La extrema derecha, y la derecha, quieren cambiar las leyes electorales

Las democracias no solo se ponen a prueba cuando se celebran elecciones. También cuando quienes alcanzan el poder pretenden modificar las reglas con las que estas se disputan; minar uno de los pilares del sistema sobre el que se fundamenta, la ley electoral, centra todos los focos de los partidos de extrema derecha en el poder. Quizás, en parte, como reacción a las consecuencias de sus políticas (recortes en servicios sociales, en derechos laborales y LGTBI, etc.) o de discursos que niegan la violencia machista, el cambio climático o incluso propagan el odio contra los inmigrantes, el apoyo de los ciudadanos va progresivamente reduciéndose y, con ello, la posibilidad de permanecer en el poder tras varios años de ejercerlo, también.

Italia ofrece hoy uno de los ejemplos más evidentes. La semana pasada, el Gobierno de Giorgia Meloni impulsó una profunda reforma electoral que, bajo el argumento de garantizar la estabilidad institucional, otorgaría un importante premio de mayoría a la coalición vencedora siempre que alcanzase un mínimo de votos. Sobre el papel, los parlamentarios de Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra, la han presentado como una medida para evitar la fragmentación política; en la práctica, la oposición denuncia que busca consolidar en el poder a quien ya gobierna.

En un contexto de estancamiento de la economía del país transalpino (inflación, aumento del precio de los carburantes y un crecimiento del 0,7 % en 2025, por debajo de la Unión Europea, con un 1,5 %, y de la Eurozona, con un 1,4 %), tras más de tres años en el Gobierno, focaliza sus iniciativas en modificar el sistema político en vez de lanzar propuestas que ayuden a mejorar los maltrechos bolsillos y la calidad de vida de los ciudadanos. Y, como la percepción en las calles y en la opinión pública del malestar va en aumento, frente al temor de no poder revalidar mandato, las prioridades de Meloni pasan por atar su silla forzando una discutida reforma electoral.

La polémica está servida

Con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, Meloni abre las puertas a sustituir el actual sistema mixto por un modelo plenamente proporcional, pero incorpora un premio de mayoría por el que cualquier coalición que supere el 42 % de los votos recibiría automáticamente 70 diputados adicionales en la Cámara y 35 senadores. Sus defensores sostienen que así se evitarán los tradicionales gobiernos inestables que han caracterizado a Italia durante décadas.

Sin embargo, desde la oposición denuncian que el verdadero objetivo es asegurar una mayoría parlamentaria muy superior a la otorgada por las urnas y consolidar a la derecha en el poder de cara a las elecciones previstas para el próximo año. Si bien la iniciativa ya ha superado su primer trámite parlamentario, deberá ser debatida ahora en el Senado.

Una tendencia mundial

A tenor de las victorias electorales de la extrema derecha en los últimos años (desde Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina, hasta las más recientes de José Antonio Kast en Chile y Abelardo de la Espriella en Colombia), la controvertida ley de Meloni trasciende Italia: cuando la extrema derecha llega al poder, o percibe que puede perderlo, aumenta la tentación de modificar las reglas del juego democrático para hacer más difícil la alternancia.

Y Bukele, en el país centroamericano, ha marcado escuela para muchos de ellos forzando la modificación de leyes a su medida y dificultando, por no decir anulando, cualquier intento de oposición a su Gobierno. Así, el presidente salvadoreño se ha convertido en ejemplo y referente de la extrema derecha a nivel mundial.

En el mundo del siglo XXI, a diferencia de lo ocurrido durante la Guerra Fría, los sistemas democráticos de muchos de estos países ya no son tumbados mediante golpes de Estado, que mantuvieron en vilo la región hasta finales de los años 80, sino a través de iniciativas presentadas como "reformas" que hacen saltar las costuras del modelo al alterar la relación entre representación y poder. En pocas palabras, los mismos que llegan al poder cuestionando el sistema, lo revientan desde dentro, aprobando leyes electorales hechas a medida, como si de un traje se tratase, para perpetuarse en él. Curiosa paradoja.

