La comparecencia celebrada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama pretendía ser una escenificación institucional amable: naturaleza, gestión ambiental y anuncios administrativos envueltos en un paisaje idílico. Sin embargo, bastaron unas pocas preguntas para que el tono cambiara radicalmente y emergiera algo muy distinto: un discurso político basado en la desinformación, la deslegitimación de las denuncias por acoso sexual y una narrativa conspirativa que sitúa cualquier crítica dentro de una supuesta operación contra su propio poder.
Lo que debía ser una rueda de prensa institucional terminó convirtiéndose en una declaración política de enorme gravedad democrática.
Porque lo relevante no fue lo que Isabel Díaz Ayuso anunció, sino cómo respondió cuando se le preguntó por el caso del alcalde de Móstoles.
Y ahí quedó expuesto un marco ideológico inquietante.
Cuando el acoso pasa a ser un problema secundario
La cuestión planteada era clara: si el alcalde investigado debía asumir responsabilidades políticas en caso de avanzar el procedimiento judicial relacionado con denuncias por acoso sexual.
La respuesta no fue prudente ni institucional. Fue una defensa cerrada acompañada de una estrategia retórica conocida: trasladar el foco desde los hechos hacia una supuesta persecución política.
Ayuso afirmó que ni siquiera se sabe de qué se acusa al alcalde, insistiendo en que existe una situación de indefensión. Sin embargo, esa afirmación choca frontalmente con la información ya conocida públicamente: grabaciones difundidas, comunicaciones documentadas y testimonios que han sido publicados por distintos medios.
El problema no reside únicamente en defender la presunción de inocencia —principio básico del estado de derecho—, sino en desacreditar preventivamente a quien denuncia.
Ese matiz es esencial.
Porque la presidenta no se limitó a pedir cautela judicial. Fue más allá: insinuó mala fe, manipulación política e incluso una operación del Gobierno central destinada a destruir al alcalde.
En ese punto, el debate dejó de ser jurídico para convertirse en ideológico.
La inversión moral: del denunciado a la víctima política
Uno de los elementos más llamativos de sus declaraciones fue la comparación con figuras públicas acusadas de conductas similares, sugiriendo que muchas denuncias podrían ser falsas.
Este recurso retórico tiene consecuencias profundas.
Cuando desde la máxima autoridad política de una comunidad autónoma se plantea reiteradamente que las acusaciones pueden responder a conspiraciones, el mensaje social es inequívoco: denunciar puede convertirse en sospechoso.
El resultado práctico es devastador para cualquier política de igualdad.
España lleva décadas intentando romper el silencio que rodea al acoso sexual en entornos laborales e institucionales. Ese avance se sostiene sobre una idea sencilla: las denuncias deben investigarse sin prejuicios ni presiones.
Convertirlas en arma política revierte ese progreso.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Las grabaciones que contradicen el relato oficial
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la existencia de grabaciones conocidas públicamente que cuestionan la versión presentada por el entorno político del alcalde.
Lejos de reconocer la necesidad de esclarecer los hechos, Ayuso optó por una estrategia distinta: negar legitimidad al contexto en el que esas pruebas aparecen y sugerir que forman parte de una maniobra electoral.
El problema aquí no es solo político, sino factual.
Negar o minimizar elementos ya difundidos públicamente implica trasladar a la opinión pública una realidad alternativa donde los hechos dejan de importar frente al relato.
Es una técnica reconocible en los populismos contemporáneos: si la realidad resulta incómoda, se redefine como conspiración.
De móstoles a la teoría del fraude electoral
La comparecencia dio un salto aún más preocupante cuando la presidenta insinuó dudas sobre el propio funcionamiento democrático, afirmando que le preocupa incluso que las urnas no sean de cartón.
La frase no es menor.
Introducir sospechas sobre la limpieza electoral sin prueba alguna supone erosionar uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la confianza en el voto.
Este tipo de discursos han tenido precedentes internacionales recientes. Su lógica es conocida: sembrar dudas antes del proceso electoral permite cuestionar cualquier resultado adverso.
