El debate no va de fraude. Va de sanidad. De cómo se gestiona un sistema tensionado y de qué relato se construye cuando ese sistema deja de responder como debería. La Xunta ha optado por uno muy concreto. El anuncio de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y dirigente del Partido Popular, no es una medida aislada. Se trata de una forma de interpretar el problema de las bajas laborales que revela más sobre la gestión sanitaria que sobre las propias bajas.
Rueda pone el acento en el fraude. Habla de miles de personas que no acuden a su trabajo, de pérdidas económicas, de control. Pero evita detenerse en lo esencial. Por qué un sistema genera tantas incapacidades temporales y qué responsabilidad tiene la administración en ese resultado.
Porque Galicia arrastra una combinación conocida. Envejecimiento, sectores laborales exigentes y una atención primaria que lleva años funcionando al límite. El plan propone unidades específicas para vigilar bajas en ámbitos sensibles, como la salud mental o las dolencias musculoesqueléticas. Son precisamente las áreas donde el diagnóstico requiere tiempo, seguimiento y criterio clínico.
Al convertir esas bajas en objeto prioritario de control, el mensaje es claro. Se introduce la sospecha sobre el paciente en lugar de revisar el estado del sistema. La consecuencia es un cambio de enfoque. La mirada deja de dirigirse a la gestión sanitaria y se desplaza hacia quien está de baja.
El papel de las mutuas
Hay un punto que marca el sentido del plan. El refuerzo del papel de las mutuas. Más capacidad para intervenir, más margen para proponer altas, más presencia en procesos que hasta ahora recaían en el sistema público.
Esto modifica el equilibrio. Porque las mutuas operan con lógicas distintas a las del sistema sanitario público. Cuando ganan peso en la gestión de bajas, el criterio clínico convive con otros intereses que no siempre coinciden. El resultado es un desplazamiento progresivo de decisiones que deberían mantenerse en el ámbito médico.
La respuesta de Yolanda Díaz
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reaccionado con claridad. Señala la invasión de competencias y anuncia un recurso de inconstitucionalidad. Pero su crítica va más allá del encaje jurídico. Apunta al núcleo del problema. Quién decide sobre una baja médica.
En el modelo vigente, esa decisión corresponde a los profesionales sanitarios. Alterar ese principio implica cuestionar la autonomía médica y el funcionamiento del sistema público. Díaz también introduce otra idea de fondo. La de una gestión que, en lugar de reforzar la sanidad, desplaza el problema hacia los trabajadores.
El enfoque de Rueda encaja en una línea conocida del Partido Popular. Ante un problema estructural, se construye un relato sencillo. Si aumentan las bajas, el problema es el fraude. Si crecen los costes, la solución es el control. Pero la realidad es más compleja.
Las bajas están vinculadas a condiciones laborales, a tiempos de espera, a diagnósticos que llegan tarde, a un sistema que no siempre responde con rapidez. Reducir todo eso a un problema de control deja fuera lo esencial. El plan de la Xunta opta por una vía concreta. Controlar en lugar de reforzar. Supervisar en lugar de invertir. Señalar en lugar de revisar.
Ese enfoque tiene efectos. Introduce desconfianza en el sistema, tensiona la relación entre médicos y administración y coloca a los pacientes bajo una mirada sospechosa. El problema de las bajas no desaparece. Se desplaza. Y en ese desplazamiento queda definida una forma de gobernar. La de quien busca respuestas rápidas a problemas que llevan años acumulándose.