La Mesa del Congreso volvió a convertirse este martes en escenario de una disputa que trasciende el debate parlamentario para adentrarse en una cuestión mucho más profunda sobre el funcionamiento de las instituciones. PSOE y Sumar utilizaron su mayoría para impedir que prosperaran las enmiendas registradas por el Partido Popular y Junts con las que ambas formaciones pretendían que el Pleno instara a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas.
La decisión se fundamenta en un argumento jurídico relativamente sencillo. La facultad de disolver las Cortes y convocar elecciones corresponde constitucionalmente al presidente del Gobierno. No es una competencia del Congreso ni puede convertirse en objeto de mandato parlamentario. La polémica, sin embargo, revela algo más interesante que el propio debate procedimental.
Desde hace meses, una parte de la oposición ha convertido la convocatoria electoral en una especie de mantra político repetido con insistencia casi litúrgica. Cada sesión parlamentaria, cada controversia política y cada investigación judicial terminan desembocando en la misma exigencia. Elecciones inmediatas.
Resulta curioso que quienes sostienen que el Gobierno está acabado siguen reconociendo implícitamente que conserva la capacidad parlamentaria suficiente para mantenerse en pie.
La legislatura atraviesa dificultades evidentes. Nadie parece dispuesto a negarlo. Tampoco resulta sencillo gobernar en un escenario fragmentado y con una mayoría tan heterogénea. Sin embargo, las dificultades políticas no equivalen automáticamente a una obligación constitucional de adelantar las urnas.
El Partido Popular lleva años construyendo buena parte de su estrategia sobre la idea de una caída inminente del Ejecutivo. El problema es que esa caída anunciada se parece cada vez más a esos finales de temporada que nunca llegan porque la serie ha sido renovada una vez más.
Alberto Núñez Feijóo continúa comportándose como un presidente en prácticas que espera una llamada que la realidad política sigue retrasando capítulo tras capítulo.
Junts, por su parte, ha decidido acompañar esta iniciativa en un momento de creciente tensión con el Gobierno. La formación independentista pretendía introducir una fórmula jurídicamente más matizada, subrayando el carácter político y no vinculante de la petición. Aun así, la Mesa entendió que el contenido seguía invadiendo una competencia reservada al jefe del Ejecutivo.
La discusión recuerda además que las instituciones democráticas funcionan sobre equilibrios precisos. El Congreso controla al Gobierno, fiscaliza su acción y puede incluso retirarle la confianza mediante los mecanismos previstos en la Constitución. Lo que no puede hacer es asumir atribuciones que corresponden a otros poderes o cargos institucionales.
Por eso resulta llamativo que parte del debate público presente esta decisión como una anomalía democrática cuando, en realidad, responde precisamente al respeto de las reglas democráticas existentes.
La democracia no consiste únicamente en votar. También consiste en respetar los procedimientos, las competencias y los límites establecidos por el propio sistema.
La oposición sostiene que existe un bloqueo político. El Gobierno responde que mantiene la legitimidad obtenida en las urnas en julio de 2023 y que la legislatura sigue plenamente vigente. Ambas posiciones forman parte del debate político legítimo.
Lo que parece cada vez más evidente es que el Partido Popular ha encontrado en la petición permanente de elecciones una fórmula cómoda para evitar una pregunta más incómoda. Qué proyecto alternativo ofrece para el país más allá del desgaste del adversario.