"Quieren fabricar nuevos votantes". Con esa idea, expresada estos días por dirigentes del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, se ha abierto una nueva batalla política en torno a la aplicación de la conocida como "Ley de Nietos", incluida en la Ley de Memoria Democrática. Según sostienen, la concesión de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes y exiliados podría acabar alterando el censo electoral.
Es un debate legítimo. Como lo es cuestionar cualquier ley aprobada por un Gobierno. Lo que quizá no sea tan legítimo es olvidar la historia para sostener ese debate. Porque antes de hablar de censos, de estrategias electorales o de supuestos beneficios partidistas conviene recordar algo que parece haberse difuminado con el paso del tiempo: España fue, durante buena parte del siglo XX, un país de emigrantes.
Durante los años previos a la Guerra Civil y posteriormente entre las décadas de 1950 y 1970, millones de españoles abandonaron su tierra. Algunos cruzaron el Atlántico rumbo a Argentina, Venezuela, Cuba, Uruguay o México. Otros hicieron las maletas hacia Francia, Alemania, Suiza o Bélgica. Lo hicieron huyendo de la pobreza, de la falta de oportunidades y, en muchos casos, de la represión política derivada de la dictadura franquista. Entre ellos estuvo mi abuelo Félix.
Como tantos otros, con tan solo 19 años, dejó atrás su hogar, a su madre y a su padre, a mis bisabuelos, buscando un futuro mejor. Siguiendo los pasos de su hermano mayor Aurino cruzó el océano en barco desde Vigo, con una maleta llena de incertidumbre, pero también con la esperanza de regresar algún día a su Asturias con la convicción de que nunca dejaría de ser español. Y tras Félix, sus otros dos hermanos más pequeños, Tino, Luis y Manuel se marcharon los dos primeros a Argentina con él y este ultimo a Chile. Por otro lado, su hermana Felicitas, la única mujer de la familia, se quedó al cuidado de mis bisabuelos Visitación y Laureano en aquel hórreo en medio del prado de la Vega de Sebarga, en Cangas de Onís. Quizás la tristeza de ver a partir a sus hijos a América hizo que Visitación muriera poco después sin poder volver a verles. Años más tarde, Laureano también falleció sin reencontrarse con sus hijos.
La historia de mi abuelo, que es también mi historia, no es excepcional. Es la historia de cientos de miles de familias. Décadas después, muchos de sus hijos, nietos y bisnietos seguimos conservando ese mismo sentimiento de pertenencia. Hemos nacido a miles de kilómetros de España, hablamos con acento argentino, cubano o venezolano y hemos construido nuestras vidas en otros países: conocemos nuestros apellidos, nuestras raíces y las historias familiares que nos recuerdan de dónde venimos. La Ley de Memoria Democrática no nos regala una nacionalidad, nos reconoce un vínculo histórico y hasta emocional que nunca desapareció.
Desde pequeño he escuchado a mi padre hablar de la “Asturias del abuelo Félix”, de la tía Felicitas que se quedó con sus abuelos, y de sus primos. Y como si de un boomerang se tratase, con 20 años, casi la misma edad con la que partió Félix a América, tras viajar más de 12.000 kilómetros, descubrí una parte de mi historia familiar que, mal que le pese a algunos, no deja de ser la historia de este país.
La que acabo de contar no es más que una de las millones de historias que se esconden detrás de cada emigrante español que, por distintas circunstancias (hambruna, cuestiones políticas, escasez, etc.) se vieron obligados a dejar su tierra y a sus seres queridos a los que nunca más volvieron a ver.
Por eso, cuando el Partido Popular habla que la “Ley de Nietos” busca “fabricar votantes” ya no solo falta a la verdad sino que además insulta a todas esas familias desmembradas, a sus historias, en muchos casos con un alto coste emocional, ninguneando su pasado, y una parte del pasado de este país que pareciera quisieran borrarlo, como también la dictadura que a día de hoy siguen sin condenarla.
En las últimas horas, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo , ña presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y la portavoz del grupo conservador en el Congreso, Esther Muñoz han orillado llamar “aprovechados” a los hijos y nietos de esos inmigrantes tan solo por pedir el pasaporte de sus padres o abuelos. Y que la propia Constitución Española, a la cual soy muy dados a relucir en otras cuestiones políticas, les garantiza como españoles de origen en el artículo 11. Es precisamente en desarrollo de ese mandato de la Carta Magna donde se enmarca la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho de determinados descendientes de españoles a optar a la nacionalidad.
Los datos ayudan a dimensionar el debate. Hasta marzo de 2026, más de 1,2 millones de descendientes de españoles habían presentado formalmente su solicitud de nacionalidad al amparo de esta ley. Más de 544.000 expedientes ya habían sido aprobados y cientos de miles de nuevos ciudadanos habían sido inscritos en los registros civiles consulares. Detrás de cada uno de esos expedientes no hay un votante recién inventado: hay una historia familiar, un abuelo que emigró, una abuela que dejó atrás su tierra, una familia que nunca dejó de sentirse española.
Pero si hay algo que convierte esta polémica en especialmente llamativa no es la ley sino la hemeroteca. Y el Partido Popular con ella, como ya nos tiene acostumbrados (Ley del Matrimonio Igualitario o recientemente la Ley de Amnistía) entra en cortocircuito.