Y en la mayor potencia del mundo, también

Desde su aterrizaje en la política norteamericana, Donald Trump ha convertido en una constante el cuestionamiento de los mecanismos electorales. Tras negar reiteradamente la legitimidad de las elecciones de 2020 y promover el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 no ha supuesto un cambio de actitud. Al contrario, mientras las encuestas reflejan un desgaste de su popularidad, su entorno continúa alimentando un discurso de desconfianza hacia el sistema electoral.

Desde su regreso al poder, el presidente norteamericano ha impulsado medidas dirigidas a endurecer los requisitos para votar, reforzar los mecanismos de verificación de la ciudadanía en los procesos electorales y aumentar el control sobre distintos aspectos de la administración de las elecciones. De hecho, en los últimos días se ha conocido que, desde las filas republicanas, han puesto en marcha el engranaje legislativo para modificar la ley electoral que permite votar por correo, una modalidad contra la que ya se ha manifestado abiertamente en varias ocasiones desde su llegada a la arena política.

El proyecto del presidente norteamericano se centra en prohibir expresamente la emisión postal del voto. A tan solo unos pocos meses de los comicios de medio mandato de noviembre, probablemente se quede en papel mojado. No obstante, allana el terreno para una aprobación que pueda ejecutarse en las presidenciales de 2028.

Aunque sus partidarios pretenden una y otra vez hacer creer que estas reformas buscan combatir el fraude electoral, pese a que los tribunales, las autoridades electorales y numerosas investigaciones no han acreditado la existencia de un fraude masivo que alterara el resultado de las elecciones presidenciales, no deja de ser un intento de amordazamiento a los ciudadanos y una clara intención de reducir sus derechos políticos en un contexto donde en tan solo 17 meses, aproximadamente el 58 % de los norteamericanos desaprueban la gestión de Trump en este segundo mandato.

Al igual que Meloni, la falta de apoyo popular a sus políticas, que han paralizado la economía estadounidense, el aumento imparable de la inflación, la depreciación del dólar como moneda de referencia mundial y hasta su fallida estrategia en los procesos bélicos que prometió erradicar pueden explicar su urgente necesidad de cambiar las reglas que rigen los procesos electorales.

Pero, aun así, Trump va más allá: el presidente norteamericano además alimenta la idea de que el sistema electoral solo resulta plenamente fiable cuando produce el resultado que él considera legítimo, es decir, cuando le es favorable, cuando gana.

Y las derechas patrias siguen su manual

En las últimas semanas, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso han puesto en el punto de mira la Ley de Memoria Democrática, concretamente el apartado que permite acceder a la nacionalidad española a los nietos y descendientes de españoles que emigraron o fueron exiliados.

Desde el Partido Popular y Vox se ha dejado de presentar esa medida como una política de reparación histórica para quienes perdieron derechos por la Guerra Civil, la dictadura o la emigración forzada, para pasar a describirla como una supuesta operación de "ingeniería electoral" diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar artificialmente el censo electoral con personas que, según sostienen, "nunca han vivido en España" y obtener así un beneficio político.

Algunos dirigentes populares y de Vox han llegado incluso a utilizar expresiones como "pucherazo legal" o han insinuado que el Ejecutivo estaría manipulando el cuerpo electoral mediante una ley aprobada democráticamente por el Parlamento.

En esta línea, la formación ultraderechista, hace 15 días, presentó un recurso ante la Junta Electoral Central para impedir el voto CERA, el de los españoles no residentes. Si bien fue desestimado en parte, forzó que la JEC exigiera explicaciones y garantías al Gobierno sobre el proceso. Que la iniciativa parta de la formación de Santiago Abascal no sorprende.

Ahora bien, que un partido de gobierno, como el PP, se pliegue a difundir sospechas es verdaderamente preocupante. Las últimas referencias de Feijóo y Díaz Ayuso a un supuesto "pucherazo", a la manipulación del censo, a la reciente petición de paralización de la “Ley de Nietos” o a la desconfianza hacia las reglas del juego democrático resultan una estrategia difícil de comprender, especialmente si se tiene en cuenta que el Partido Popular ha ganado las últimas citas electorales en Extremadura, Castilla y León, Aragón y, más recientemente, Andalucía. Cuesta entender que el mismo partido que obtiene un respaldo mayoritario en las urnas cuestione la legitimidad de estas.

