Un mes después de la mayor crisis vivida por Ceuta en décadas, Pedro Sánchez ha ofrecido una de las explicaciones más completas del Gobierno sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio y, al hacerlo, ha reconocido una realidad que probablemente constituye la cuestión central de todo lo sucedido: el Estado sabía que estaba aumentando la presión sobre la frontera, había recibido informes de situación y había adoptado algunas medidas preventivas, pero nadie fue capaz de anticipar que decenas de miles de personas terminarían entrando en la ciudad en apenas unas horas.
Según los datos manejados por el presidente, alrededor de 70.000 personas entraron en Ceuta durante aquellas dos jornadas y aproximadamente nueve de cada diez regresaron posteriormente a Marruecos, mientras que todavía permanecerían en la ciudad unas 5.000 personas, entre ellas alrededor de 1.200 menores no acompañados. La situación continúa, por tanto, lejos de la normalidad, aunque el Gobierno sostiene que desde el 10 de agosto se han producido otros 3.222 retornos voluntarios y que no se están registrando nuevas entradas significativas por la frontera.
La entrevista en Hoy por hoy en la Cadena SER deja, sin embargo, una afirmación política particularmente relevante porque Sánchez reconoce expresamente que las medidas adoptadas durante los días anteriores a la crisis “se demostraron claramente insuficientes”. Entre el 26 y el 29 de julio se habían celebrado reuniones entre las autoridades ceutíes y la Administración General del Estado ante el incremento de las entradas a nado, mientras que tanto el CNI como la Policía Nacional habían elaborado informes de situación. Como consecuencia de aquellas señales se reforzó la seguridad fronteriza y se preparó el CETI para un eventual aumento de llegadas, pero, según sostiene el presidente, ninguna información permitió anticipar una movilización de la dimensión que finalmente se produjo.
El Gobierno todavía no sabe exactamente qué ocurrió
Sánchez tampoco intenta presentar como cerrada una investigación que todavía mantiene importantes incógnitas, ya que reconoce que el Gobierno no dispone de un conocimiento completo de los acontecimientos y que continúa intentando determinar cómo pudo producirse una concentración humana de semejante magnitud en un periodo de tiempo tan reducido.
La explicación con la que trabaja Moncloa parte de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo conocida el 8 de julio, cuyo contenido habría sido convertido en redes sociales en la falsa promesa de que quien consiguiera alcanzar Ceuta a nado no podría ser devuelto. El presidente sostiene que aquella desinformación fue amplificada por organizaciones criminales vinculadas al tráfico de seres humanos y terminó encontrando un terreno especialmente peligroso en una frontera marcada por una enorme desigualdad económica y social entre ambos continentes.
Después de la crisis, según Sánchez, determinadas redes vinculadas a Rusia e Israel y sectores de lo que denomina una “internacional ultraderechista” aprovecharon el episodio para amplificar mensajes destinados a utilizar políticamente la inmigración y alimentar la polarización dentro de España y de Europa. El presidente remite para sostener parte de esta afirmación a informaciones procedentes de instituciones europeas, aunque evita establecer una relación directa entre esas campañas de desinformación posteriores y la responsabilidad de un Estado concreto en la génesis de los acontecimientos.
La explicación que ofrece el Gobierno resulta así bastante más compleja que la búsqueda de un único responsable: una frontera extraordinariamente desigual, movimientos migratorios, redes sociales capaces de movilizar a miles de personas, mafias que explotan esas expectativas y unos sistemas de inteligencia que detectaron un incremento del riesgo, pero que no consiguieron calcular su verdadera dimensión.
Marruecos seguirá siendo imprescindible
Una parte especialmente delicada de la entrevista se refiere a Marruecos, porque Sánchez es preguntado directamente por la posibilidad de que Rabat conociera o incluso hubiera permitido la concentración de decenas de miles de personas en los alrededores de Ceuta. Su respuesta es tajante en un aspecto: afirma que no existe ninguna información procedente del CNI, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los servicios de inteligencia con los que colabora España que permita atribuir a las autoridades marroquíes una participación en la crisis.
El presidente defiende por ello mantener la cooperación con Marruecos, no como una concesión política a Rabat, sino como una necesidad derivada de la propia geografía. La frontera no puede gestionarse exclusivamente desde uno de sus lados y, como recuerda Sánchez, las autoridades marroquíes comenzaron el 31 de julio a desplegar efectivos en Castillejos para contener nuevas entradas, mientras actualmente colaboran en los procedimientos de retorno.
