Marco Rubio quiere elecciones en Venezuela “lo antes posible”. El secretario de Estado estadounidense asegura que Washington trabaja con la Asamblea Nacional elegida en 2015 para crear las condiciones que permitan celebrar unos comicios “libres y justos”, una aspiración difícilmente discutible después de años de autoritarismo, persecución de opositores y deterioro de las garantías electorales bajo los gobiernos de Nicolás Maduro. La cuestión que complica el relato de la Administración Trump es otra: Estados Unidos pretende presentarse como facilitador de una transición democrática después de haber intervenido militarmente en Venezuela, capturado a su presidente y adquirido una capacidad extraordinaria para condicionar el futuro político, económico y petrolero del país.
Rubio confirmó este lunes que la Administración estadounidense mantiene contactos con la oposición vinculada a la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 y que su prioridad continúa siendo avanzar hacia unas elecciones competitivas. El secretario de Estado no ofreció, sin embargo, un calendario concreto para celebrarlas.
La ausencia de fechas resulta significativa porque han transcurrido nueve meses desde la operación militar estadounidense del pasado enero que terminó con la captura de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina. La propia Rodríguez aseguró la semana pasada ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Venezuela celebrará elecciones en el “momento adecuado”, después de iniciar conversaciones con sectores de la oposición y de recomponer las relaciones políticas y económicas con Washington.
El problema para Rubio reside precisamente en explicar quién determina ese momento adecuado y hasta dónde llega la autonomía venezolana para decidirlo.
Una transición condicionada desde Washington
La intervención estadounidense de enero alteró por completo el tablero venezolano. Las fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro y lo trasladaron a Nueva York para afrontar cargos penales, una operación cuya legalidad internacional suscitó inmediatamente un debate que la Administración Trump intentó separar de cualquier pretensión formal de ocupación. Sin embargo, el propio presidente estadounidense declaró después de la operación que Estados Unidos dirigiría Venezuela hasta que pudiera producirse una transición que Washington considerase “segura” y “adecuada”. Esa afirmación continúa proyectándose sobre cada declaración estadounidense acerca de la democratización venezolana.
Porque una cosa es exigir elecciones con garantías después del largo deterioro democrático producido durante el chavismo y otra bastante distinta asumir desde una potencia extranjera la capacidad de decidir quién participa en la transición, qué instituciones sirven como interlocutores, cuándo existen condiciones suficientes para votar y qué estructura económica debe acompañar ese proceso.
Rubio sostiene que Washington trabaja con la Asamblea Nacional elegida en 2015, la última en la que la oposición obtuvo una victoria contundente antes de que la confrontación institucional entre chavismo y oposición terminara vaciando progresivamente aquel Parlamento de buena parte de su capacidad efectiva. La oposición vinculada a aquella Asamblea participa actualmente en conversaciones con representantes chavistas auspiciadas por Estados Unidos, cuyo próximo ciclo está previsto para octubre.
El recurso a aquella institución puede proporcionar a Washington un interlocutor opositor con una legitimidad electoral de origen reconocible, pero plantea también una cuestión inevitable en 2026: la Venezuela que debe votar no puede quedar políticamente congelada en el resultado de unas elecciones celebradas once años antes.
La democracia que Rubio invoca exige precisamente algo más complejo: un censo fiable, autoridades electorales independientes, libertad de expresión y organización, participación política sin proscripciones arbitrarias, observación internacional, garantías para todas las candidaturas que cumplan la ley y reconocimiento de los resultados. Parte de esas cuestiones empieza a aparecer en las negociaciones entre el chavismo y la oposición, donde se han abordado la libertad de prensa, cambios institucionales y la independencia judicial, aunque todavía permanecen pendientes reformas electorales sustanciales.
Ese proceso puede terminar desembocando en unas elecciones competitivas. Pero será difícil describirlo como una transición plenamente soberana si las decisiones esenciales continúan sometidas al visto bueno de Washington.
Democracia y petróleo avanzan juntas
La otra contradicción del discurso estadounidense aparece en el terreno económico. Rubio defendió que la economía venezolana debe continuar recuperándose al mismo tiempo que avanza la transición política. Sobre el papel, ambas necesidades son compatibles. Venezuela necesita instituciones democráticas y también reconstruir una economía devastada después de años de mala gestión, corrupción, sanciones, caída de la inversión y dependencia petrolera.
Lo significativo es la velocidad con la que los intereses energéticos estadounidenses entraron en escena después de la caída de Maduro.
