Alberto Núñez Feijóo tiene una extraordinaria facilidad para prometer aquello que su partido combatió cuando gobernaba. En su entrevista en El Hormiguero, el candidato del Partido Popular ha asegurado que garantizará la subida de las pensiones conforme al IPC, ha anunciado que derogará los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y ha vuelto a sacar del cajón electoral la ocupación ilegal. Tres mensajes destinados a conquistar votos y una misma estrategia, borrar los antecedentes del PP, convertir los derechos existentes en promesas propias y presentar como soluciones lo que todavía son simples declaraciones de campaña.
Feijóo ha proclamado solemnemente que no piensa «jugar con los pensionistas». La frase tendría mayor credibilidad si no procediera del presidente de un partido que, cuando tuvo la oportunidad de gobernar, decidió desvincular las pensiones del coste de la vida. También ayudaría que sus propios dirigentes no hubieran contribuido a sembrar dudas sobre la viabilidad del sistema público.
El candidato popular pretende vender tranquilidad después de que la portavoz parlamentaria de su partido advirtiera de que las pensiones podían «petar». Primero se alimenta el miedo, después aparece Feijóo para ofrecer garantías y, finalmente, se acusa a los demás de utilizar electoralmente a los jubilados. Es una maniobra demasiado evidente como para confundirla con una política seria de protección social.
Lo más llamativo es que Feijóo promete garantizar algo que ya está garantizado por ley. La actualización de las pensiones conforme al IPC fue recuperada por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante la reforma aprobada en 2021. No se trata, por tanto, de una conquista pendiente de la llegada del PP a la Moncloa.
El incómodo pasado del PP que Feijóo prefiere olvidar
Hay una fecha que desmonta buena parte del discurso del candidato popular: 2013. Ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que eliminó la vinculación automática de las pensiones al IPC y estableció un índice de revalorización que permitió incrementos de apenas el 0,25 % anual. Fue una decisión política, no una fatalidad económica. Y sus consecuencias recayeron sobre millones de pensionistas que vieron cómo sus prestaciones perdían capacidad adquisitiva cuando los precios aumentaban por encima de aquellas subidas.
El PP que decidió que las pensiones podían aumentar un miserable 0,25 % pretende presentarse como el gran defensor de su poder adquisitivo. Feijóo confía, aparentemente, en que los pensionistas hayan olvidado lo ocurrido o en que baste una declaración televisiva para borrar los antecedentes de su partido.
La diferencia entre las dos políticas es sustancial. El Ejecutivo de Rajoy desvinculó las pensiones del IPC. El Gobierno de Sánchez recuperó esa garantía legal. Feijóo promete ahora respetarla, pero intenta convertir esa continuidad en una aportación propia.
Tampoco ha explicado qué medidas concretas adoptaría para asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, más allá de afirmar que las pensiones estarán garantizadas para los hijos y los nietos de los actuales beneficiarios. Una promesa sin explicaciones sobre su financiación no es un programa de gobierno, es un titular de campaña.
Resulta especialmente contradictorio que Feijóo reclame que se deje de utilizar a los pensionistas con fines electorales justo cuando los coloca en el centro de su intervención televisiva, a pocos días de las elecciones generale, la memoria política parece ser el principal enemigo de su discurso.
En vivienda, la receta del PP consiste en derogar antes de explicar
Si con las pensiones Feijóo intenta apropiarse de una garantía recuperada por el Gobierno socialista, con la vivienda propone directamente eliminar parte de las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez.
El presidente del PP ha anunciado que derogará los decretos de vivienda sometidos este jueves a votación en la Diputación Permanente del Congreso. Según su interpretación, perjudican tanto a los propietarios como a los inquilinos La afirmación es rotunda, las explicaciones, bastante menos.
Feijóo sabe lo que quiere derogar, pero no ha aclarado qué protección concreta ofrecerá a quienes no pueden pagar un alquiler. Tampoco ha explicado cómo evitará que una menor intervención pública deje a los inquilinos más vulnerables a merced de un mercado que ya les exige esfuerzos económicos difíciles de sostener.
El dirigente popular responsabiliza a Pedro Sánchez del encarecimiento de la vivienda durante los últimos ocho años. Es una acusación políticamente cómoda porque permite señalar a un único culpable y pasar por alto décadas de políticas urbanísticas, insuficiencia de vivienda pública y decisiones administrativas que también corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre esas administraciones figuran, naturalmente, numerosas instituciones gobernadas por el Partido Popular. La crisis de la vivienda parece ser responsabilidad exclusiva de Sánchez cuando Feijóo habla ante las cámaras, pero las competencias autonómicas no desaparecen por mucho que el candidato popular prefiera ignorarlas.
