La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reactivado el viejo fantasma del cierre de los centros de educación especial. En su visita al colegio Duque de Ahumada, en Valdemoro, Ayuso prometió que su Gobierno “defenderá en todos los ámbitos, incluso en los tribunales” estos centros, asegurando que el Gobierno central pretende acabar con ellos. La realidad, sin embargo, es muy distinta: la ley educativa vigente, la LOMLOE, no solo no los elimina, sino que garantiza su continuidad como centros de referencia y apoyo para aquellos casos en que la escolarización ordinaria no sea posible.
Qué dice la LOMLOE
Aprobada en 2020, la LOMLOE estableció que, en un plazo de diez años, las administraciones deben garantizar que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda ser atendido en centros ordinarios siempre que sea posible. Solo en situaciones excepcionales, en las que sus necesidades no puedan ser cubiertas en un aula ordinaria, se mantendrá la escolarización en un centro de educación especial. Además, estos centros pasarán a ser centros de recursos de apoyo a la inclusión, para ayudar a los colegios ordinarios a atender mejor al alumnado con diversidad funcional.
Es decir, la ley no cierra los centros, sino que busca que sean complementarios de un sistema educativo inclusivo, cumpliendo con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a ofrecer un sistema educativo inclusivo en todos los niveles.
Qué quiere el PP
La proposición de ley presentada por el Partido Popular en el Congreso pedía eliminar esta obligación de priorizar la escolarización en centros ordinarios. Su propuesta apostaba por que las familias pudieran elegir libremente el tipo de centro —ordinario o especial— sin que la Administración estableciera prioridad alguna por la inclusión.
La diputada del PP Sandra Moneo llegó a afirmar que la LOMLOE “margina a los centros de educación especial y los condena a un cierre efectivo”, un argumento que no se sostiene en el texto de la ley. Según el PP, lo que llaman “libertad de elección” es un derecho que debe garantizarse por encima del principio de inclusión educativa.
Vox, un paso más allá
La extrema derecha de Vox fue más lejos al acusar al Gobierno de “perseguir” a las familias que eligen la educación especial y de “condenar al cierre” a estos centros. Sin embargo, incluso el propio PP, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, ha incumplido la LOMLOE en lo relativo a la inversión en inclusión y refuerzo educativo, lo que ha hecho que aumente el número de alumnos en centros de educación especial en lugar de reducirse.
El portavoz de Vox en el Congreso llegó a anunciar que derogarán la ley en cuanto cambie el Gobierno, volviendo a un modelo en el que no se fomente la inclusión como prioridad.
Críticas de los grupos progresistas
El portavoz socialista Patxi López fue contundente durante el debate parlamentario: “Quieren hacer guetos escolares con las personas con discapacidad. No han introducido ni una palabra sobre inclusión en su proposición”. López recordó que la ley actual garantiza que las familias sean escuchadas y que su voluntad sea tenida en cuenta, pero que la prioridad debe ser que ningún alumno sea apartado de la sociedad por falta de recursos.
Unidas Podemos acusó al PP de lanzar “una campaña de bulos” y de tergiversar la ley para generar miedo entre las familias. “La ley no dice en ningún momento que se cierren los centros de educación especial”, subrayó el diputado Javier Sánchez. Además, recordó que la ONU ya criticó a España en 2018 por segregar a alumnos con discapacidad en lugar de invertir en apoyos en los colegios públicos.
Desde Sumar, Rafael Cofiño insistió en que el verdadero problema es la falta de inversión en recursos humanos y materiales: “No se trata de volver al pasado, sino de garantizar que haya psicólogos, terapeutas y docentes de apoyo en todos los centros”.
Educación inclusiva, no segregada
El PNV calificó la propuesta del PP de “involutiva”, al devolvernos a un modelo de finales del siglo XX que hablaba de integración y no de inclusión. “El artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas es muy claro: los Estados deben asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles”, recordó el portavoz Joseba Agirretxea.
También EH Bildu subrayó que la educación inclusiva, por definición, debe darse en la escuela ordinaria. “La mera incorporación de los alumnos con discapacidad a los centros ordinarios no significa inclusión por sí misma, pero es el primer paso imprescindible”, señaló Marije Fullaondo.
Ayuso, tribunales y confrontación
Lejos de aceptar el resultado del debate en el Congreso, Ayuso ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales. Desde el bloque progresista se critica esta estrategia de confrontación: “Si no lo consigues por las urnas, lo llevas a los tribunales”, denuncian.
Lo que reclaman las asociaciones de familias y la comunidad educativa es claridad, recursos y estabilidad legislativa. La educación inclusiva necesita inversión en personal de apoyo, formación docente, adaptación de materiales y espacios accesibles. No necesita ruido político ni miedo infundado.
Más recursos, menos bulos
La clave está en que los centros de educación especial sigan existiendo para atender a quienes lo necesiten, pero sin que sean la vía por defecto por falta de medios en los colegios ordinarios. La LOMLOE no elimina estos centros, sino que los sitúa en el lugar que les corresponde: el de apoyo especializado.
Ayuso y el PP han preferido convertir el debate en una guerra cultural, presentándose como “defensores” de las familias frente a un supuesto Gobierno que quiere cerrar los centros. Pero los datos y la ley dicen otra cosa: el reto es garantizar un sistema inclusivo y bien financiado que no segregue, sino que sume.
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