La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha convertido su comparecencia de este jueves en la Asamblea de Madrid en una nueva ofensiva verbal contra los docentes que mantienen una huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. Lejos de anunciar medidas para desbloquear el conflicto, la responsable autonómica ha dedicado buena parte de sus intervenciones a desacreditar las movilizaciones, cuestionar la legitimidad de sus convocantes y presentar las reivindicaciones laborales como una operación política contra el Gobierno regional.
Sus palabras han provocado la respuesta del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, que considera inadmisible que quien tiene la responsabilidad de dirigir la educación pública utilice la tribuna parlamentaria para descalificar a los trabajadores en lugar de buscar soluciones.
«Hoy la consejera ha tenido una oportunidad en la Asamblea para empezar a resolver la huelga. No la ha aprovechado. No ha traído ni una sola propuesta. Ha traído descalificaciones», denuncia la organización sindical.
La intervención de Zarzalejo resulta especialmente grave por el lenguaje utilizado contra una movilización amparada por un derecho constitucional. La consejera ha afirmado que determinadas acciones desarrolladas durante las protestas no constituyen un ejercicio del derecho de huelga, sino «ejercer la delincuencia y, sí, las prácticas mafiosas».
Unas expresiones impropias del respeto institucional que debería presidir la actuación de quien dirige la Consejería de Educación, especialmente cuando se pronuncian en medio de un conflicto laboral que continúa sin resolverse.
De las «prácticas mafiosas» a amenazar con los tribunales
La dureza de Zarzalejo no se ha limitado a cuestionar determinadas actuaciones de los manifestantes. Durante su comparecencia ha llegado a describir la huelga como una campaña de «confrontación callejera» y ha acusado a algunas de las organizaciones participantes de perseguir objetivos revolucionarios y anticapitalistas.
También ha sostenido que las movilizaciones perjudican al prestigio de la educación pública y ha reprochado a los convocantes que organicen batucadas, comidas populares y talleres de pancartas, actividades habituales en las protestas sindicales y que, por sí mismas, no constituyen ninguna conducta ilícita.
El episodio más llamativo se ha producido cuando la diputada de Más Madrid María Pastor le ha reprochado sus descalificaciones hacia los docentes.
«Sáqueme una sola prueba, solo una, en la que yo, como consejera, he llamado delincuentes a los docentes de la huelga», ha exigido Zarzalejo, antes de advertir que, de no hacerlo, podrían verse en los tribunales.
La consejera ha rematado su respuesta calificando a la parlamentaria de «falsa, mentirosa y además prepotente».
La contradicción resulta evidente: aunque Zarzalejo sostiene que únicamente ha calificado determinadas conductas, y no al conjunto del profesorado, sus expresiones sobre la delincuencia y las prácticas mafiosas han quedado recogidas en su propia intervención parlamentaria.
De hecho, María Pastor ha reproducido durante el debate el vídeo de las declaraciones de la consejera.
UGT ha denunciado precisamente esa secuencia: «Ha hablado de delincuencia y de prácticas mafiosas para referirse a las movilizaciones. Luego ha negado haberlo dicho. Eso no es serio en una responsable de la educación pública».
La consejera llama política a una huelga por ratios, plantillas y salarios
Otro de los ejes de la intervención ha sido el intento de deslegitimar las reivindicaciones del profesorado atribuyéndoles una finalidad exclusivamente política.
Zarzalejo ha asegurado que las protestas pretenden «quebrar» el sistema educativo madrileño y ha cuestionado la presencia de organizaciones que define como revolucionarias, comunistas y anticapitalistas.
Sin embargo, las demandas fundamentales de la huelga afectan directamente a las condiciones de trabajo y al funcionamiento de los centros públicos: reducción de ratios, disminución de la jornada lectiva, refuerzo de plantillas y mejoras salariales.
La propia consejera ha reconocido indirectamente el carácter laboral y presupuestario de esas reclamaciones al dedicar una parte de su comparecencia a calcular su coste. Según sus estimaciones, las medidas supondrían un gasto adicional de 1.400 millones de euros y la incorporación de 13.600 docentes para afrontar las modificaciones de jornada.