El problema resulta especialmente evidente cuando se examina el papel de las comunidades autónomas en la promoción de vivienda protegida, la planificación territorial y la ejecución de políticas públicas de vivienda. Feijóo exige resultados al Gobierno central, pero evita someter al mismo escrutinio la gestión de su partido en los territorios donde gobierna.
Su propuesta estrella consiste en construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Una cifra redonda, impactante y perfecta para una campaña electoral. Sin embargo, detrás del anuncio aparecen preguntas que el candidato no ha despejado.
¿Cuántas de esas viviendas serán públicas? ¿Cuántas estarán destinadas al alquiler social? ¿Qué precios tendrán? ¿Qué financiación permitirá construirlas? ¿Cómo se garantizará que no terminen alimentando el mismo mercado especulativo que ha convertido el acceso a una vivienda en un problema estructural?
Un millón de viviendas a precios inalcanzables no resolvería el problema de quienes necesitan una casa y no pueden pagarla. La cantidad de inmuebles construidos importa, pero también quién puede acceder a ellos y en qué condiciones. Feijóo parece confiar en que la magnitud de la cifra haga innecesarias las explicaciones.
La ocupación como cortina de humo
El candidato popular tampoco ha desaprovechado la ocasión para recuperar uno de los asuntos preferidos de la derecha: la ocupación ilegal, presentando una vez más la seguridad de los propietarios como uno de los grandes ejes de su política residencial. La ocupación ilegal constituye un problema que debe abordarse con instrumentos jurídicos eficaces y respeto a las garantías procesales. Pero convertirla en protagonista del debate sobre vivienda supone desplazar la atención de las dificultades que afrontan millones de ciudadanos para acceder a un hogar. El principal obstáculo para una familia que no puede pagar el alquiler no es necesariamente la ocupación de viviendas. Es que su salario no alcanza para afrontar los precios del mercado, y ese problema no se resuelve prometiendo desalojos exprés.
Feijóo tampoco ha detallado cómo encajaría su compromiso de las 48 horas en los distintos supuestos jurídicos ni qué procedimientos permitirían garantizar simultáneamente la protección de la propiedad y los derechos procesales. Pero la ocupación ofrece una ventaja electoral evidente, le permite hablar de delincuencia, inseguridad y propietarios amenazados en lugar de abordar cuestiones bastante más incómodas, como la escasez de vivienda pública, el encarecimiento de los alquileres o las dificultades de emancipación de los jóvenes.
El PP lleva años recurriendo a este asunto como uno de sus principales argumentos políticos. Feijóo vuelve a utilizarlo en una campaña en la que necesita movilizar al electorado conservador y competir con Vox por el discurso de mayor contundencia. Es más sencillo prometer que se expulsará a un ocupa en 48 horas que explicar cómo conseguirá un joven independizarse con un salario que apenas le permite pagar una habitación.
Un candidato que quiere gobernar sin responder por lo que hizo su partido
La entrevista de Feijóo deja al descubierto una contradicción que atraviesa buena parte de su discurso político. Cuando habla de pensiones, pretende apropiarse de una garantía recuperada bajo un Gobierno socialista después de que el PP la eliminara. Cuando aborda la vivienda, promete deshacer medidas del Ejecutivo sin ofrecer una alternativa suficientemente detallada para quienes necesitan protección. Y cuando llega el momento de explicar cómo resolverá la crisis residencial, recurre a una cifra millonaria y a la ocupación ilegal. El resultado es un programa de grandes anuncios y escasas precisiones.
Feijóo reclama confianza, pero parece considerar que la memoria de los ciudadanos es un obstáculo que puede sortearse con una entrevista amable y unas cuantas promesas solemnes. No basta con decir que se defenderán las pensiones cuando el partido al que se dirige fue responsable de una reforma que debilitó su protección frente a la inflación y tampoco basta con prometer viviendas sin explicar quién podrá pagarlas.
El candidato popular exige que se juzgue al Gobierno de Sánchez por sus resultados, pero pretende que el PP sea juzgado exclusivamente por sus intenciones, y esa es, probablemente, la mayor contradicción de su intervención. El popular quiere que los españoles olviden lo que hizo el Partido Popular y crean lo que promete hacer ahora. Quiere presentarse como protector de los pensionistas sin cargar con la reforma de Rajoy, como defensor de los inquilinos sin explicar qué garantías mantendrá y como solución a la crisis de vivienda sin rendir cuentas por la gestión de las administraciones gobernadas por su partido.
El problema de Feijóo no es que prometa demasiado. Es que algunas de sus promesas exigen que los ciudadanos tengan muy poca memoria.
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