y alrededor de 200 de terraza, cuyo precio rondaba los cuatro millones.
La cuestión resulta relevante porque la explicación oficial ha sido que el inmueble iba a cubrir temporalmente las necesidades de Presidencia durante las obras de Sol, mientras que la búsqueda se realizó a través de una empresa especializada en viviendas de lujo y entre los requisitos figuraba una gran terraza. El PSOE sostiene además que la normativa urbanística del inmueble comprado, situado en una novena planta residencial, plantea problemas para el uso administrativo que se invocó para justificar la operación.
A ello se añade una novedad que puede terminar siendo importante para esclarecer el expediente. Astrid Gil-Casares, la propietaria que vendió el ático, ha autorizado por escrito a la Comunidad de Madrid a revelar los detalles de la compraventa, después de que Planifica alegara cuestiones relacionadas con la confidencialidad para responder a solicitudes de transparencia. La autorización reduce considerablemente las razones para que la documentación esencial de la operación continúe fuera del conocimiento público.
Venderlo no liquida las preguntas
Planifica Madrid decidió finalmente sacar el inmueble al mercado por 6,69 millones de euros sin impuestos, unos 390.000 euros por encima del precio de adquisición, argumentando que los recursos obtenidos se destinarían a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Pero la venta tampoco elimina el debate sobre el coste real de la operación, porque a los 6,3 millones abonados por el inmueble se añadieron aproximadamente 378.000 euros correspondientes al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Precisamente por esa razón Más Madrid ha abierto paralelamente la vía del Tribunal de Cuentas, donde reclama investigar si la compra y posterior venta pueden haber provocado un menoscabo de fondos públicos. La cuestión contable es distinta de la penal: no se trata necesariamente de demostrar un delito, sino de determinar si determinadas decisiones produjeron un perjuicio económico al patrimonio público y, en caso afirmativo, si existen responsables contables.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que la polémica «no da más de sí», que no existe perjuicio patrimonial y que la izquierda está «desesperada» intentando prolongar el asunto hasta las elecciones de 2027. El Gobierno regional mantiene igualmente que las explicaciones ya se han ofrecido, mientras el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha solicitado comparecer en la Asamblea para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid.
El "chao pescao" ya no basta
El verdadero problema para Ayuso es que la historia ha dejado de depender exclusivamente del debate político. La presidenta puede considerar que todo está explicado y Planifica puede vender mañana el inmueble, pero una venta no borra el procedimiento mediante el que fue comprado ni responde por sí sola a quién decidió buscar aquella propiedad, por qué se exigieron determinadas características, qué alternativas fueron descartadas, cómo se justificó el gasto y qué controles administrativos existieron antes de desembolsar el dinero público.
La oposición tendrá ahora que demostrar ante el juzgado que sus sospechas tienen sustento y la Comunidad dispondrá de la oportunidad de acreditar documentalmente la legalidad y racionalidad de la operación. No corresponde anticipar cuál será el resultado de una investigación que apenas comienza, pero sí puede afirmarse que el caso ha entrado en una fase nueva.
El ático ya no es solamente una polémica política que pueda cerrarse con una frase ingeniosa. Es una operación de 6,3 millones de euros sometida a investigación judicial, con cinco denuncias acumuladas, dos partidos tratando de ejercer la acusación popular y una actuación paralela ante el Tribunal de Cuentas.
Y eso convierte el «chao pescao» de Ayuso en algo bastante menos definitivo de lo que pretendía ser.
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