Ayuso y Zarzalejo criminalizan las protestas docentes para eludir el debate sobre la educación pública

La consejera de Educación de Ayuso acusa a los profesores de utilizar la huelga con fines electorales, mientras sus propias cifras presupuestarias y sus argumentos sobre las ratios y las horas lectivas dejan importantes preguntas sin respuesta

17 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 14:46h
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La garrapata flamenca junto a los docentes en una concentración en la Asamblea de Madrid
La garrapata flamenca junto a los docentes en una concentración en la Asamblea de Madrid

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha aprovechado su entrevista de este martes en 120 Minutos, de Telemadrid, y su comparecencia ante la Asamblea regional para cuestionar las reivindicaciones del profesorado en huelga, huelga atribuir motivaciones políticas a las movilizaciones y defender la gestión educativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, sus declaraciones dejan sin resolver cuestiones esenciales sobre la financiación de los centros públicos, las necesidades de las plantillas, la atención a la diversidad y las condiciones en las que miles de docentes desarrollan diariamente su trabajo.

Los docentes en una concentración en la Asamblea de Madrid
Los docentes en una concentración en la Asamblea de Madrid

El problema de fondo no es únicamente salarial. Los profesores reclaman reducir las horas lectivas, disponer de más tiempo para preparar las clases, atender individualmente al alumnado, disminuir la burocracia, mejorar las instalaciones y contar con suficientes profesionales de orientación y apoyo. Son reivindicaciones laborales, pero también educativas, porque las condiciones en las que trabaja el profesorado influyen directamente en la calidad de la enseñanza.

Una huelga que Zarzalejo atribuye a las elecciones, aunque se preparó meses antes

Uno de los argumentos más controvertidos de la consejera consiste en vincular la protesta con las elecciones generales del 29 de noviembre y las sindicales del 3 de diciembre. Zarzalejo sostiene que la huelga responde a una estrategia política y llega a acusar a determinados grupos de querer perjudicar al sistema educativo madrileño.

La cronología, sin embargo, debilita esa interpretación. Las organizaciones docentes ya habían anunciado movilizaciones antes del verano y la tabla reivindicativa que precedió a la huelga indefinida de octubre fue elaborada con anterioridad a la fase final de la campaña electoral. La propia María Rey recordó durante la entrevista que la convocatoria se había producido antes del verano.

Tampoco resulta ajustado reducir el conflicto a la actuación de UGT y CCOO, como hizo Zarzalejo. El comité de huelga reúne a nueve organizaciones sindicales y colectivos educativos, entre ellos CGT, STEM, CNT, Solidaridad Obrera, Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

La coincidencia de una protesta laboral con unas elecciones no demuestra que sus reivindicaciones sean ficticias ni que respondan exclusivamente a intereses partidistas. Para sostener esa acusación harían falta pruebas que la consejera no aportó durante la entrevista.

Los 13.600 profesores que, según la consejera, costaría reducir una hora lectiva

Zarzalejo defendió que pasar de dieciocho a diecisiete horas lectivas semanales en Secundaria obligaría a contratar 13.600 docentes adicionales. Presentó la cifra como un argumento prácticamente definitivo para descartar la reivindicación.

Pero no explicó el procedimiento utilizado para obtenerla, qué colectivos estarían incluidos, cuántas horas deberían cubrirse realmente ni cómo habría calculado las necesidades adicionales de personal.

Reducir una hora lectiva no significa reducir la jornada laboral total del profesorado. Significa redistribuir una parte del tiempo de trabajo hacia tareas que también forman parte de la docencia: preparación de materiales, coordinación, evaluación, tutorías y atención a las familias.

La Consejería debería publicar una memoria económica detallada de sus cálculos. Sin ella, los 13.600 contratos constituyen una afirmación administrativa pendiente de justificación independiente, no una demostración suficiente de la inviabilidad de la medida.

La sorprendente afirmación de que 282.000 alumnos perderían su plaza

Todavía más llamativa resulta la cifra utilizada por Zarzalejo durante su comparecencia parlamentaria. Según afirmó, reducir determinadas ratios a quince alumnos supondría que 282.000 estudiantes perderían su plaza escolar.

El razonamiento confunde dos cuestiones: las necesidades de nuevas aulas y los efectos de una reorganización educativa. Una reducción de ratios exige más espacios, profesorado y planificación, pero no implica automáticamente la expulsión o pérdida definitiva de escolarización de cientos de miles de estudiantes.

Además, el profesorado no reclama quince alumnos para todas las etapas. Su propuesta diferencia entre Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Para valorar la cifra de la consejera sería necesario conocer las aulas existentes, los grupos afectados, las instalaciones disponibles y el calendario de implantación. Nada de eso quedó suficientemente explicado en su intervención.

