La ruptura unilateral de las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, comunicada por correo electrónico a apenas veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, no es un accidente táctico ni un malentendido puntual. Es, más bien, la confirmación de un patrón que el Partido Popular se resiste a asumir: Vox no actúa como un socio de gobierno, sino como un actor de presión, ajeno a las lógicas de estabilidad, responsabilidad institucional y lealtad territorial que exige una democracia parlamentaria.
Que Vox haya decidido levantarse de la mesa sin explicar los motivos, cuando según el PP el acuerdo estaba “bastante avanzado” y solo quedaban “flecos”, revela una forma de hacer política incompatible con la negociación democrática. Gobernar implica previsibilidad. Vox ofrece lo contrario: volatilidad estratégica y subordinación absoluta a intereses nacionales, incluso cuando el precio lo paga una comunidad autónoma concreta.
Desde la dirección popular se interpreta la maniobra como parte de una “estrategia nacional” de Vox ante elecciones inminentes en otras comunidades, para poder exhibir un discurso de pureza antisistema: no pactar “ni con la estafa ni con la mafia”, en palabras utilizadas por el partido de Santiago Abascal durante la campaña extremeña. Es decir, romper acuerdos regionales para reforzar una narrativa nacional, aunque ello implique bloquear instituciones y prolongar la interinidad política.
El problema para el PP no es solo táctico, sino estratégico y moral. A estas alturas, resulta difícil sostener que este comportamiento sea una sorpresa. Vox no ha ocultado nunca que concibe las comunidades autónomas como tableros secundarios en una batalla ideológica de ámbito estatal. La propia queja del PP es, en realidad, una descripción exacta del modelo de Vox.
Durante las negociaciones, el PP aceptó que Vox tuviera una “posición importante” tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo autonómico. No se negó a su entrada en el gobierno ni a compartir poder institucional. Aun así, Vox optó por retirarse, lo que demuestra que no busca gobernar, sino condicionar, tensar y deslegitimar el sistema desde dentro.
Este episodio vuelve a subrayar una verdad incómoda para el centro-derecha español: Vox no opera bajo las reglas de la democracia representativa, sino bajo una lógica de confrontación permanente. Negocia como si la política fuera una guerra, no un ejercicio de transacción entre intereses legítimos. En ese marco, los acuerdos son siempre provisionales y reversibles, útiles solo mientras refuercen su relato.
Desde la oposición, el diagnóstico es claro. El PSOE de Extremadura considera la ruptura “previsible” y da por hecho que PP y Vox acabarán pactando, aunque no se sabe cuándo. Las decisiones no se toman en Mérida, sino en Madrid, lo que supone una pérdida de autonomía política para la comunidad. Unidas por Extremadura coincide en el análisis y apunta a una estrategia opaca, marcada por el cálculo y no por el interés general.
Pero el foco del problema no está solo en Vox, sino en la persistente ambigüedad del PP. Cada nueva crisis se presenta como una anomalía; cada ruptura, como un error táctico aislado. Sin embargo, la reiteración convierte el argumento en excusa. Un partido que aspira a gobernar España no puede depender de un socio que desprecia las reglas básicas del juego democrático.
El caso de Extremadura debería servirle a Feijóo como advertencia definitiva. No se trata de discrepancias programáticas ni de diferencias ideológicas legítimas. Se trata de fiabilidad institucional. Vox ha demostrado, una vez más, que está dispuesto a sacrificar gobernabilidad, estabilidad y respeto territorial en favor de su estrategia nacional de confrontación.