José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso han conseguido transformar una aclaración administrativa en una nueva ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, de paso, colocar otra vez la crisis de Ceuta al servicio de la confrontación partidista. El problema es que esta vez existe un documento que permite comprobar qué ocurrió y la distancia entre lo que dice ese escrito y el relato lanzado inmediatamente por el Ayuntamiento y amplificado por la presidenta madrileña resulta difícil de justificar.
La Delegación del Gobierno no prohibió la concentración prevista en Cibeles en apoyo a Ceuta. Señaló que el Ayuntamiento había comunicado incorrectamente la convocatoria por la vía del derecho fundamental de reunión y explicó que una Administración pública debía organizarla como acto institucional. Pero en la misma comunicación dejó expresamente abierta su celebración y posteriormente confirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conocerían la convocatoria para garantizar su seguridad.
Ante las informaciones falsas difundidas por el Ayuntamiento de Madrid y publicadas en algunos medios de comunicación:
— Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) September 1, 2026
La Delegación del Gobierno no ha prohibido ningún acto en apoyo a Ceuta.
Los ayuntamientos que han convocado concentraciones pueden celebrarlas como actos… pic.twitter.com/5nGYbi0ih3
Pese a ello, el Gobierno de Almeida anunció públicamente que la Delegación había «prohibido» la concentración y acusó al Ejecutivo de Sánchez de intentar «boicotear» las muestras de solidaridad con Ceuta. No era una interpretación de un documento ambiguo en su conclusión: la carta señalaba expresamente que la cuestión formal detectada no impedía al Ayuntamiento organizar el acto. (El País)
Ese matiz jurídico desapareció inmediatamente de la batalla política.
Almeida necesitaba un boicot y convirtió un trámite en una prohibición
La actuación del Ayuntamiento resulta especialmente cuestionable porque fue precisamente el Consistorio el que había empleado una vía jurídica que la Delegación consideró incorrecta. En lugar de reconocer la diferencia entre una manifestación convocada por ciudadanos y un acto institucional promovido por una Administración pública, el Gobierno municipal convirtió la corrección del procedimiento en una supuesta restricción de libertades.
La Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión es bastante clara: ninguna reunión está sometida a autorización previa. Las manifestaciones en lugares de tránsito público se comunican a la autoridad gubernativa y solo pueden ser prohibidas cuando concurran razones fundadas relacionadas con una alteración del orden público que implique peligro para personas o bienes. Nada de eso fue invocado para impedir el acto de Cibeles porque, sencillamente, el acto no fue impedido.
Por tanto, Almeida tenía derecho a discrepar del criterio jurídico de la Delegación, a considerarlo innecesariamente formalista e incluso a discutir públicamente si un Ayuntamiento debería poder utilizar otro cauce para una convocatoria de estas características. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es hablar de «boicot» cuando la propia Administración acusada de boicotear confirma que el acto puede seguir adelante.
La concentración se mantiene, Cibeles continúa siendo el escenario y la Policía no ha recibido instrucciones para impedirla, sino información destinada a protegerla.
¿Dónde está entonces el boicot?
Ayuso entra con los antidisturbios que nadie había enviado
Isabel Díaz Ayuso consiguió elevar todavía más el tono con una frase diseñada para circular en redes: «No tiene narices a mandarnos a los antidisturbios».
No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios.https://t.co/Phij4lO8AN
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 1, 2026
La expresión dibuja una escena de enorme potencia política: Ayuso y los madrileños defendiendo a Ceuta frente a un Gobierno dispuesto a enviar unidades policiales para impedirles manifestarse. Solo existe un inconveniente: esa escena no estaba sucediendo.
Nadie había comunicado el envío de antidisturbios para disolver la concentración. Nadie había prohibido acudir a Cibeles. Nadie había suspendido el acto. Por el contrario, la Delegación del Gobierno había informado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad precisamente para garantizar su celebración.
La frase de Ayuso no responde, por tanto, a una amenaza real de intervención policial conocida, sino que introduce en el debate una imagen que convierte un desacuerdo administrativo en un enfrentamiento casi físico entre el Gobierno central y quienes pretenden solidarizarse con Ceuta.
