Alberto Núñez Feijóo ha decidido asumir como propia una de las iniciativas más controvertidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Si llega a La Moncloa, ha anunciado, impulsará una ley estatal inspirada en la norma madrileña que reconoce al "concebido no nacido" a efectos de determinadas ayudas públicas. La propuesta se presenta como una medida de apoyo a la natalidad y a las familias. Sin embargo, su alcance político trasciende con mucho el contenido administrativo de la norma.
Las ayudas a las mujeres embarazadas merecen un debate sereno y pueden formar parte de cualquier política pública orientada a facilitar la maternidad. España necesita afrontar el desafío demográfico, mejorar la conciliación y ofrecer mayor protección económica a quienes deciden tener hijos. Sobre ese objetivo existe un amplio espacio para el acuerdo.
El problema aparece cuando ese apoyo se envuelve en una construcción ideológica cuidadosamente diseñada. La expresión "concebido no nacido" no es una fórmula habitual del lenguaje jurídico español. Procede del vocabulario impulsado desde hace años por los sectores más conservadores para trasladar al debate político una determinada concepción del aborto y de los derechos reproductivos de las mujeres.
La decisión de Feijóo confirma una evolución que resulta cada vez más evidente. El líder del Partido Popular ha dejado de competir con Vox únicamente en el terreno electoral para hacerlo también en el plano cultural. Durante mucho tiempo intentó proyectar la imagen de un dirigente moderado, pragmático y ajeno a las grandes guerras ideológicas. Esa estrategia parece hoy definitivamente abandonada.
La ley impulsada por Isabel Díaz Ayuso no modifica la legislación sobre el aborto ni altera formalmente la personalidad jurídica del nasciturus, que el ordenamiento español sigue vinculando al nacimiento. Pero introduce una figura administrativa inédita cuyo alcance político va mucho más allá de las ayudas económicas. El concebido pasa a ser tenido en cuenta para acceder a determinados beneficios públicos, incorporando una categoría que hasta ahora solo existía de forma muy limitada en el ámbito autonómico gallego para las familias numerosas.
Conviene detenerse en este aspecto porque apenas ha ocupado espacio en el debate público. La cuestión no consiste únicamente en conceder ayudas antes del nacimiento. El verdadero cambio reside en la aparición de una nueva categoría jurídica con efectos administrativos propios. Jurídicamente la diferencia resulta importante. Políticamente, todavía más.
Las grandes transformaciones del Derecho rara vez llegan mediante una ruptura frontal. Suelen avanzar a través de figuras parciales, excepciones limitadas o nuevos conceptos que modifican poco a poco la manera de interpretar una realidad. La propuesta de Feijóo supone precisamente dar ese paso. Ya no se trataría de una medida autonómica vinculada a determinadas prestaciones, sino de convertir ese reconocimiento administrativo en una política de alcance estatal con incidencia sobre futuras ayudas familiares, beneficios fiscales y otras políticas sociales.
Ese es el motivo por el que la iniciativa genera tanta controversia. Sus defensores sostienen que únicamente pretende adelantar apoyos económicos a familias que ya afrontan gastos durante el embarazo. Sus detractores consideran que introduce progresivamente una nueva concepción jurídica del concebido que puede influir en futuros debates sobre los derechos reproductivos y la regulación del aborto, aunque la norma no modifique directamente la legislación vigente.
Resulta significativo que Feijóo haya escogido precisamente esta iniciativa para anunciar una futura ley estatal. España afronta problemas urgentes relacionados con el acceso a la vivienda, la precariedad laboral juvenil, el deterioro de algunos servicios públicos o las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido situar en el centro del debate una propuesta que trasciende las ayudas económicas y abre un nuevo frente ideológico.
La explicación política parece evidente. El PP necesita evitar cualquier fuga de votos hacia Vox y ha asumido que la mejor forma de conseguirlo consiste en incorporar parte de su agenda cultural. Esa estrategia puede ofrecer beneficios electorales inmediatos, pero también desplaza el debate público hacia posiciones cada vez más alejadas del consenso construido durante décadas en torno a los derechos de las mujeres.
Las políticas de apoyo a la natalidad son necesarias. Lo que no resulta necesario es convertirlas en el vehículo para reabrir debates que afectan directamente a la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Defender la maternidad exige ampliar derechos, facilitar la conciliación, garantizar empleo estable, reforzar las escuelas infantiles y asegurar el acceso a la vivienda. Ninguno de esos objetivos requiere alterar el lenguaje jurídico ni introducir categorías concebidas para alimentar una determinada batalla ideológica.
Feijóo continúa reivindicándose como un dirigente moderado. Pero las decisiones pesan más que los discursos. Cada vez que incorpora a su programa una de las principales banderas culturales de la derecha más conservadora, esa imagen pierde credibilidad. Gobernar consiste en resolver los problemas reales de la ciudadanía. Alimentar debates simbólicos puede movilizar a una parte del electorado, pero difícilmente mejora la vida de las familias que dicen querer proteger.
Porque la política no solo cambia las leyes. Empieza cambiando las palabras y, después, las categorías con las que el Derecho interpreta la realidad. En esa dirección parece avanzar hoy el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.
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