Su fórmula resume buena parte de la estrategia gubernamental: “unidad de acción de puertas para dentro y cooperación de puertas para fuera”. Sánchez sostiene que deteriorar la relación con Marruecos en este momento no fortalecería a Ceuta, sino que haría todavía más difícil gestionar una situación que únicamente puede resolverse mediante la combinación de seguridad, diplomacia y cooperación.
De 500 plazas a una capacidad para 6.000 personas
La dimensión de la crisis queda también reflejada en la transformación acelerada del sistema de acogida. Antes del 30 de julio, la Administración General del Estado disponía de alrededor de 500 plazas en Ceuta; actualmente existen unas 3.300 activadas y el acuerdo alcanzado con la Ciudad Autónoma debería permitir llegar próximamente a las 6.000. En el caso de los menores, cuya atención corresponde a Ceuta, se ha pasado aproximadamente de 200 plazas a 1.200.
El objetivo gubernamental consiste en sacar de la calle a las personas que todavía permanecen sin alojamiento estable y acelerar su identificación, los procedimientos de asilo y, cuando legalmente corresponda, las devoluciones. Sánchez considera que una parte importante de quienes permanecen en la ciudad emigraron por razones económicas y previsiblemente no tendrán derecho a protección internacional, aunque insiste en que esa decisión debe producirse mediante el examen individualizado de cada expediente y no a través de devoluciones indiscriminadas.
Ahí se encuentra también uno de los mensajes políticos que el presidente intenta colocar frente a las propuestas más duras de la oposición: la fortaleza del Estado no es incompatible con el respeto a los derechos humanos. Sánchez promete contundencia frente a quienes hayan cometido delitos, independientemente de su nacionalidad, pero recuerda que menores, solicitantes de asilo y personas susceptibles de devolución están sometidos a procedimientos distintos que España está obligada a respetar.
Más policías, pero ninguna frontera completamente invulnerable
Ceuta dispone actualmente, según los datos ofrecidos por el presidente, de alrededor de 1.600 policías nacionales y guardias civiles, lo que supone una ratio de presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cercana a cuatro veces la media española.
A ello se añaden inversiones acumuladas desde 2018 y nuevos proyectos destinados a reforzar los perímetros fronterizos, pero Sánchez introduce una afirmación que puede resultar incómoda y al mismo tiempo razonable: ningún Gobierno puede garantizar una impermeabilidad absoluta en las dos únicas fronteras terrestres que España y la Unión Europea mantienen con África. Su compromiso consiste en elevar al máximo la capacidad de prevención y respuesta, no en prometer una seguridad absoluta que la experiencia de julio acaba de demostrar imposible.
168 millones para que Ceuta vuelva a mirar hacia delante
La respuesta que prepara el Gobierno tampoco quiere limitarse a policías, centros de acogida y dispositivos fronterizos, porque la crisis ha golpeado directamente la actividad económica y la sensación de seguridad de una ciudad cuya prosperidad no puede depender permanentemente de lo que ocurre en la frontera.
Sánchez anuncia por ello una ampliación extraordinaria del plan económico para Ceuta dotada con 168 millones de euros, una cantidad que equivale aproximadamente al 8% del PIB de la ciudad según las cifras ofrecidas durante la entrevista. Entre las medidas previstas figuran ayudas a pymes y autónomos y una reducción del 75% de determinadas aportaciones empresariales a la Seguridad Social durante 2026 y 2027, con el objetivo de recuperar actividad, inversión y confianza.
Felipe VI y Ceuta
Incluso la dimensión simbólica aparece en la conversación cuando Sánchez considera que existen argumentos suficientes para que Felipe VI visite finalmente Ceuta y Melilla, una cuestión que asegura haber tratado con el jefe del Estado y que deberá coordinarse entre el Gobierno y la Casa Real.
Un mes después del 30 de julio, la crisis no está cerrada y tampoco lo están todas las preguntas sobre su origen, pero la entrevista de Sánchez deja al menos una admisión fundamental: hubo señales previas y hubo medidas preventivas, pero ninguna de ellas estuvo a la altura de lo que finalmente ocurrió. El verdadero examen para el Gobierno comienza precisamente ahí, porque no bastará con alojar a quienes permanecen en Ceuta, tramitar miles de expedientes o aumentar el número de agentes; será necesario averiguar cómo una presión que ya estaba siendo observada pudo convertirse en una movilización de unas 70.000 personas sin que el Estado consiguiera anticipar su verdadera dimensión.
La respuesta definitiva a la crisis llegará cuando Ceuta recupere la normalidad, pero también cuando España sea capaz de demostrar que ha aprendido del 30 de julio y que, ante una próxima señal de alarma, no volverá a descubrir la magnitud del problema cuando el problema ya haya atravesado la frontera.
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