Es una técnica política eficaz porque sustituye una discusión aburrida sobre personalidad jurídica y derecho de reunión por una imagen mucho más rentable: Sánchez contra Ceuta, Sánchez contra Madrid y los antidisturbios esperando detrás.
Pero precisamente por eso hay que exigir más responsabilidad a quien preside una comunidad autónoma.
Primero se lanza la acusación y después llegan los hechos
El episodio retrata una forma de hacer política en la que la velocidad del mensaje parece importar más que la comprobación completa del documento que lo origina. El Ayuntamiento anunció una prohibición; Feijóo aseguró que al Gobierno le daba miedo «que España hable»; Miguel Tellado insinuó incluso que Félix Bolaños podía estar detrás de una operación de los delegados gubernamentales, y Ayuso terminó invocando a los antidisturbios. Todo ello mientras el escrito del que partía la polémica decía que el acto podía realizarse. (El País)
La Delegación terminó respondiendo con una acusación igualmente excepcional entre administraciones y reclamó a las instituciones públicas que se abstuvieran de difundir bulos y contribuir a la desinformación. El delegado Francisco Martín fue todavía más explícito al sostener que el Ayuntamiento estaba mintiendo sobre lo ocurrido.
Puede discutirse el tono elegido por la Delegación y también si su primera comunicación podía haberse formulado de una manera que evitara cualquier confusión. Lo que ya no parece razonable después de conocer el documento íntegro es continuar hablando de una concentración prohibida.
Porque no lo está.
Ceuta merece algo más que convertirse en munición política
Hay además algo particularmente desagradable en toda esta polémica: Ceuta vuelve a quedar reducida al escenario sobre el que Madrid y el Gobierno central libran su propia guerra política.
La ciudad autónoma lleva un mes afrontando una emergencia extraordinaria, con miles de personas todavía pendientes de identificación, retornos y solicitudes de protección; servicios públicos sometidos a presión; negocios afectados; tensión social y una ciudadanía que intenta recuperar la normalidad.
Una concentración de apoyo puede ser legítima y necesaria. Lo que resulta mucho más discutible es utilizarla para fabricar anticipadamente una confrontación con el Gobierno y presentarse después como víctima de una prohibición que no existe.
Almeida podía haber anunciado que el acto se celebraría como concentración institucional y cuestionar al mismo tiempo el criterio administrativo de la Delegación. Ayuso podía haber reclamado que el Gobierno facilitase todas las movilizaciones de solidaridad con Ceuta. Ambos habrían mantenido intacta su crítica política.
Eligieron algo diferente: hablar de boicot y convertir unos antidisturbios inexistentes en protagonistas de la historia.
La paradoja de Ayuso
El episodio resulta todavía más llamativo en el caso de Ayuso porque durante los últimos días ha evitado exponerse a preguntas presenciales sobre el ático de 6,3 millones comprado por Planifica Madrid, mientras continúa interviniendo intensamente a través de X en aquellos asuntos que le permiten volver a su terreno político favorito: el enfrentamiento directo con Pedro Sánchez.
Ante el ático, «chao pescao». Ante una concentración que nadie había prohibido, antidisturbios. La diferencia resulta difícil de ignorar.
Gobernar significa también distinguir entre aquello que se desea denunciar y aquello que realmente ha ocurrido. El Ayuntamiento recibió una comunicación administrativa que cuestionaba el cauce jurídico empleado pero permitía expresamente celebrar el acto. Después presentó ese documento como una prohibición. Ayuso fue aún más lejos y construyó sobre esa versión una escena de enfrentamiento policial inexistente. La concentración se celebrará.
El Gobierno no la ha prohibido.
Y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han sido informadas para protegerla.
Si pese a esos tres hechos Almeida continúa hablando de boicot y Ayuso de antidisturbios, la discusión ya no consiste en qué decidió la Delegación del Gobierno. Consiste en por qué dos de las principales autoridades de Madrid necesitan presentar como censura una prohibición que nunca existió.
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