La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, parecen decididas a convertir un conflicto laboral y educativo en una batalla política contra los propios profesores. Más de un mes después del inicio de la huelga indefinida, el Gobierno regional sigue sin encontrar una salida negociada, mientras las acusaciones de violencia, las amenazas de denuncias judiciales y la descalificación de los manifestantes ocupan el lugar que deberían tener el diálogo y las soluciones.
Lo ocurrido este lunes, 16 de noviembre, durante un acto sobre Formación Profesional en Madrid constituye un nuevo episodio de una estrategia que difícilmente dará los resultados que parece perseguir el Ejecutivo autonómico. La consejera suspendió su participación después de que un grupo de docentes accediera al recinto en medio de forcejeos con personal de seguridad, pero sin ningún tipo de violencia. La Policía Nacional intervino y, según la Consejería, identificó a decenas de personas.
Detrás de las protestas hay profesores, maestros y profesionales de la educación que llevan años reclamando mejores condiciones para enseñar y recursos suficientes para atender a sus alumnos.
Zarzalejo confunde la firmeza con la negativa a negociar
La consejera ha llegado a sostener que no puede negociar con quienes, a su juicio, recurren a la violencia y la agresividad. Sin embargo, su argumentación presenta un problema fundamental.
Una huelga no es una reunión informal de manifestantes. Tiene convocantes, representantes y un comité constituido para actuar como interlocutor durante el conflicto. La legislación laboral contempla expresamente la negociación durante la huelga y las responsabilidades propias de su comité.
Desautorizar a estos interlocutores por las actuaciones que se atribuyen a determinadas personas supone trasladar el enfrentamiento desde las reivindicaciones educativas hasta una discusión permanente sobre quién merece sentarse a una mesa.
Zarzalejo sostiene que negocia con los representantes sindicales elegidos democráticamente, pero los sindicatos mayoritarios, UGT Madris y CCOO Madrid se han levantado de la mesa. El comité de la huelga indefinida está integrado también por organizaciones sindicales y colectivos docentes que representan la convocatoria concreta. La existencia de otras mesas de negociación no elimina la necesidad de abordar este conflicto y sus reivindicaciones.
El Gobierno puede discrepar de las demandas, presentar contrapropuestas o explicar por qué considera inviables determinadas medidas. Lo que no puede pretender es que el conflicto desaparezca simplemente negando legitimidad a quienes lo protagonizan.
La huelga empezó antes de la campaña electoral
Otro de los errores de la estrategia del Gobierno madrileño consiste en interpretar las movilizaciones como una ofensiva política vinculada a las elecciones generales del 29 de noviembre.
La cronología desmonta esa interpretación.
Los docentes acordaron en junio iniciar una huelga indefinida el 14 de octubre si no existían avances en sus reivindicaciones. En agosto, el comité de huelga ya había dirigido una petición formal de negociación a la Consejería. Todo ello ocurrió antes de que comenzara la campaña electoral.
No fueron los profesores quienes adaptaron sus reivindicaciones a unas elecciones. Fue el calendario electoral el que terminó coincidiendo con un conflicto educativo que llevaba meses preparándose y que tenía antecedentes mucho más antiguos.
Presentar ahora a los manifestantes como personas que persiguen la agenda de la presidenta o de su consejera puede resultar útil para alimentar la confrontación política, pero no explica por qué miles de profesionales consideran necesarias mejoras en sus centros.
Y, sobre todo, no aporta una sola solución.
Los profesores no reclaman privilegios, reclaman medios para enseñar
Reducir las protestas a una cuestión salarial es otra forma de desvirtuar el conflicto.
El profesorado madrileño reclama disminuir las horas lectivas, reducir las ratios de alumnos por aula, reforzar los equipos de atención a la diversidad, mejorar las infraestructuras educativas y aliviar una carga burocrática que resta tiempo al trabajo pedagógico.
Son demandas que afectan directamente a la calidad de la educación que reciben niños y adolescentes.
Un docente que dispone de más tiempo para preparar sus clases, atender individualmente a sus alumnos o coordinarse con otros profesionales puede desarrollar mejor su trabajo. Un centro que cuenta con suficientes especialistas de apoyo está en mejores condiciones de responder a las necesidades de estudiantes con dificultades de aprendizaje, discapacidad o situaciones sociales complejas.
También hay que afrontar transformaciones que el sistema educativo no puede seguir posponiendo. La diversidad cultural y lingüística del alumnado, la incorporación de nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial exigen recursos, formación y una organización escolar adaptada a la realidad del siglo XXI.
No se puede responder a estos desafíos únicamente con estadísticas, discursos institucionales o acusaciones contra quienes denuncian las carencias.
La educación pública necesita planificación, inversión y profesionales escuchados por su administración.
La amenaza judicial no puede sustituir a la política educativa
Zarzalejo ha anunciado su intención de emprender acciones judiciales por los incidentes ocurridos durante las protestas y ha planteado incluso la posibilidad de exigir responsabilidades a integrantes del comité de huelga si considera que han inducido determinadas actuaciones.
La justicia deberá establecer, si se formalizan las denuncias, los hechos y las responsabilidades que correspondan. Pero una cosa es exigir el cumplimiento de la ley y otra muy distinta convertir la judicialización del conflicto en el principal mensaje político de la Consejería.
La presidenta Ayuso debería preguntarse qué pretende conseguir con esta escalada.
¿Que los profesores abandonen unas reivindicaciones que llevan meses defendiendo? ¿Que la presión institucional haga desaparecer un malestar acumulado durante años? ¿Que la opinión pública olvide los problemas de las aulas y se concentre exclusivamente en los incidentes de las manifestaciones?
Ninguna de esas posibilidades constituye una política educativa. Además, cada jornada de conflicto sin una salida negociada implica nuevos costes para el profesorado, dificultades para los centros y consecuencias para el alumnado y las familias.
La obligación de una administración responsable es reducir esos perjuicios, no prolongar indefinidamente el enfrentamiento.
Ayuso debería escuchar a quienes sostienen diariamente las aulas
El error político de la presidenta madrileña consiste en asumir que la firmeza ante los docentes puede ofrecerle los mismos beneficios que otras confrontaciones con adversarios políticos.
Pero los profesores no son un partido de la oposición. Son trabajadores de un servicio público esencial, responsables cada día de la formación de cientos de miles de estudiantes.
Sus reivindicaciones pueden discutirse, negociarse y someterse a criterios presupuestarios. Lo que no resulta razonable es convertir el ejercicio de su derecho de huelga en una descalificación general de su compromiso profesional.
La Comunidad de Madrid tiene capacidad institucional para convocar a los representantes del conflicto, examinar las demandas, establecer prioridades y presentar un calendario verificable de mejoras. Ese debería ser el camino.
Persistir en las acusaciones, las amenazas y el desprecio hacia la protesta puede reforzar una determinada imagen de dureza política, pero no reducirá las ratios, no contratará especialistas, no modernizará los centros y no resolverá las dificultades cotidianas del profesorado.
Ayuso y Zarzalejo todavía pueden rectificar. Reconocer la legitimidad de las reivindicaciones no obliga a aceptar todas las peticiones, pero sí exige escucharlas y negociarlas de buena fe.
Porque un Gobierno que convierte a sus profesores en adversarios acaba enfrentándose a quienes necesita para garantizar una educación pública de calidad. Y por mucho que se empeñe en ganar la batalla del relato, no habrá ganado nada si las aulas continúan esperando soluciones.
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