Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a utilizar la tribuna de la Asamblea de Madrid para arremeter contra las organizaciones sindicales y las movilizaciones en defensa de la educación pública, en una intervención marcada por las descalificaciones personales y las acusaciones de corrupción. Mientras los docentes madrileños afrontan su cuarta semana de huelga indefinida y las seis universidades públicas secundan dos jornadas de paros, la presidenta regional ha respondido a las reivindicaciones con expresiones como «mafia sindical», «caraduras» y «huelgas torticeras», sin detenerse a explicar cómo piensa resolver el conflicto que mantiene movilizada a buena parte de la comunidad educativa.
El enfrentamiento se ha producido durante las preguntas de las portavoces socialista, Mar Espinar, y de Más Madrid, Manuela Bergerot, que han reclamado explicaciones por la situación de colegios, institutos y universidades. Ayuso ha aprovechado ambas intervenciones para cuestionar la legitimidad de las protestas, acusar a la izquierda de promoverlas con fines electorales y presentar a las organizaciones sindicales como beneficiarias de una supuesta trama de financiación política.
«Mafia sindical», «caraduras» y «gente que no quiere trabajar»
Las expresiones empleadas por la presidenta madrileña difícilmente pueden confundirse con una crítica ordinaria a la actuación sindical. Ayuso ha calificado la huelga general del próximo 11 de noviembre de «corrupción mafiosa a manos de los sindicatos que ustedes untan con dinero público».
Posteriormente ha insistido en hablar de la «mafia sindical de Comisiones Obreras, UGT» y ha asegurado que las organizaciones convocantes pretenden desarrollar una «huelga mafiosa». También ha utilizado las expresiones «los caraduras de los sindicatos», «pancartas bochornosas» y «una banda de gente que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos».
La presidenta ha extendido sus descalificaciones a la oposición, a cuyos representantes ha llamado «miserables» y ha acusado de carecer de vergüenza y dignidad. Todo ello en una sesión que comenzó con dos minutos de silencio por una víctima de violencia machista y por los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda.
Resulta especialmente significativo que el Gobierno regional mantenga subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales mientras su presidenta presenta la financiación sindical como una actividad sospechosa. Según publicó El Confidencial en mayo, los presupuestos madrileños de 2026 conservan ayudas directas de 300.000 euros tanto para UGT como para CCOO.
El desprecio hacia quienes sostienen las aulas públicas
La presidenta también ha descalificado las protestas del profesorado, al que ha responsabilizado de perjudicar a los estudiantes mediante unas «huelgas torticeras».
Ayuso ha afirmado que los alumnos de Primaria y Secundaria han perdido 270.000 horas lectivas por las movilizaciones, una cifra que no ha acompañado en su intervención de un desglose que permita comprobar su metodología y alcance.
Sin embargo, las reivindicaciones docentes son conocidas y anteriores a la convocatoria de las elecciones generales: reducción de ratios, menos horas lectivas, mejoras salariales, refuerzo de plantillas y recursos suficientes para atender al alumnado.
La huelga indefinida comenzó el 14 de octubre y está respaldada por organizaciones como UGT, CCOO, CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, junto a plataformas profesionales. El comité de huelga ha denunciado que la Consejería de Educación se niega a negociar directamente con sus representantes y remite las conversaciones a la Mesa Sectorial.
Lejos de encauzar el desacuerdo, el PP votó en contra de que un representante del comité de huelga compareciera el 3 de noviembre ante la Comisión de Educación de la Asamblea. Una decisión que resulta difícil de conciliar con las reiteradas apelaciones del Ejecutivo madrileño al diálogo.
Seis universidades en huelga y una financiación cuestionada
El discurso de Ayuso ha sido igualmente despectivo hacia las movilizaciones universitarias, que ha atribuido a «activistas que no representan a nadie, de la ultraizquierda de las universidades».
Las protestas, sin embargo, cuentan con convocatorias públicas de sindicatos y plataformas de las seis universidades madrileñas: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos. A ellas se han sumado personal docente e investigador, trabajadores de administración y servicios y estudiantes que denuncian problemas financieros, precariedad y deterioro de la actividad académica.
La presidenta ha defendido el acuerdo de financiación firmado con los rectores, dotado con 14.790,7 millones de euros hasta 2031. Pero esa cifra no representa exclusivamente aportaciones directas nuevas del Gobierno autonómico: incluye financiación ya prevista, otros fondos regionales e ingresos propios estimados de las universidades.
Según la documentación oficial del modelo, 8.958,9 millones corresponden a la financiación autonómica identificada como tal, otros 3.335,7 millones a diferentes fondos de la Comunidad y aproximadamente 2.496 millones a ingresos estimados de los propios centros.
Madrid continúa situándose entre las comunidades que menos financiación pública aportan por estudiante universitario. Las plataformas convocantes denuncian que el esfuerzo regional permanece alrededor del 0,4 % del PIB, lejos del objetivo del 1 % recogido en la legislación universitaria.
Las dificultades no son meramente teóricas. La Complutense afronta fuertes ajustes presupuestarios y la Rey Juan Carlos estudia solicitar financiación extraordinaria para hacer frente a su situación económica.
Los 569 millones que Ayuso utiliza contra los sindicatos
Ayuso también ha afirmado que UGT, CCOO y organizaciones vinculadas han recibido 569 millones de euros, de los cuales 318 millones corresponderían a UGT.
Las cifras proceden de un análisis publicado por The Objective sobre ayudas registradas entre 2018 y 2025 para ambas confederaciones, sus federaciones, estructuras territoriales y entidades relacionadas.
No se trata de una transferencia única, ni exclusivamente de fondos del Gobierno central, ni de una cantidad destinada a financiar la huelga. El cálculo agrupa subvenciones de distintas administraciones durante ocho años y no constituye por sí mismo prueba alguna de financiación irregular.
La presidenta ha utilizado esos importes para sostener sus acusaciones de corrupción sindical, pero no ha identificado durante su intervención delitos concretos que permitan establecer una relación entre esas ayudas y la convocatoria del 11 de noviembre.
De las descalificaciones a las soluciones pendientes
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