La sesión de control en la Asamblea de Madrid dejó titulares fáciles y dudas serias. Isabel Díaz Ayuso rechazó crear el registro de profesionales objetores para la interrupción voluntaria del embarazo, negó cualquier obligación de su Gobierno en la materia, agitó referencias a la Constitución, al Convenio Europeo de Derechos Humanos e incluso al Corán, y se lanzó a vincular a la oposición con guerras lejanas y viejos fantasmas. Entre tanto, la portavoz socialista, Mar Espinar, retrató una Comunidad con vagones de metro abarrotados, listas de espera desbocadas y políticas públicas que no cumplen su función. Más allá del ruido, conviene ordenar los argumentos y confrontarlos con la ley, los datos conocidos y el sentido común.
1) El registro de objetores no es una “lista negra”; es una obligación legal para garantizar derechos
La ley estatal de 2023 y el protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial en 2024 establecen que las comunidades deben disponer de un registro de profesionales objetores para organizar el servicio y asegurar que, en cada centro y turno, existan equipos que garanticen la prestación. No se trata de señalar ni de sancionar, sino de coordinar. Ese registro no revela ideología ni creencias; constata, con las debidas garantías, quién ejerce su derecho a objetar para que la administración cumpla el suyo: asegurar el acceso en la red pública sin peregrinajes, demoras injustificadas ni derivaciones forzosas. Convertir un instrumento de gestión sanitaria en una supuesta persecución es distorsionar el propósito de la norma y dejar a las mujeres en el medio del fuego cruzado.
2) “Váyanse a otro lado a abortar” es una renuncia expresa a gobernar
La frase resume una idea: si la administración no quiere organizarse, que lo solucionen las pacientes. Pero la sanidad pública no funciona a golpe de ocurrencias. La obligación es prestar el servicio en condiciones de igualdad y proximidad, con información y plazos razonables. Madrid apenas realiza una fracción mínima de las interrupciones en hospitales públicos; el resultado es que la mayoría se deriva a centros privados. Sin registro, sin planificación y con mensajes disuasorios desde la tribuna, el acceso real se hace más difícil, sobre todo para quien tiene menos recursos o vive lejos de los grandes nodos sanitarios.
3) Las cifras del aborto no son una trinchera ideológica: son un indicador de políticas que fallan antes y después
Repetir cifras gruesas no mejora la protección de la salud sexual y reproductiva. Lo que sí la mejora son tres cosas: educación afectivo-sexual basada en evidencia, acceso sin barreras a anticoncepción moderna y tiempos de respuesta ágiles cuando la ley reconoce el derecho a interrumpir el embarazo. Demonizar el dato es esconder el problema; planificar recursos es encararlo.
4) Memoria y Constitución no son términos opuestos
Defender la memoria democrática no “dinamita” la Constitución. Al contrario: reconocer todas las capas de nuestra historia fortalece el pacto constitucional, porque lo contextualiza y lo protege frente a lecturas interesadas. La Real Casa de Correos puede simbolizar, a la vez, el autogobierno madrileño y episodios oscuros que ninguna sociedad madura debe borrar. Recordar no es dividir; es aprender para no repetir.
5) Gaza, Hamás y el Corán: el desvío perfecto… que no resuelve listas ni quirófanos
Traer a colación conflictos internacionales o religiones para atacar a la oposición no arregla una citación, no reduce una espera y no abre un quirófano. Es retórica para encender aplausos, no política pública. El debate de ayer iba de garantizar derechos en Madrid. Nadie salió con una cita confirmada por hablar del Corán; sí salen peor atendidas las personas cuando un Gobierno rehúye su responsabilidad organizativa.
6) Universidades públicas: menos consignas, más financiación y transparencia
Acusar a “la izquierda” de crear “cátedras fantasma” sin auditorías, datos o resoluciones firmes es un atajo discursivo. Si hay irregularidades, existen mecanismos de control: intervención pública, tribunales de cuentas, fiscalía, juzgados y la propia autonomía universitaria con sus órganos de garantía. Pero el verdadero termómetro de compromiso con lo público es el presupuesto estable, la contratación transparente y la evaluación exigente. Señalar con el dedo mientras se recorta, se congela o se externaliza es incoherente.
7) Transporte, vivienda y listas de espera: servicios que hablan por sí solos
Cuando la portavoz socialista comparó a Ayuso con “ese vagón de metro hasta las trancas y sin climatizar” o con “ese millón de personas en lista de espera”, puso el foco donde duele: la vida cotidiana. El transporte abarrotado no se arregla con tweets; se corrige con más trenes, más frecuencias y renovación de flota. La vivienda no se ordena con slogans; requiere parque público, regulación eficaz de alquileres tensionados y seguridad jurídica para quien alquila y quien alquila para vivir. Las listas de espera no se achican con ruedas de prensa; se reducen con más profesionales, agendas compatibles y gestión basada en prioridades clínicas, no en derivaciones por sistema.
8) Sanidad pública: derivar no es lo mismo que garantizar
Madrid presume de actividad “récord”, pero la calidad de un sistema no se mide solo por el volumen, sino por dónde y cómo se presta. Si la inmensa mayoría de interrupciones del embarazo se realizan en centros privados y los hospitales públicos apenas intervienen, el problema no es de las pacientes, es de planificación. Un registro de objetores permitiría colocar equipos donde faltan y ofrecer un circuito claro sin rodeos ni excusas.
9) Andalucía como espejo ajeno: asumir errores empieza en casa
Exigir dimisiones en otras comunidades por fallos en cribados de cáncer puede ser oportuno, pero la credibilidad exige mirar a la propia casa: contratos, demoras, plantillas, urgencias tensionadas. La política útil no es señalar con el dedo fuera, sino corregir dentro y explicar con claridad qué se hará, cuándo y con qué recursos.
10) Dignidad o codicia: la disyuntiva no es un lema, es un programa
“Elegir dignidad en vez de codicia” no es solo una frase acertada de la oposición; es un criterio para gobernar. Dignidad es cumplir la ley aunque no guste, planificar para que nadie tenga que “irse a otro lado” a ejercer un derecho, financiar lo público con prioridades claras, rendir cuentas con datos y dejar las guerras culturales fuera del quirófano, del aula y del andén.
En resumen: el debate de este jueves no va de épica, va de gestión. Registrar objetores no persigue a nadie; habilita turnos. Cumplir la ley no es una opción; es el mínimo. Usar la tribuna para sembrar división distrae, pero no cura. Madrid necesita menos teatro y más servicio: listas que organicen, no que estigmaticen; cifras para planificar, no para culpabilizar; y políticas públicas que, al final del día, permitan a la ciudadanía subirse a un metro respirable, conseguir cita sin meses de espera y ejercer sus derechos sin obstáculos. Eso es gobernar. Lo demás, ruido.