Manoseo de las leyes electorales

Quizás por quedarse con las ganas de llegar a La Moncloa en julio de 2023, a pesar de haber ganado las elecciones, desde entonces Feijóo ha propuesto en varias declaraciones a los medios la modificación de nuestro sistema electoral, llegando a deslizar la posibilidad de otorgar un "plus de diputados" que facilitara la gobernabilidad.

No es nueva esta propuesta en el PP. Ya en su momento, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy propuso que gobernase la lista más votada tanto en las corporaciones locales como en las comunidades autónomas y en el Gobierno central. Pero, una vez conocidos los resultados de las urnas, esta iniciativa se evaporaba: el PP no dudaba en pactar con otras formaciones donde el PSOE u otras fuerzas de izquierda eran la lista más votada.

Pasan los años, se cambia de país, pero los argumentos de las derechas de "garantizar gobiernos estables" otorgando una prima parlamentaria adicional al vencedor, como Meloni en Italia, o de permitir gobernar a la lista más votada, tienen un matiz: siempre que ganen ellos. Si los vencedores son los otros, los que piensan diferente, hay "ingeniería electoral", "pucherazo" o incluso se habla de "tiranía del Sanchismo", en palabras de la presidenta madrileña.

En resumen, cuando determinados resultados electorales o determinadas normas dejan de favorecer a la derecha, el foco deja de ponerse en convencer a los electores y pasa a situarse sobre las propias reglas del sistema. Ya sea cuestionando el censo electoral, calificando de "ingeniería electoral" una ley aprobada por las Cortes Generales o proponiendo modificar la ley electoral para otorgar un "plus" de representación al partido ganador.

Sin ir más lejos, en las elecciones extremeñas de diciembre del año pasado, el PP montó un escándalo político, apoyado por sus terminales mediáticas, sobre el robo en una oficina de Correos. Estos hechos le sirvieron al PP, al igual que a Trump, para sembrar dudas sobre la limpieza y la legitimidad de la modalidad del voto postal, no sin antes acusar al Gobierno de querer manipular la voluntad popular. Aunque luego se demostró que se trató de un simple robo, los populares se apresuraron a cuestionar un modelo que no ha hecho más que favorecer sus triunfos electorales.

Ocurrió con Trump tras las elecciones estadounidenses de 2020 y las terribles imágenes del asalto al Capitolio; también cuando los partidarios de Jair Bolsonaro protagonizaron actos violentos dentro y fuera del congreso brasileño; y ahora en Italia, con una reforma electoral diseñada desde el Gobierno. Asimismo, empieza a observarse también en España cuando se cuestiona la legitimidad del censo electoral o se presenta una ley aprobada por las Cortes Generales como un mecanismo encubierto de manipulación electoral.

Reglas válidas si ganan ellos

Algunos de los pilares de la democracia son el disenso, la confrontación de ideas, el debate e incluso las reformas de sus leyes y, por supuesto, el respeto y cumplimiento de las mismas. Sin embargo, es evidente que, cada vez con mayor frecuencia, las formaciones de extrema derecha, y ya también parte de la derecha tradicional, normalizan la deslegitimación permanente de las propias reglas de los sistemas democráticos cada vez que estas dejan de resultarles favorables. Y, para forzar que así sea, no dudan en reventar el sistema desde el ejercicio del poder para perpetuarse en él.

Y esta operación va más allá de que Trump, Meloni o incluso Feijóo o Santiago Abascal quieran cambiar las reglas del juego para ganar sí o sí, sea como sea: los ciudadanos se enfrentan ya no solo a recortes de derechos sociales y civiles de sus medidas políticas. El gran triunfo de los gobiernos de derechas y extrema derecha es haber conseguido que, desde el poder, se hayan normalizado sus consecuencias (necesidad de contratar seguros médicos privados, matricular a los hijos en colegios concertados, salarios bajos, condiciones contractuales precarias, alquileres y precios disparados de la vivienda, etc.). Y sin rechistar, sin huelgas, sin manifestaciones, sin conflicto.

Y los Trump, Milei, Meloni, Abascal y hasta Feijóo no se conforman. Ahora van a por sus derechos políticos para impedir que se expresen libremente en las urnas.