La polémica por el ático de 6,3 millones de euros comprado por la Comunidad de Madrid ha dejado de ser un asunto encerrado en la política regional. Pedro Sánchez ha decidido entrar de lleno en una crisis que afecta a Isabel Díaz Ayuso y lo ha hecho utilizando algunas de las palabras más duras pronunciadas hasta ahora sobre la operación, precisamente cuando The Guardian dedica un amplio artículo al caso y lleva fuera de España las incógnitas que desde hace semanas rodean la adquisición del inmueble.
Preguntado por el ático durante una entrevista, Sánchez no recurrió a circunloquios. «Yo creo que es lo que parece», respondió inicialmente, antes de explicar qué cree él que parece: "Esta señora ha querido comprarse un “aticazo” con la pasta de los madrileños para vivir en él y que se la ha pillado". Es una acusación política de enorme gravedad que, conviene subrayarlo, expresa la interpretación del presidente del Gobierno y no un hecho acreditado judicialmente. Lo que sí está acreditado es la compra del inmueble por 6,3 millones de euros con dinero público y la existencia de una investigación judicial sobre la operación.
La entrada de Sánchez en el caso eleva considerablemente la temperatura política porque no se limita a cuestionar el precio o la oportunidad de la adquisición, sino que sitúa directamente el problema en el terreno de la transparencia, la rendición de cuentas y las responsabilidades dentro del Partido Popular. El presidente pone además el foco sobre Alberto Núñez Feijóo, después de que el líder del PP reconociera que conocía desde abril que el Gobierno madrileño estaba buscando un espacio para utilizarlo temporalmente mientras se acometían las obras en la Real Casa de Correos. La pregunta que plantea Sánchez es difícil de esquivar: si Ayuso sostiene que desconocía la operación y Feijóo afirma que había sido informado de ella, ¿qué sabía exactamente el presidente nacional del PP que, según la versión de la propia presidenta madrileña, ella no sabía?
The Guardian convierte el ático en noticia internacional
La polémica ha alcanzado ahora una dimensión particularmente incómoda para la Comunidad de Madrid porque The Guardian ha dedicado al asunto un artículo firmado por su corresponsal en España, Sam Jones, bajo un título que contiene por sí solo buena parte de las contradicciones del caso: The president and the penthouse: how Madrid’s government spent €6.3m on a temporary ‘office’.
El periódico británico presenta a Ayuso como una de las figuras más reconocibles de la derecha española y recuerda precisamente su permanente enfrentamiento con Sánchez y sus reiteradas acusaciones de corrupción contra el PSOE, antes de explicar que ahora es su propio Gobierno el que afronta una creciente presión para aclarar una compra realizada con fondos públicos. La atención internacional resulta especialmente dañina porque el caso se entiende con extraordinaria facilidad fuera de las trincheras de la política madrileña: 6,3 millones de euros públicos para adquirir una vivienda de lujo que debía servir supuestamente como espacio de trabajo provisional.
Y ahí empiezan las preguntas que han impedido que el asunto desaparezca pese a que Ayuso intentó zanjarlo con su ya famoso "Está en venta. Chao pescao".
¿Por qué para buscar unas oficinas provisionales se acudió a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo? ¿Por qué entre los requisitos figuraban una superficie de entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza? ¿Por qué se terminó adquiriendo un inmueble todavía mayor, de unos 485 metros cuadrados y aproximadamente 200 metros de terraza, cuando previamente se había estudiado una alternativa en Pintor Rosales por unos cuatro millones de euros, es decir, alrededor de 2,3 millones menos?
Son preguntas administrativas antes que ideológicas, y precisamente por eso resultan difíciles de neutralizar con una frase brillante o una confrontación partidista.
Una oficina que jurídicamente era una vivienda
Uno de los aspectos que The Guardian destaca especialmente es probablemente el más difícil de explicar: el inmueble fue presentado inicialmente como un espacio destinado a sustituir temporalmente el despacho presidencial durante las obras de la Real Casa de Correos, pero su régimen urbanístico correspondía a un uso residencial, no al de una oficina convencional. Ayuso sostuvo posteriormente que serviría para reuniones institucionales y afirmó no tener «la menor idea» sobre los detalles de la adquisición, mientras su Gobierno terminó anunciando la venta de la propiedad.
El problema político no desapareció con la decisión de venderla porque vender un inmueble no explica por qué se compró. Tampoco resuelve quién estableció sus características, quién decidió recurrir a una agencia especializada en viviendas exclusivas, quién descartó otras alternativas y por qué una empresa pública terminó desembolsando 6,3 millones de euros por aquella propiedad.
Hasta el propio Feijóo ha reconocido que el departamento correspondiente debe explicar por qué se compró un inmueble que no podía utilizarse como una oficina en sentido estricto, una posición que The Guardian recoge como muestra de que las dudas ya no proceden únicamente de la izquierda madrileña. El caso, además, se encuentra bajo investigación judicial después de varias denuncias relacionadas con la compra, mientras Más Madrid ha llevado también la operación ante el Tribunal de Cuentas.
Sánchez encuentra el flanco más incómodo de Ayuso
Sánchez sabe perfectamente dónde golpea cuando habla del «aticazo». Durante años Ayuso ha construido buena parte de su identidad política sobre una combinación de confrontación frontal con Moncloa, denuncia del gasto público y acusaciones continuas de corrupción contra el Gobierno socialista. Por eso una operación inmobiliaria de estas características, financiada con fondos públicos y todavía deficientemente explicada, toca uno de los puntos más sensibles de su discurso.
El presidente va incluso más lejos y relaciona el episodio con lo que considera una «sensación de impunidad» de determinados dirigentes de la derecha, aunque esa valoración pertenece ya claramente al terreno de la confrontación política. Su descripción de una presidenta que, en vez de buscar una vivienda como cualquier ciudadano, habría pedido a una empresa un inmueble de unos 400 metros cuadrados es deliberadamente demoledora y pretende convertir la operación en un símbolo reconocible para cualquier elector.
Sin embargo, el verdadero problema para Ayuso no son las palabras de Sánchez, porque la presidenta madrileña lleva años convirtiendo sus enfrentamientos con él en combustible electoral. El problema es que las preguntas existen aunque se elimine a Sánchez de la ecuación, y eso es precisamente lo que demuestra que un periódico como The Guardian haya considerado que la historia merece ser explicada a sus lectores internacionales.
El politólogo Pablo Simón señala en el diario británico que la falta de explicaciones claras y la investigación judicial han generado un desgaste transversal que alcanza tanto a sectores de izquierda como de derecha, y plantea incluso que, aunque probablemente no impediría una nueva victoria electoral de Ayuso, podría dificultar la conservación de su mayoría absoluta.
Ahí está la verdadera dimensión de esta crisis. Ayuso puede enfrentarse políticamente a Sánchez, atacar a la izquierda, cuestionar a los medios y repetir que el ático está en venta, pero todavía falta una explicación completa de por qué la Comunidad de Madrid decidió gastar 6,3 millones de euros públicos en aquella vivienda y por qué aquella era la opción que necesitaba la Presidencia regional.
El «chao pescao» pretendía poner un punto final. La investigación judicial, las contradicciones internas del PP, las nuevas iniciativas ante el Tribunal de Cuentas y ahora la entrada de The Guardian en el caso indican exactamente lo contrario: el ático podrá estar en venta, pero políticamente la historia está muy lejos de haberse vendido como cerrada.
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