La educación pública madrileña ha vuelto a demostrar este jueves su capacidad de movilización con una multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de la capital desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Decenas de miles de profesores, estudiantes universitarios, investigadores, trabajadores de administración y servicios, familias y representantes sindicales han unido sus reivindicaciones en una protesta que evidencia el creciente enfrentamiento entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La movilización ha puesto el broche a las dos jornadas de huelga convocadas en las seis universidades públicas madrileñas, que se han sumado a un conflicto mucho más amplio: la huelga indefinida del profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y otras enseñanzas, iniciada el pasado 14 de octubre y que continúa sin una solución negociada.
Las camisetas verdes, las pancartas y los cánticos en defensa de la enseñanza pública han vuelto a dominar las calles madrileñas. Entre las consignas más repetidas han destacado las dirigidas a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, a quien los manifestantes reclaman que abandone la confrontación y se siente a negociar.
«Zarzalejo, siéntate» y «Ayuso, escucha, la pública está en lucha» han resumido el malestar de una comunidad educativa que considera agotada la vía de las promesas y reclama compromisos concretos para recuperar las condiciones laborales y garantizar la calidad de la enseñanza.
Las seis universidades públicas se unen contra la falta de financiación
La manifestación ha tenido un significado especial por la incorporación de las seis universidades públicas de la región: Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá.
La huelga universitaria de los días 4 y 5 de noviembre ha sido convocada por organizaciones sindicales y plataformas en defensa de la universidad pública ante lo que consideran una situación de infrafinanciación que compromete la docencia, la investigación y el funcionamiento cotidiano de los campus.
Los colectivos convocantes cuestionan el acuerdo plurianual de financiación firmado entre el Gobierno autonómico y los rectores, presentado oficialmente como histórico, porque consideran que no garantiza los recursos necesarios para afrontar los problemas acumulados durante años.
Para 2027, el nuevo modelo contempla una financiación de 1.420,1 millones de euros, con un incremento anunciado de aproximadamente 180 millones respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, las plataformas denuncian que el volumen presupuestario resulta insuficiente, cuestionan la inclusión de determinados ingresos en el cálculo global y rechazan que parte de los recursos esté condicionada al cumplimiento de objetivos.
La situación económica de algunas universidades añade preocupación. La Complutense tuvo que recurrir a financiación extraordinaria para atender sus necesidades de tesorería, mientras que la Universidad Rey Juan Carlos estudia solicitar un crédito de 40 millones de euros.
Detrás de las cifras presupuestarias aparecen las consecuencias que denuncian profesores, investigadores y estudiantes: falta de personal, dificultades para renovar instalaciones, precariedad laboral, sobrecarga docente y limitaciones para desarrollar proyectos de investigación.
De las facultades a los colegios: una misma protesta por la enseñanza pública
La movilización universitaria ha confluido con las reivindicaciones del profesorado de las enseñanzas no universitarias, que afronta su cuarta semana de huelga indefinida.
Alrededor de 65.000 docentes están llamados a participar en los paros que afectan a colegios e institutos públicos de la región, donde estudian más de 666.000 alumnos.
Las organizaciones convocantes reclaman reducir la jornada lectiva semanal a 17 horas en Secundaria y a 22 horas en Infantil y Primaria, frente a las 19 y 25 horas actuales, respectivamente. También exigen disminuir el número de estudiantes por aula, reforzar las plantillas y ampliar los recursos destinados a la atención a la diversidad.
Entre sus reivindicaciones figuran igualmente una mejora salarial de 600 euros mensuales, la reducción de la burocracia que soporta el profesorado y un plan de renovación de los edificios educativos que incluya climatización y retirada de materiales con amianto.
Las plataformas denuncian además la segregación socioeconómica del alumnado y las diferencias de recursos entre centros públicos y concertados.
La coincidencia de ambos movimientos ha reforzado una demanda común: que el Gobierno regional garantice una financiación suficiente para el conjunto de la enseñanza pública, desde las primeras etapas educativas hasta la universidad.
Zarzalejo agrava el conflicto con sus descalificaciones al profesorado
La manifestación se ha celebrado pocas horas después de una tensa comparecencia de Mercedes Zarzalejo en la Asamblea de Madrid, donde la consejera ha vuelto a cuestionar el carácter laboral de la huelga y ha atribuido a sus promotores motivaciones políticas.
Sus declaraciones han incrementado el malestar de las organizaciones sindicales, especialmente después de que utilizara expresiones como «delincuencia», «prácticas mafiosas» y «confrontación callejera» para referirse a actuaciones que atribuye a participantes en las movilizaciones.
