La presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a convertir el Pleno de la Asamblea en un campo de batalla político. En menos de una hora encadenó mensajes diseñados para crispar: anunció que no implantará el registro de profesionales sanitarios que no practican interrupciones del embarazo —una obligación legal—, tensó el debate sobre memoria democrática y acusó a la izquierda de vivir “del conflicto”. La oposición le respondió con una imagen que resume el malestar ciudadano: un vagón de metro abarrotado y sin aire acondicionado como metáfora de una gestión que no resuelve problemas básicos.
Registro de objetores
Para no perderse: el “registro de objetores” es un listado, previsto en la ley estatal de 2023 y desarrollado por el Consejo Interterritorial en 2024, que permite organizar los recursos de la sanidad pública sin vulnerar la conciencia de ningún profesional. No se trata de señalar ni de estigmatizar, sino de garantizar que, si un centro público no puede prestar el servicio porque la mayoría de su plantilla objeta, el sistema derive a la paciente a otro hospital público en tiempo y forma. Es logística sanitaria, no policía ideológica.
La negativa de la presidenta a crear ese registro no solo abre un conflicto jurídico con el Gobierno central, también tiene efectos prácticos: en Madrid la inmensa mayoría de interrupciones del embarazo se realizan en clínicas privadas concertadas. Dicho de forma llana: la red pública renuncia, en la práctica, a un derecho reconocido en la cartera común del Sistema Nacional de Salud. Y cuando la puerta pública se cierra, quien paga es la paciente con más barreras económicas, geográficas o de edad.
El ruido y las cifras
El debate sobre el aborto suele llenarse de cifras lanzadas como piedras. Conviene ordenar los conceptos. “106.000 interrupciones al año” es una cifra aproximada que varía por ejercicio, e incluye situaciones muy diferentes: malformaciones incompatibles con la vida, riesgos para la salud física o mental de la gestante, embarazos no deseados en mujeres que, con educación sexual efectiva y anticoncepción accesible, no habrían llegado a ese punto. Precisamente por eso las políticas públicas serias ponen el foco en prevención, educación y atención temprana. Convertir ese número en un arma arrojadiza no evita ni un solo aborto; invertir en primaria, salud sexual y reproductiva y acompañamiento sí.
La bronca
Mientras se promete “libertad” a golpe de eslogan, las listas de espera siguen alargando la angustia de miles de familias. La oposición enumeró fallos concretos: demoras, protocolos fallidos, pruebas que llegan tarde. No es retórica: son citas médicas que se eternizan, diagnósticos que se complican y tratamientos que, cuando por fin llegan, lo hacen con la factura emocional y clínica disparada. Hablar de “récord de actividad” no borra un hecho simple que cualquiera entiende: si un derecho tarda meses en materializarse, deja de ser derecho para convertirse en espejismo.
Memoria democrática: del blanco y negro a la manipulación
Otro frente fue el de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Convertir cualquier mención a su pasado como Dirección General de Seguridad en una supuesta ofensiva “guerracivilista” es una trampa retórica. Reconocer los usos represivos de un edificio histórico no deslegitima la Transición ni “dinamita” la Constitución; es, precisamente, lo que hacen las democracias maduras: integrar la memoria incómoda para que no se repita. Defender la institución no exige negar la Historia, sino tratarla con rigor.
La presidenta agitó también el espantajo de “cátedras fantasma” para golpear a la izquierda. Si hubiera irregularidades, que se investiguen y se depuren responsabilidades con luz y taquígrafos. Pero la caricatura no resuelve los problemas reales de la universidad pública madrileña: financiación por alumno a la baja, precariedad docente, fuga de talento y tasas que siguen siendo una barrera para las rentas más bajas. La coherencia se demuestra en los presupuestos, no en titulares.
Una política de atajos
El patrón se repite: convertir en batalla cultural lo que debería abordarse como política pública. El registro de objetores es planificación sanitaria. La memoria democrática es educación cívica. La calidad del transporte es mantenimiento y presupuesto. Las listas de espera son gestión, plantillas y evaluación. Cuando todo se reduce a una bronca, lo cotidiano se deteriora: el tren llega tarde, el hospital te atiende tarde, la respuesta institucional llega tarde.
No es solo una cuestión de formas. El lenguaje de la confrontación constante tiene efectos concretos: desmoviliza a quien pide soluciones, ahoga el debate técnico, legitima la desobediencia a leyes vigentes y convierte a los profesionales públicos —médicos, docentes, personal de metro— en parapetos de una guerra ajena a su tarea. A fuerza de gritar, se deja de escuchar a quien sufre una demora, un colapso, una injusticia.
Lo que debería ocurrir mañana
Primero, cumplir la ley del registro y hacerlo con garantías de privacidad y uso exclusivo organizativo. Segundo, un plan de choque contra las listas de espera con objetivos verificables por trimestre, publicado centro a centro, servicio a servicio. Tercero, refuerzo del transporte público en hora punta —más trenes, climatización garantizada y auditoría independiente de incidencias—. Cuarto, un compromiso institucional explícito con la educación para la memoria democrática: reconocer no es dividir; negar sí divide. Quinto, una financiación estable y suficiente para la universidad pública que ponga por delante docencia, investigación y becas.
La presidenta pidió “no señalar a nadie”. Perfecto: no se señale a las mujeres cuando ejercen un derecho, no se señale a los médicos cuando objetan ni cuando no objetan, y, sobre todo, no se señale a la red pública cuando se le hurta la capacidad de responder. Señalar no es organizar. Organizar es planificar, dotar y evaluar. Y eso, a día de hoy, no está ocurriendo.
Madrid necesita menos eslóganes y más servicio público. Menos guerra cultural y más cumplimiento de la ley. Menos metáforas y más trenes a su hora, quirófanos abiertos y aulas financiadas. Ese es el metro que la ciudadanía espera: no el que va “hasta las trancas y sin climatizar”, sino uno que llega, funciona y respeta a quien lo usa. Porque la dignidad no se predica; se garantiza.