Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cruzar una línea preocupante en su manera de entender la confrontación política. Este domingo, durante un mitin del Partido Popular en Móstoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha limitado a atacar a Pedro Sánchez, cuestionar la actuación del Gobierno o defender la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Ha dirigido sus descalificaciones contra quienes defienden la educación pública, ha despreciado las movilizaciones sindicales y ha cuestionado que determinadas personas puedan estar al frente de las aulas madrileñas por participar en protestas.
Todo ello mientras, a las puertas del acto, se concentraban manifestantes que reclamaban diálogo, negociación y respeto a sus derechos.
Ayuso ha preferido responder desde el escenario con una acusación especialmente grave: que algunas de esas personas recorren las manifestaciones para obtener dinero público. Ni pruebas concretas ni identificación de los supuestos beneficiarios. La insinuación ha bastado para desacreditar a quienes protestaban.
Ayuso señala a los docentes: «Yo eso no lo quiero para la educación de los niños»
El momento más grave de su intervención ha llegado cuando ha arremetido contra las personas que participan en diferentes movilizaciones sociales, incluyendo a quienes defienden la enseñanza pública. La presidenta ha afirmado que van «de pancarta en pancarta para poner el cazo» y conseguir subvenciones, antes de añadir que algunas están en las aulas y que no las quiere para la educación de los niños de Madrid.
La declaración no puede despacharse como una simple ocurrencia electoral. Procede de la máxima responsable política de la educación madrileña y cuestiona la idoneidad profesional de personas a las que vincula con la protesta social.
La camiseta verde que Ayuso menciona no es un disfraz ni una estrategia para conseguir subvenciones. Es el símbolo de un movimiento que lleva años defendiendo la escuela pública madrileña frente a los recortes, la precariedad y las decisiones de diferentes gobiernos autonómicos.
La presidenta tiene derecho a discrepar de sus reivindicaciones. Lo que no puede hacer sin recibir una respuesta crítica es insinuar que quienes las sostienen buscan aprovecharse económicamente de ellas y que, por esa razón, no deberían estar en las aulas.
Confundir la discrepancia política con la falta de idoneidad profesional supone un mensaje profundamente inquietante cuando procede de quien dirige la Administración educativa.
Además, el profesorado madrileño mantiene un conflicto laboral que exige respuestas concretas. Según la información publicada este domingo, lleva en huelga indefinida desde el 14 de octubre y reclama que la Consejería de Educación abra una negociación.
Ayuso no ha ofrecido en su discurso una solución al conflicto. Ha preferido desacreditar a quienes exigen sentarse a negociar.
Los sindicatos, convertidos en sospechosos por ejercer sus derechos
La ofensiva no ha terminado en los docentes. Ayuso ha asegurado que existen 320.000 liberados sindicales que no trabajaron ni durante la pandemia, una cifra que ha presentado sin explicar su origen.
Una acusación de semejante magnitud exige documentación, identificación del colectivo al que se refiere y una explicación precisa de qué entiende por no trabajar. Sin esos elementos, su afirmación no puede aceptarse como un dato acreditado.
La presidenta también ha ridiculizado la huelga general del 11 de noviembre, ha ironizado sobre la palabra catalana vaga y ha recurrido a una insinuación sobre piquetes y productos de Mercadona.
Se trata de una estrategia conocida: sustituir las reivindicaciones laborales por caricaturas de quienes las protagonizan. En lugar de discutir salarios, condiciones de trabajo, servicios públicos o negociación colectiva, se presenta a los sindicalistas como privilegiados, aprovechados o personas que impiden trabajar a los demás.
Nadie está exento de cumplir la ley, tampoco los piquetes. Pero la eventual actuación irregular de una persona no convierte al conjunto del movimiento sindical en una organización sospechosa.
La libertad sindical y el derecho de huelga están protegidos por la Constitución. No son concesiones graciosas del Gobierno de turno ni privilegios que una presidenta autonómica pueda despreciar desde un atril.
Llamar «garrapatas» a los adversarios: cuando la confrontación se convierte en deshumanización
Ayuso ha dedicado buena parte de su discurso a presentar al sanchismo como una «garrapata», una imagen que ha repetido una y otra vez hasta convertirla en el eje central de su intervención.
Ha explicado que las garrapatas absorben la energía y los recursos, y ha recurrido incluso a cómo se extraen estos parásitos del cuerpo.
La presidenta ha aclarado que hablaba de expulsar al adversario mediante los votos. Esa precisión es importante y debe reconocerse. Sin embargo, no elimina el carácter deshumanizador de una comparación que identifica a una opción política con un organismo dañino que debe ser extirpado.
El problema no es que Ayuso quiera derrotar electoralmente al PSOE. Esa aspiración es absolutamente legítima. El problema es que para hacerlo presente reiteradamente a sus adversarios como una infección que contamina las instituciones y perjudica a la sociedad.
Quien reclama concordia y pluralismo debería ser la primera persona en comprender que la democracia necesita adversarios políticos legítimos, no enemigos convertidos simbólicamente en parásitos.
Begoña Gómez y el ataque personal convertido en espectáculo
Ayuso tampoco ha renunciado a ridiculizar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Durante el mitin ha ironizado sobre su trayectoria profesional y ha sugerido que para acceder a determinadas responsabilidades universitarias habría bastado con mantener una relación sentimental con un socialista.