En estos últimos días, varios dirigentes populares han alertado de que la recuperación de la nacionalidad por parte de los descendientes de emigrantes es “una maniobra de Sánchez" para alterar el censo electoral y así conseguir revalidar su mandato “fabricando votantes”. Sin embargo, y aquí es donde está la paradoja, son los mismos que hace apenas unos años defendían exactamente lo contrario.
Durante sus años como presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo convirtió a la diáspora gallega en una prioridad política. Argentina, el país con mayor número de gallegos fuera de España, fue una parada habitual de sus viajes institucionales. Allí participó en encuentros con centros gallegos, comidas multitudinarias y actos con la colectividad emigrante para mantener vivo el vínculo con quienes, pese a vivir al otro lado del Atlántico, seguían formando parte de Galicia. Nadie cuestionaba entonces que aquellos gallegos mantuvieran intactos sus derechos como ciudadanos españoles.
Más aún. En 2022, durante una visita a Argentina y en vísperas del ciclo electoral que desembocaría en las elecciones generales de 2023, el propio Feijóo defendía públicamente facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nietos de emigrantes. Aquel mensaje, recuperado ahora y difundido de nuevo en redes sociales al punto de haberse viralizado, contrasta con las dudas que hoy plantea sobre el impacto electoral de esa misma realidad. No fue una declaración aislada.
El programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 2023 en su medida número 344 incluía expresamente el compromiso de ampliar y facilitar el acceso a la nacionalidad española para los descendientes de españoles residentes en el exterior. Y en 2022, la hoy portavoz del grupo popular en el Congreso, Esther Muñoz, defendía igualmente esa posibilidad en el Senado.
Llegados a este punto, cabe una pregunta. ¿Cómo es posible que quienes durante años viajaban a miles de kilómetros para pedir el voto de los españoles residentes en el exterior cuestionen ahora que los descendientes de esos mismos españoles puedan recuperar la nacionalidad de sus abuelos?
En cualquier caso, las referencias a un supuesto "pucherazo", a la manipulación del censo o a la desconfianza hacia las reglas del juego democrático resulta una estrategia difícil de comprender, especialmente si se tiene en cuenta que el Partido Popular ha ganado las últimas citas electorales en Extremadura, Castilla y León, Aragón y, más recientemente, Andalucía. Cuesta entender que el mismo partido que obtiene un respaldo mayoritario en las urnas, cuestione la legitimidad de ellas. En consecuencia, ¿Quiere decir que María Guardiola, Alfonso González Mañueco, Jorge Azcón y, previsiblemente, Juanma Moreno Bonilla son presidentes en sus comunidades gracias a un pucherazo? La incomprensible estrategia de Génova 13 deslegitima a sus propios barones y sus victorias.
Pero aquí no acaba la cuestión. El Partido Popular en vez de introducir el debate político, totalmente válido, sobre los requisitos de la ley, sus plazos o aplicación administrativa, ha decidido convertir a los descendientes de aquellos emigrantes en protagonistas de una teoría según la cual recuperar la nacionalidad española equivale a fabricar votantes borrando su pasado y dando por hecho que todos, o casi todos, votaran al PSOE! Una afirmación aberrante que ningunea y que no hace justicia a esos padres y abuelos, a sus historias de sacrificios y esfuerzos, a los costes físicos y emocionales que hay detrás de cada desarraigo. Reducir el derecho de obtener la nacionalidad a una “maniobra de Sánchez” es una burda y vergonzosa simplificación que el PP debería hacérsela mirar.
Durante décadas fueron otros países los que acogieron a nuestros abuelos cuando España no podía ofrecerles un futuro. Argentina, Venezuela, México, Francia, Alemania, Suiza o Bélgica abrieron sus puertas a millones de españoles que buscaban exactamente lo mismo que hoy buscan quienes llegan a nuestro país: una oportunidad para vivir con dignidad.
España, y sobre todo los políticos de derechas, no puede permitirse olvidar su propia historia: fuimos un país de exiliados, de emigrantes, que despidió a generaciones enteras en estaciones de trenes y puertos mientras las familias lloraban sin saber si habría un reencuentro. Mis bisabuelos murieron sin volver a ver y a abrazar a sus hijos.
Ser patriota y español, como tanto les gusta presumir, es también reconocer esos esfuerzos y esos sacrificios físicos y emocionales que otros españoles hicieron en el pasado en circunstancias adversas en viajes de meses, con pocos recursos, desprovistos de la tecnología actual, con la incertidumbre por delante pero con las ganas de abrirse mundo desde cero del otro lado del charco o en otro país donde ni siquiera conocían el idioma. Y aun así, aquellos emigrantes nunca dejaron de ser españoles. Gracias a ellos se conservaron costumbres, acentos y un vínculo con España que ha sobrevivido durante generaciones. Por eso resulta profundamente injusto reducirlos a una maniobra política del PSOE y del actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Cuando en los últimos días he escuchado a algunos dirigentes del PP y de Vox hablar con demasiada ligereza de "los nietos de Sánchez" no he hecho más que pensar en mi abuelo Félix, de cómo 50 años después de haber fallecido, pisotean su historia de desarraigo, de haber dejado su Asturias con tan solo 19 años, de no volver a ver más a sus padres. Y quizás por esta razón, ha nacido el presente artículo. Frente a las faltas de respeto y al malicioso e intencionado “borrado” de los millones de emigrantes españoles a lo largo del siglo pasado, reivindicarles era una imperiosa necesidad.
Mal que le pese a Alberto Núñez Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, los hijos y nietos de emigrantes, formamos parte de la historia de este país; no somos los nietos de Sánchez, somos los nietos de España.