El Congreso de los Diputados vuelve a convertirse en un escenario de alta tensión donde la estabilidad del Gobierno depende de una compleja aritmética de concesiones y plazos. La reciente negociación en torno al decreto anticrisis para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio ha revelado, una vez más, la capacidad de Junts per Catalunya para condicionar la agenda legislativa nacional. La formación liderada por Carles Puigdemont, a través de su portavoz Míriam Nogueras, ha puesto sobre la mesa una exigencia que toca la línea de flotación de la política fiscal: la aplicación de la directiva europea de franquicia del IVA para trabajadores por cuenta propia.
La propuesta de Junts es clara y de un calado económico profundo: eximir del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Esta medida, amparada por la normativa de la Unión Europea, no solo aliviaría la carga administrativa de miles de pequeños emprendedores, sino que se ha convertido en el salvoconducto necesario para que el Ejecutivo saque adelante sus medidas de choque contra la inflación. Las fuentes parlamentarias sugieren que el apoyo de Junts al decreto anticrisis es ya una realidad virtual, supeditada únicamente a que el Gobierno respalde la proposición no de ley y la moción que se debatirán este mismo jueves en el Congreso de los Diputados.
Mientras el bloque de la investidura intenta cerrar filas bajo la presión de las demandas soberanistas, el Partido Popular ha optado por una estrategia de dilación y crítica técnica. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado formalmente al Gobierno que retire la votación del jueves para abrir un periodo de negociación de un mes. Según el jefe de la oposición, el Ejecutivo tiene de margen hasta el 20 de abril para convalidar el real decreto, un tiempo que, a su juicio, debería emplearse en incluir medidas de mayor calado social y económico presentadas por los populares.
El análisis de la política fiscal del PP se centra en lo que consideran "ausencias significativas" en el texto gubernamental. Feijóo insiste en la necesidad de una deflactación del IRPF, una medida diseñada para evitar que el aumento de los salarios nominales por la inflación empuje a los contribuyentes a tramos impositivos superiores, lo que califican como una subida encubierta de impuestos. Aunque el Gobierno ha aceptado la rebaja del IVA de la energía, ha chocado frontalmente con las propuestas populares relativas a la fiscalidad directa y la extensión de la vida de las centrales nucleares, elementos que el PP considera esenciales para un crecimiento resiliente en el actual contexto de inestabilidad geopolítica.
La carta enviada por Ester Muñoz al ministro Félix Bolaños resume la postura de la calle Génova: el decreto actual es insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y empresas españolas. El PP critica que, a pesar de haber presentado sus propuestas desde el pasado 9 de marzo y haber obtenido el respaldo de su mayoría en el Senado, el Ejecutivo prefiera plegarse a las exigencias de Junts antes que buscar un consenso de Estado con la principal fuerza de la oposición.
La jornada del jueves se perfila así como un termómetro real de la gobernabilidad en España. Por un lado, la validación del decreto permitiría activar las ayudas por los efectos de la guerra, pero por otro, consolidaría la influencia de Junts en la transformación estructural del sistema impositivo para autónomos. El Gobierno debe equilibrar la necesidad urgente de aprobar sus medidas anticrisis con el riesgo de aceptar reformas fiscales de gran calado por la vía de la urgencia parlamentaria, mientras la sombra de la inflación y la inestabilidad en el mercado energético siguen presionando la economía doméstica.