Isabel Díaz Ayuso ha llevado este sábado la campaña electoral a un terreno en el que los adversarios políticos dejan de ser competidores democráticos para convertirse en una amenaza que, según su discurso, debe ser extirpada. Durante un mitin del Partido Popular celebrado en Torrejón de Ardoz, la presidenta de la Comunidad de Madrid comparó el sanchismo con una garrapata que penetra en el cuerpo, succiona la sangre y se extiende hasta apoderarse de todo.
La metáfora no fue una ocurrencia aislada. Formó parte de un discurso que presentó al Gobierno de Pedro Sánchez como una organización mafiosa, acusó a las instituciones de estar colonizadas por el socialismo y describió las movilizaciones sindicales como instrumentos de una estrategia comunista internacional.
Mientras Ayuso advertía de que España podría acabar como Cuba o Venezuela si el PP no consigue desalojar al PSOE de La Moncloa el próximo 29 de noviembre, profesores madrileños se manifestaban en las inmediaciones del acto para reclamar algo bastante menos revolucionario: que el Gobierno regional se siente a negociar sus condiciones laborales.
La «garrapata» de Ayuso y el lenguaje de la deshumanización política
«El sanchismo es una garrapata», proclamó Ayuso, antes de describir cómo ese supuesto parásito político entra en el organismo, consume sus recursos y termina extendiéndose por todas partes. La presidenta añadió que, para acabar con él, hay que actuar sobre la cabeza.
El lenguaje utilizado merece atención. No estamos ante una crítica a una ley, una política económica o una decisión del Gobierno, sino ante una metáfora que representa a una corriente política como un organismo parasitario que debe eliminarse.
La presidenta madrileña volvió a hablar de mafias, tiranía, comunismo y destrucción nacional. Según su relato, España se encuentra inmersa en un proceso de deterioro institucional comparable al que experimentaron países latinoamericanos bajo regímenes autoritarios.
Sin embargo, las acusaciones de autoritarismo requieren algo más que analogías históricas. España sigue siendo un sistema parlamentario plural, con elecciones competitivas, tribunales, prensa independiente, gobiernos autonómicos de distintos partidos y una oposición que ejerce sus funciones.
La propia presidenta constituye una prueba evidente de que existe alternancia territorial, oposición institucional y capacidad para criticar al Gobierno sin restricciones equivalentes a las de una dictadura.
La educación pública, el verdadero conflicto que Ayuso
Uno de los momentos más duros de su intervención estuvo dedicado a los profesores madrileños que mantienen movilizaciones desde el 14 de octubre. Ayuso aseguró que se habían perdido alrededor de 400.000 horas lectivas y responsabilizó a los sindicatos y a los participantes en la huelga de perjudicar a los alumnos. También acusó a determinados representantes de utilizar los servicios públicos para vivir de ellos, sin preocuparse por su funcionamiento.
Pero hay una parte de la historia que quedó prácticamente fuera de su discurso: las reivindicaciones de los docentes.
Los convocantes reclaman, entre otras medidas, reducción de las ratios, mejoras salariales, disminución de la carga lectiva y condiciones que permitan atender adecuadamente al alumnado. Son demandas laborales y educativas concretas que deben discutirse en una mesa de negociación, con sus costes y su viabilidad sobre la mesa.
La cifra de horas perdidas procede de estimaciones del Gobierno regional, pero no demuestra por sí sola que las reivindicaciones carezcan de fundamento. Tampoco explica por qué un conflicto iniciado hace un mes continúa sin una solución negociada.
Resulta especialmente llamativo que Ayuso presente el ejercicio del derecho de huelga como una amenaza a los servicios públicos, cuando quienes participan en estas movilizaciones trabajan precisamente en ellos.
En las inmediaciones del acto electoral, los docentes volvieron a reclamar una negociación con la Comunidad de Madrid y criticaron los servicios mínimos establecidos. La protesta dejó al descubierto la distancia entre el relato de la presidenta y el conflicto laboral que mantiene abierto su propia Administración.
Los 320.000 liberados sindicales: una cifra repetida sin acreditar su significado
Ayuso recuperó otra de sus acusaciones contra las organizaciones de trabajadores: la existencia de 320.000 liberados sindicales en España que, según sostiene, cobran sin acudir a sus puestos de trabajo.
El problema es que la presidenta no aportó durante el discurso una fuente que permitiera comprobar esa cifra, ni aclaró a qué categoría de representación sindical se estaba refiriendo.