Estas cifras, presentadas por la Consejería para justificar su rechazo, no sustituyen una negociación en la que puedan analizarse las propuestas, sus plazos de aplicación y sus necesidades presupuestarias.
Desde UGT subrayan precisamente esta contradicción: «Dice que es una huelga política. No lo es. El profesorado reclama ratios, jornada lectiva, plantillas y salarios. Son condiciones de trabajo. La prueba es que la propia consejera se ha puesto a calcular cuánto cuestan».
El debate no debería consistir en determinar qué organizaciones simpatizan con unas u otras posiciones ideológicas, sino en establecer si las necesidades de los centros justifican nuevas medidas y cómo pueden financiarse.
UGT recuerda que negociar con el comité de huelga es una obligación legal
La negativa a abrir una negociación específica con el comité de huelga constituye otro de los puntos centrales del enfrentamiento.
Zarzalejo ha defendido la existencia de mesas sectoriales y acuerdos anteriores para argumentar que la Administración mantiene abiertos los cauces de diálogo con las organizaciones representativas.
También ha cuestionado la legitimidad del comité convocante porque no participan en él determinados sindicatos profesionales.
Sin embargo, UGT recuerda que las mesas ordinarias de negociación y el comité constituido para gestionar un conflicto de huelga responden a funciones diferentes.
«Negociar no es una opción. La ley obliga a la Administración a negociar con el comité de huelga desde el preaviso. Por eso le pedimos que cumpla la ley y se siente a negociar», señala el sindicato.
El artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977 establece que, desde el preaviso y durante la huelga, las partes deberán negociar para alcanzar un acuerdo.
Además, la organización recuerda que participó en el acuerdo sectorial que la consejera utiliza como ejemplo de diálogo institucional y que ahora forma parte de la convocatoria de huelga.
«Tampoco puede elegir con quién habla. UGT firmó el acuerdo sectorial que ella misma pone de ejemplo. Y hoy convocamos esta huelga junto al resto del comité».
La existencia de un acuerdo anterior no elimina la obligación de abordar un conflicto posterior ni convierte en ilegítimas las nuevas reivindicaciones de los trabajadores.
Una consejera que confronta mientras la educación pública espera respuestas
La comparecencia ha coincidido con una nueva protesta de representantes del profesorado, que se han encerrado durante la mañana en dependencias de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería para exigir una reunión con sus responsables.
El episodio evidencia hasta qué punto se ha deteriorado la relación entre la Administración educativa y los convocantes de la huelga.
La consejera sostiene que debe garantizarse el derecho a la educación de los alumnos y el funcionamiento de los centros, objetivos que nadie debería cuestionar. Pero esa responsabilidad institucional también exige intentar resolver los conflictos mediante el diálogo, sin convertir las discrepancias sindicales en una descalificación general de quienes participan en las protestas.
Las acusaciones sobre eventuales daños, amenazas o intimidaciones deben investigarse individualmente y, cuando corresponda, trasladarse a las autoridades competentes. No pueden utilizarse como argumento para desacreditar indiscriminadamente una huelga ni para evitar la negociación de sus reivindicaciones laborales.
Desde UGT Servicios Públicos Madrid reclaman una rectificación y una convocatoria inmediata del comité de huelga.
«Lo que pedimos es sencillo: que retire las descalificaciones y convoque al comité de huelga cuanto antes. Los docentes de Madrid merecen respeto y merecen soluciones».
La consejera ha tenido una oportunidad para explicar cómo pretende recuperar la normalidad educativa. En su lugar, ha optado por intensificar una confrontación que amenaza con prolongar todavía más el conflicto.
La educación pública madrileña necesita acuerdos, recursos y voluntad política. Lo que difícilmente puede permitirse es una responsable que responde a las reivindicaciones de sus docentes con sospechas ideológicas, amenazas de tribunales y acusaciones de delincuencia, mientras la negociación que podría poner fin a la huelga sigue pendiente.
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