Apenas unos días después de su captura, Trump anunció un plan para comercializar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano y Washington negoció con Caracas exportaciones por miles de millones de dólares. Reuters informó entonces de que el acuerdo se producía en un contexto en el que Estados Unidos presionaba para abrir mayores espacios a las compañías petroleras estadounidenses.
La política venezolana de Trump quedó así construida sobre dos discursos que avanzan paralelamente: la democratización de Venezuela y la reorganización de su gigantesco sector energético con una presencia estadounidense considerablemente mayor.
Eso no demuestra que el petróleo sea la única explicación de la intervención ni elimina la responsabilidad del chavismo en la crisis política que precedió a la operación estadounidense. Confundir ambas cosas convertiría el análisis en propaganda de signo contrario. Sí obliga, sin embargo, a examinar con especial cautela una política exterior en la que las declaraciones sobre democracia coinciden con decisiones que afectan directamente al acceso estadounidense a uno de los mayores recursos petroleros del planeta.
La propia evolución de la relación con Delcy Rodríguez revela el pragmatismo de Washington. Rodríguez fue durante años una de las figuras centrales del aparato chavista y vicepresidenta de Maduro. Tras la captura del presidente, asumió el poder y la Administración Trump decidió trabajar con ella, pese a mantener simultáneamente su interlocución con la oposición. Reuters informó desde las primeras semanas de la transición de las dudas existentes dentro de la inteligencia estadounidense sobre el grado de cooperación de la nueva presidenta con los objetivos de Washington.
Nueve meses después, Trump y Rodríguez ya se han reunido personalmente en Nueva York y han hablado de reconstrucción económica y transición política. La semana pasada, Rubio presentó las elecciones como una de las prioridades estadounidenses después de aquel encuentro.
La secuencia resulta reveladora porque la Casa Blanca no ha sustituido simplemente al chavismo por la oposición que combatió durante años a Maduro. Ha optado por una transición negociada en la que conserva a Rodríguez como interlocutora, mantiene relaciones con dirigentes del antiguo régimen, dialoga con la oposición y utiliza al mismo tiempo su enorme capacidad económica y diplomática para orientar el proceso.
Las elecciones que todavía no tienen fecha
María Corina Machado continúa fuera del país y sus seguidores volvieron a movilizarse este domingo para reclamar garantías para su regreso y un calendario electoral con la vista puesta en 2027. Rubio asegura compartir el objetivo de unas elecciones libres, aunque Washington sigue sin precisar cuándo considera que Venezuela estará preparada para celebrarlas.
La contradicción se hace más evidente al recuperar las palabras del propio Trump. A comienzos de septiembre, el presidente estadounidense aseguró que Delcy Rodríguez quería convocar elecciones, pero añadió que Venezuela todavía no estaba preparada para hacerlo.
La pregunta política que deja esa afirmación no consiste solamente en saber cuándo habrá elecciones, sino quién tiene autoridad para determinar que un país soberano está o no preparado para votar.
Venezuela arrastra razones suficientes para exigir garantías excepcionales. El sistema institucional construido durante los años de Maduro restringió derechos políticos, persiguió adversarios y dejó serias dudas sobre la limpieza de los procesos electorales. Una transición democrática necesita corregir esas condiciones antes de colocar urnas y declarar concluido el problema.
Pero las garantías democráticas tampoco se fortalecen sustituyendo la voluntad de un gobierno autoritario por la tutela de otro Estado.
Estados Unidos puede contribuir a unas elecciones mediante mediación, presión diplomática, observación internacional y apoyo a la reconstrucción institucional. La Administración Trump ha escogido además instrumentos considerablemente más contundentes: utilizó la fuerza militar, capturó al presidente venezolano, condicionó públicamente la transición y entró de manera inmediata en la reorganización de la principal riqueza económica del país.
Por eso las palabras de Rubio contienen una paradoja difícil de ocultar. Washington reclama que los venezolanos puedan escoger libremente a sus gobernantes después de haber adquirido una capacidad de intervención sobre Venezuela que ningún elector venezolano concedió en las urnas.
Las elecciones libres que reclama el secretario de Estado constituyen una condición imprescindible para cerrar el prolongado deterioro democrático venezolano. Para que además representen una recuperación efectiva de la soberanía política, el resultado tendrá que depender de los votos de los venezolanos y no de cuál sea el candidato, el gobierno o el modelo económico que Washington considere más conveniente para sus intereses.
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