Un delegado sindical, un representante de los trabajadores con horas de representación y una persona completamente dispensada de sus tareas habituales no son figuras equivalentes. Confundirlas permite presentar la actividad sindical como si cientos de miles de personas estuvieran cobrando por no trabajar, algo que no queda demostrado con la cifra pronunciada.
La presidenta también ridiculizó a los sindicalistas al bromear sobre las movilizaciones en Mercamadrid y su supuesta afición al marisco.
La burla resulta especialmente significativa porque se produce días después de una huelga general en la que miles de trabajadores reclamaron mejoras salariales, protección de la vivienda y servicios públicos.
Se puede discutir la representatividad de una convocatoria, su seguimiento o la actuación de determinados piquetes. Lo que no resulta riguroso es desacreditar al conjunto del movimiento sindical mediante insinuaciones sobre privilegios y conductas que no se documentan.
Cuba y Venezuela como amenaza electoral para España
La campaña del PP en Torrejón incluyó la intervención del actor cubano Pedro Moreno, que relató su experiencia personal bajo el régimen de Cuba y defendió las libertades individuales.
Ayuso aprovechó ese testimonio para presentar las elecciones españolas como una decisión entre libertad y comunismo. También Esther Muñoz y Pedro Rollán insistieron en que España podría seguir el camino de determinadas dictaduras si Sánchez continuaba gobernando.
La denuncia de las violaciones de derechos humanos en Cuba o Venezuela merece toda la atención. Lo que no se sostiene automáticamente es trasladar esas experiencias al sistema institucional español y presentar cualquier política socialdemócrata como un paso hacia la desaparición de la democracia.
Ayuso llegó a advertir de que, si no cambia el Gobierno, España podría perder en dos semanas el país que conocemos.
Es una predicción política, no un diagnóstico institucional demostrado. La existencia de políticas discutibles, casos de corrupción o conflictos entre poderes no convierte por sí misma a España en una dictadura.
Esther Muñoz y Pedro Rollán elevan el tono de la campaña
La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, también utilizó los accidentes ferroviarios para atacar directamente a Sánchez. Atribuyó las víctimas a negligencias del presidente y reprochó que realizara bromas durante sus intervenciones de campaña.
La gestión ferroviaria y las responsabilidades políticas deben investigarse con el máximo rigor, pero atribuir personalmente las muertes a Sánchez exige demostrar una relación causal que no puede establecerse únicamente mediante una intervención electoral.
Pedro Rollán, presidente del Senado, describió las elecciones como una cita existencial y sostuvo que España, tal como la conocemos, desaparecería si no ganaba el Partido Popular.
También reivindicó las propuestas económicas de Feijóo, entre ellas la construcción de un millón de viviendas, la actualización de las pensiones conforme al IPC y nuevas inversiones en infraestructuras.
En cambio, los discursos dedicaron mucho menos espacio a explicar cómo se financiarían esos compromisos y qué medidas presupuestarias los acompañarían.
La contradicción de Ayuso: defender la libertad mientras desacredita la protesta
La presidenta cerró su intervención reclamando concentrar el voto en el Partido Popular y presentando a Feijóo como una figura imprescindible para recuperar la libertad y la convivencia.
Pero su discurso había dedicado buena parte del tiempo a presentar a los adversarios como parásitos políticos, a los sindicatos como parte de una conspiración y a los docentes movilizados como responsables de la crisis educativa.
El derecho de huelga no obliga a compartir las reivindicaciones de quienes lo ejercen, pero sí exige reconocer su legitimidad constitucional. Del mismo modo, defender la libertad de expresión implica aceptar que sindicatos, profesores, periodistas y adversarios políticos puedan cuestionar la gestión de un Gobierno autonómico.
Ayuso tiene derecho a denunciar los casos de corrupción, criticar al Ejecutivo y pedir el voto para Feijóo. Lo que merece ser cuestionado es que convierta la discrepancia democrática en una batalla contra un enemigo supuestamente totalitario.
La imagen más reveladora de Torrejón no fue la metáfora de la garrapata, sino el contraste entre una presidenta que denunciaba una conspiración para destruir España y unos profesores que, a pocos metros, seguían reclamando sentarse a negociar.
Porque los problemas de la educación pública madrileña no desaparecerán llamando comunistas a quienes protestan, del mismo modo que la precariedad laboral, la vivienda o las listas de espera no se resuelven convirtiendo al adversario político en una amenaza existencial.
Gobernar exige algo más que ganar elecciones. También exige escuchar a quienes discrepan.
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