Zarzalejo ha llegado a amenazar con acudir a los tribunales durante su enfrentamiento parlamentario con la diputada de Más Madrid María Pastor, que le había reprochado esas descalificaciones.
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid ha condenado las palabras de la consejera y ha lamentado que no aprovechara su intervención para presentar soluciones.
«Hoy la consejera ha tenido una oportunidad en la Asamblea para empezar a resolver la huelga. No la ha aprovechado. No ha traído ni una sola propuesta. Ha traído descalificaciones», ha señalado la organización sindical.
UGT rechaza que las reivindicaciones puedan despacharse calificando la huelga de política y recuerda que las demandas sobre ratios, jornadas lectivas, plantillas y salarios afectan directamente a las condiciones de trabajo.
El sindicato también ha exigido que la Consejería respete la obligación legal de negociar con el comité de huelga, con independencia de la existencia de otras mesas sectoriales.
«Los docentes de Madrid merecen respeto y merecen soluciones», ha reclamado la organización.
Una jornada marcada también por la protesta ante la Consejería
Antes de la manifestación de la tarde, docentes y estudiantes han protagonizado nuevas movilizaciones frente a la Consejería de Educación, donde se han producido cortes de tráfico y momentos de tensión con la Policía.
Durante una de las concentraciones ha sido detenido un profesor de Secundaria. La plataforma Menos Lectivas ha denunciado las circunstancias de su arresto y ha atribuido el incidente a una provocación policial, una versión cuya exactitud no ha podido comprobarse de forma independiente.
El episodio se suma a las tensiones acumuladas durante las últimas semanas, marcadas por las protestas en centros educativos, las concentraciones frente a dependencias oficiales y las reclamaciones para que la Administración reciba al comité de huelga.
Los convocantes sostienen que la negativa a negociar está contribuyendo a prolongar el conflicto y advierten de que las movilizaciones continuarán si el Gobierno autonómico mantiene su posición.
La universidad vuelve a impartir clases en la calle
La segunda jornada de huelga universitaria también ha recuperado una de las iniciativas más representativas de las movilizaciones por la enseñanza pública: las clases al aire libre.
Bajo la iniciativa conocida como La Uni en la Calle, profesores y estudiantes de distintas facultades han trasladado actividades académicas al entorno del Museo Reina Sofía, donde han organizado sesiones divulgativas y encuentros abiertos a la ciudadanía.
La propuesta, que recupera experiencias surgidas durante las protestas contra los recortes educativos de hace más de una década, busca demostrar que la universidad pública desempeña una función social que supera los límites de sus instalaciones.
Los participantes han querido poner de relieve el valor de la investigación, la transmisión del conocimiento y el acceso igualitario a los estudios superiores, precisamente cuando las plataformas universitarias denuncian el deterioro de sus condiciones de trabajo y aprendizaje.
La presión sobre el Gobierno madrileño aumenta
La dimensión alcanzada por las movilizaciones educativas sitúa al Gobierno regional ante un conflicto que ya no afecta exclusivamente a un sector del profesorado.
La incorporación de estudiantes universitarios, investigadores, personal de administración, familias y trabajadores de distintas etapas ha ampliado el alcance de una protesta que cuestiona tanto las condiciones laborales como el modelo de financiación educativa de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico defiende los acuerdos sectoriales existentes y el incremento previsto de los recursos universitarios, mientras que los convocantes consideran que las medidas anunciadas no responden a las necesidades reales de los centros y reclaman una negociación efectiva.
El desacuerdo es profundo, pero la salida exige algo más que descalificar a quienes se manifiestan. La Administración tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema educativo y también de escuchar a quienes sostienen diariamente las aulas, los laboratorios y los servicios universitarios.
La gran manifestación de este jueves ha dejado un mensaje inequívoco: la comunidad educativa madrileña no da por cerrado el conflicto y está dispuesta a mantener la movilización mientras no encuentre respuestas a sus reivindicaciones.
Las dos jornadas de huelga universitaria han terminado, pero el paro indefinido de los docentes continúa. Y, después de cuatro semanas de protestas, la principal pregunta sigue sin respuesta: cuándo aceptará la Consejería de Educación sentarse con el comité de huelga para negociar una salida.
La universidad y el profesorado han vuelto a llenar las calles de Madrid. Ahora corresponde al Gobierno autonómico decidir si responde con propuestas o prolonga un enfrentamiento que está poniendo a prueba su capacidad para gestionar la educación pública.
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