En ese marco, el debate político deja de basarse en programas o gestión y pasa a girar en torno a la legitimidad misma del sistema.
Machismo político disfrazado de defensa institucional
El aspecto más duro de las declaraciones llega cuando se analiza el tratamiento dado a la denunciante.
El relato presentado reduce el conflicto a una disputa personal y cuestiona indirectamente la evolución posterior de la denuncia, como si modificar o ampliar un testimonio fuese en sí mismo sospechoso.
Sin embargo, cualquier especialista en violencia sexual sabe que los procesos de denuncia suelen ser progresivos. Muchas víctimas tardan años en verbalizar plenamente situaciones de presión o acoso.
Presentar ese proceso como prueba de manipulación reproduce estereotipos clásicos: la mujer exagera, cambia su versión o actúa movida por intereses ocultos.
Ese marco no es neutral.
Es profundamente machista.
Cuando la corrupción económica pesa más que el acoso
Quizá la idea más perturbadora que emerge del discurso es la jerarquía moral implícita que establece.
Según el razonamiento expuesto, resulta más grave pertenecer a un entorno vinculado a corrupción económica que enfrentarse a acusaciones de acoso sexual.
La comparación reiterada con otros casos políticos revela una lógica peligrosa: el comportamiento personal queda subordinado a la utilidad política del acusado.
En otras palabras, el problema no sería el posible acoso, sino quién lo denuncia y en qué momento.
Ese desplazamiento ético redefine los límites de la responsabilidad pública.
La construcción permanente del enemigo
Otro elemento constante fue la identificación de un adversario omnipresente: el Gobierno central, el PSOE, los medios críticos o cualquier actor institucional que cuestione al ejecutivo madrileño.
Todo aparece integrado en una misma narrativa de persecución.
Este mecanismo cumple una función política clara: cohesionar al electorado mediante la sensación de amenaza externa.
Pero tiene un coste democrático elevado.
Cuando toda crítica se interpreta como ataque coordinado, desaparece el espacio para la rendición de cuentas.
Monarquía, república y la política del ruido
La introducción del debate “monarquía o república” en una pregunta ajena al tema refleja otra estrategia habitual: desplazar la conversación hacia conflictos identitarios para evitar responder al fondo del asunto.
Así, el foco deja de estar en el comportamiento de un cargo público concreto y pasa a situarse en una supuesta batalla existencial sobre España.
El resultado es ruido político.
Y el ruido beneficia siempre a quien necesita evitar explicaciones.
Una deriva que normaliza lo inaceptable
Lo sucedido en Guadarrama no fue un desliz verbal ni una respuesta improvisada. Fue la expresión coherente de una forma de hacer política basada en tres pilares:
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Desacreditar denuncias incómodas
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Convertir cualquier investigación en conspiración
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Erosionar la confianza institucional para movilizar electoralmente
El problema no afecta solo a un caso concreto. Afecta al modelo democrático. Porque cuando desde el poder se transmite que denunciar puede ser una maniobra política, que las elecciones pueden manipularse y que las pruebas conocidas carecen de valor si perjudican al propio bloque ideológico, se abre una grieta peligrosa.
El verdadero daño político
La cuestión final no es si el alcalde será o no condenado. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales.
La cuestión es otra: qué mensaje envía una presidenta autonómica cuando decide proteger políticamente al acusado antes incluso de que se esclarezcan los hechos.
La política democrática exige algo más que legalidad mínima.
Exige ejemplaridad.
Y en esta comparecencia ocurrió exactamente lo contrario.
Se normalizó la sospecha sobre la víctima, se trivializó el acoso y se sustituyó la responsabilidad pública por la confrontación permanente.
En ese instante, el debate dejó de ser sobre Móstoles.
Pasó a ser sobre los límites éticos del poder.
Y sobre hasta dónde puede llegar un discurso político cuando considera que ganar la batalla cultural justifica cualquier cosa.