La intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre salud digital pretendía presentar un gran proyecto tecnológico para el sistema sanitario madrileño. Sin embargo, gran parte del discurso derivó hacia una crítica política y económica que introduce varias contradicciones de fondo, especialmente alrededor del debate salarial y del papel del sector público en la economía. Para entender lo que realmente se dijo —y qué hay de cierto— conviene desmontar los mensajes uno por uno.
El salario mínimo: datos frente a retórica
Ayuso calificó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), acordada entre el Gobierno y los sindicatos, como una decisión “electoralista”, “liberticida” y destinada a acabar mal allí donde se aplica. La afirmación es contundente, pero los datos no sostienen ese diagnóstico.
El acuerdo firmado eleva el SMI un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida beneficia a alrededor de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, principalmente jóvenes, mujeres y sectores con salarios bajos.
Desde 2018, el salario mínimo en España ha subido de forma progresiva mientras el empleo ha seguido creciendo y la tasa de paro ha continuado descendiendo, algo que desmiente la idea de que cada aumento “arruina” la economía. Además, España se sitúa dentro del grupo medio-alto de salarios mínimos europeos, lejos de escenarios extremos.
Decir que la subida del SMI lleva siempre al fracaso económico simplifica una realidad compleja. La evidencia internacional muestra que los efectos dependen del diseño de la medida, del ciclo económico y del tejido productivo, no de una ley universal que condene cualquier incremento salarial.
La gran contradicción: atacar el SMI y pedir triplicar salarios
El punto más llamativo llega cuando, tras criticar con dureza la subida del salario mínimo, Ayuso afirma que España “necesita triplicar los salarios”. Aquí aparece una incoherencia central del discurso.
Si la subida pactada del SMI —37 euros al mes— se considera una amenaza para la competitividad, ¿cómo puede sostenerse al mismo tiempo que los salarios deberían multiplicarse por tres? Precisamente esa mejora salarial general es lo que sindicatos como UGT y CCOO llevan años defendiendo mediante negociación colectiva y subidas del salario mínimo.
La lógica económica es clara: la mejora salarial puede venir por dos vías complementarias. Una es la negociación colectiva sectorial; otra, el establecimiento de un suelo mínimo que evite la competencia a la baja. Negar la segunda mientras se reivindica la primera genera una posición difícilmente sostenible.
En términos políticos, el mensaje parece dirigido a un equilibrio imposible: defender salarios altos como idea aspiracional, pero rechazar las herramientas concretas que permiten elevarlos.
“No intervenir” mientras se impulsa un plan público millonario
Otra tensión aparece en el eje ideológico del discurso. Ayuso advierte contra la “colonización” o “intervención” de empresas por parte del Estado, argumentando que eso perjudica a la innovación y la competitividad.
Sin embargo, el propio acto era la presentación de un plan estratégico de salud digital dotado con 336 millones de euros públicos, basado en la coordinación de cientos de aplicaciones, historia clínica única, inteligencia artificial y colaboración tecnológica. Es decir, una intervención pública masiva orientada a dirigir el desarrollo del sector sanitario digital.
Aquí no hay necesariamente una contradicción práctica —los gobiernos intervienen constantemente para organizar servicios públicos—, pero sí discursiva: se critica la intervención estatal en abstracto mientras se celebra la intervención pública cuando beneficia a una estrategia regional concreta.
El relato del “mejor momento” de Madrid
La presidenta sostiene que la Comunidad de Madrid vive su mejor momento y que atrae talento e inversiones gracias a un modelo liberal. Es cierto que Madrid concentra actividad económica y proyectos tecnológicos, pero esa narrativa omite un elemento clave: buena parte de la inversión sanitaria y tecnológica procede precisamente del gasto público, de la colaboración institucional y de programas financiados con recursos comunes.
También resulta discutible presentar el crecimiento como resultado exclusivo de un modelo autonómico, cuando la evolución salarial, la regulación laboral y gran parte del marco económico dependen del Estado y de la Unión Europea.
Salud digital: luces y sombras
Más allá del componente político, el discurso incluye avances reales en digitalización sanitaria: historia clínica interoperable, telemedicina, uso de inteligencia artificial en procesos hospitalarios y expansión de la tarjeta sanitaria virtual.
No obstante, el relato evita debates esenciales: protección de datos, evaluación independiente de los sistemas de IA, desigualdad digital entre pacientes o dependencia tecnológica de proveedores privados. Estos aspectos son centrales cuando se afirma que la tecnología actuará como “copiloto” del sistema sanitario.
Tecnología, empresas y el miedo a la regulación
Otro eje repetido es la advertencia sobre el riesgo de espantar inversiones si se regula demasiado a las empresas. Este argumento, frecuente en el discurso liberal, choca con la propia dinámica del sector tecnológico: muchas innovaciones sanitarias surgen precisamente en entornos altamente regulados donde existen estándares públicos claros.
En sanidad, la regulación no es un obstáculo opcional, sino una garantía de seguridad y equidad. El equilibrio entre innovación y control público no se resuelve eliminando reglas, sino mejorándolas.
Una narrativa que mezcla mensajes incompatibles
La intervención combina tres ideas simultáneas:
- El Estado no debe intervenir demasiado en la economía.
- La Comunidad de Madrid lidera un ambicioso plan público de digitalización sanitaria.
- Subir el salario mínimo perjudica la competitividad, pero España necesita salarios mucho más altos.
Cada una puede defenderse por separado, pero juntas generan una narrativa inconsistente. El resultado es un discurso más orientado a la confrontación política que a una explicación económica coherente.
La presentación del plan de salud digital acabó funcionando como un escaparate ideológico donde se mezclaron innovación tecnológica, defensa empresarial y críticas al Gobierno central. Sin embargo, al analizar las afirmaciones con datos y lógica económica, aparecen contradicciones difíciles de ignorar.
Se demoniza una subida salarial pactada en el diálogo social mientras se reclama un gran aumento de sueldos; se denuncia la intervención pública mientras se lidera un proyecto público millonario; y se presenta la tecnología como símbolo de libertad al tiempo que se apoya en fuertes estructuras institucionales.
La cuestión de fondo no es si subir salarios o digitalizar la sanidad —ambas cosas son necesarias—, sino mantener un discurso coherente con las herramientas que realmente permiten hacerlo. Porque cuando la retórica se separa demasiado de los hechos, la credibilidad política acaba siendo el principal coste.