Es una descalificación personal que pretende sustituir el análisis de los hechos por una burla sobre las relaciones de pareja.
Las actuaciones judiciales relacionadas con Gómez deben investigarse y resolverse conforme a la ley. Si se acreditan irregularidades, tendrán que establecerse las responsabilidades correspondientes. Pero ninguna investigación permite afirmar automáticamente que toda su trayectoria profesional se deba a su matrimonio.
Ayuso exige respeto hacia las mujeres cuando considera que sus adversarios las atacan, pero utiliza una insinuación sexista sobre la vida sentimental de otra mujer como recurso de campaña.
La contradicción resulta demasiado evidente para ignorarla.
Manuel Bautista: la presunción de inocencia que Ayuso reclama para los suyos. El contraste más revelador del mitin se ha producido en la defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, investigado judicialmente por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal del Partido Popular.
Ayuso ha presentado las acusaciones contra él como parte de una operación política destinada a destruir su reputación y ha atribuido a La Moncloa una campaña de desprestigio sin aportar pruebas que acrediten esa intervención.
Bautista tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse con todas las garantías. Pero exactamente el mismo principio debe aplicarse a las personas relacionadas con el PSOE contra las que Ayuso formula acusaciones constantemente.
No puede reclamarse prudencia cuando la investigación afecta a un compañero y prescindir de ella cuando el investigado pertenece a otro partido. Tampoco resulta coherente que una presidenta que denuncia la supuesta utilización política de la justicia convierta, sin demostrarlo, una investigación por presunto acoso en una conspiración gubernamental.
La educación pública merece respuestas, no insultos
Lo ocurrido en Móstoles revela una cuestión de fondo que va más allá de un mitin electoral. Ayuso gobierna una comunidad con competencias directas sobre la educación, la sanidad y numerosos servicios esenciales. Su responsabilidad institucional no desaparece cuando participa en un acto de partido.
Los profesores que se manifiestan siguen siendo profesionales de la enseñanza. Los sindicatos que convocan protestas siguen siendo organizaciones reconocidas por el ordenamiento constitucional. Los ciudadanos que reclaman explicaciones no se convierten en enemigos de Madrid por ejercer sus derechos.
La presidenta puede criticar sus propuestas, discutir sus reivindicaciones y defender otro modelo de gestión. Lo que debería hacer es responder a sus demandas con argumentos, datos y negociación, no atribuyéndoles intenciones económicas sin acreditarlas.
La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la contundencia con la que un gobernante insulta al adversario, sino por su capacidad para respetar a quienes discrepan, incluso cuando protestan a las puertas de sus actos.
Ayuso ha convertido la defensa de la libertad en el lema permanente de su carrera política. Sin embargo, la libertad también pertenece a quienes llevan una camiseta verde, participan en una huelga o consideran que su Gobierno está gestionando mal la educación pública.
UGT Enseñanza Madrid responde a Ayuso: «Deje de insultar y siéntese a negociar»
La respuesta sindical a las declaraciones de la presidenta madrileña ha sido contundente. Javier Becerra, de UGT Enseñanza Madrid, responsabiliza directamente al Gobierno autonómico de la continuidad del conflicto educativo y denuncia tanto los ataques a los docentes como las actuaciones que, a su juicio, pretenden debilitar el ejercicio del derecho de huelga.
Becerra afirma:
«La presidenta Ayuso y su Consejería de Educación, Ciencia y Universidades son las única responsable de que la huelga siga activa. Se pudo haber evitado si su Gobierno se hubiera sentado a negociar en junio, pero eligió el insultar y echar balones y ahora ya no sabe cómo salir del caos que ha organizado y en el que cada vez está más solo. Llamar “garrapatas” a quienes defienden la escuela pública y burlarse de los sindicatos no es propio de una presidenta.
Además falta a la verdad. Dice que las condiciones laborales del profesorado no le corresponden, y es mentira: la Comunidad de Madrid tiene las competencias en educación y es la que paga a sus docentes. O no conoce sus propias competencias o miente a sabiendas. Las dos cosas son graves.
Y cuando dice que “esto se va a acabar” mientras amplía los servicios mínimos para vaciar la huelga, deja claro lo que es: un ataque directo a un derecho fundamental. Señora Ayuso, deje de insultar y siéntese a negociar».
La denuncia de UGT sitúa el conflicto en el terreno de las responsabilidades políticas y administrativas de la Comunidad de Madrid. Las competencias educativas corresponden al Ejecutivo autonómico y la negociación de las condiciones laborales de sus docentes forma parte de sus responsabilidades institucionales.
Las acusaciones del representante sindical sobre la ampliación de los servicios mínimos y su finalidad requieren, en cualquier caso, examinar las resoluciones administrativas correspondientes.
El enfrentamiento entre Ayuso y los sindicatos evidencia un problema que no puede resolverse mediante descalificaciones electorales. Mientras la presidenta cuestiona a quienes protestan, UGT reclama una negociación que permita desbloquear la huelga.
La cuestión que queda sobre la mesa es sencilla: si el Gobierno madrileño considera que las reivindicaciones sindicales no son asumibles, debe explicarlo y defender su posición en una mesa de negociación. Lo que difícilmente puede justificar es que el conflicto educativo continúe agravándose mientras su presidenta dedica los mítines a desacreditar a quienes ejercen su derecho a protestar.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.