Madrid aumenta el presupuesto, pero sigue por debajo de la media en gasto por alumno

La consejera presentó el proyecto educativo de 2027 como una prueba inequívoca del compromiso del Ejecutivo regional con la enseñanza. El presupuesto alcanza aproximadamente 7.746 millones de euros, un 11,2 % más que el ejercicio anterior.

El incremento es real y debe reconocerse. Sin embargo, la dimensión global de un presupuesto no permite determinar por sí sola si los centros públicos disponen de recursos suficientes.

Los datos comparables de 2023 utilizados por el comité de huelga sitúan el gasto educativo madrileño en 5.534 euros por alumno, frente a una media española de 6.851 euros cuando se considera conjuntamente la enseñanza pública y concertada. Si se examinan únicamente los centros públicos, Madrid registra 6.502 euros por estudiante frente a 7.943 euros de media estatal.

Se trata de una diferencia que exige una explicación política y presupuestaria, aunque los costes territoriales, la estructura del alumnado y las competencias también deben tenerse en cuenta.

Mientras tanto, el proyecto regional contempla 135,5 millones adicionales para la enseñanza concertada. El debate no consiste en cuestionar los derechos de sus trabajadores, sino en determinar si la distribución de los recursos públicos permite atender adecuadamente las necesidades específicas de colegios, institutos y centros de Formación Profesional públicos.

PISA no sustituye a la financiación ni a las condiciones laborales

Zarzalejo recurrió también a los resultados de PISA para defender el modelo madrileño y cuestionar la relación entre inversión educativa y calidad de la enseñanza.

Pero los resultados académicos no permiten concluir que los recursos económicos carezcan de importancia. El rendimiento depende de múltiples factores, entre ellos el contexto socioeconómico, las características del alumnado, la organización de los centros, los docentes disponibles y la estabilidad de los equipos educativos.

Tampoco es metodológicamente correcto utilizar una comparación aislada entre Madrid y País Vasco para descartar la relevancia del gasto educativo. Una evaluación rigurosa debe contemplar los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje.

Los docentes madrileños pueden contribuir a obtener buenos resultados y, al mismo tiempo, trabajar en condiciones mejorables. Ambas realidades son perfectamente compatibles.

La garrapata flamenca junto a los docentes en una concentración en la Asamblea de Madrid
La garrapata flamenca junto a los docentes en una concentración en la Asamblea de Madrid

Defender el derecho a la educación exige respetar también el derecho de huelga

Zarzalejo sostiene que las movilizaciones perjudican al alumnado y ha anunciado medidas para recuperar la actividad académica. La preocupación por los estudiantes resulta legítima, especialmente cuando se trata de quienes afrontan evaluaciones decisivas.

Pero el derecho a la educación no puede utilizarse para deslegitimar automáticamente el derecho constitucional de huelga.

UGT, CCOO, CGT y CNT, con el respaldo del comité, han recurrido ante la Justicia determinadas comunicaciones remitidas por la Consejería al profesorado y a los equipos directivos, al considerar que pueden vulnerar derechos fundamentales. Corresponderá a los tribunales examinar esas alegaciones.

La Administración debe garantizar los servicios esenciales y proteger los derechos de toda la comunidad educativa, pero también negociar de buena fe con quienes reclaman mejoras en sus condiciones profesionales.

La educación pública necesita respuestas, no descalificaciones

El Gobierno de Ayuso puede defender sus acuerdos de 2025, sus previsiones presupuestarias y el calendario de incorporación de docentes. También puede discutir el coste, la viabilidad y los plazos de las nuevas reivindicaciones sindicales.

Lo que no resuelve el conflicto es presentar las demandas educativas como una operación electoral, atribuir intenciones a los convocantes o utilizar cifras de gran impacto sin facilitar los cálculos que las respaldan.

Una negociación seria debería abordar los recursos disponibles, las necesidades reales de contratación, la distribución de las cargas lectivas, la reducción progresiva de ratios y los problemas específicos de los centros.

Los profesores no están reclamando únicamente mejores condiciones para ellos. Están planteando cómo debe organizarse y financiarse la educación pública para ofrecer una atención de mayor calidad. Esa discusión merece respuestas documentadas, voluntad negociadora y respeto institucional, incluso cuando las partes mantienen posiciones muy alejadas.

Porque el futuro de la enseñanza madrileña no depende de ganar una discusión televisiva, sino de garantizar que sus docentes puedan enseñar y sus alumnos puedan aprender en las mejores condiciones posibles.

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