La mesa de diálogo social ha cerrado un preacuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La cifra supone un incremento del 3,1% sobre el SMI vigente y se traduce en 518 euros más al año para quien percibe el mínimo. La estimación difundida por el Gobierno sitúa el alcance en torno a 2,5 millones de personas trabajadoras.
En la Comunidad de Madrid esta subida tiene una lectura concreta: no es un “debate macro” abstracto, sino una palanca directa sobre los sectores donde más se concentran los salarios bajos (servicios externalizados, comercio, hostelería, logística, limpieza, cuidados) y sobre las formas de precariedad que más penalizan a mujeres y jóvenes. El SMI actúa aquí como suelo, pero también como termómetro: cuando sube, aflora con nitidez cuánta parte del mercado laboral madrileño sigue anclada en retribuciones que no permiten vivir con seguridad.
De dónde venimos
El SMI de referencia en 2025 quedó fijado por real decreto en 1.184 euros/mes en 14 pagas (equivalente a 16.576 euros anuales), cifra que sirve como base de comparación inmediata para el salto de 2026.
El acuerdo de 2026 no aparece en el vacío. La propia negociación pública recuerda que el SMI ha acumulado subidas importantes desde 2018, y que el debate ya no es “si” subirlo, sino cómo garantizar que la subida llegue al salario base real y no se diluya mediante mecanismos de compensación/absorción. Precisamente por eso, el Gobierno ha anunciado su intención de modificar la norma para evitar que empresas neutralicen la subida recortando complementos, una reclamación histórica del sindicalismo.
El impacto en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid es la región con salarios medios altos, pero también una de las que exhibe mayor desigualdad salarial y una estructura productiva con mucha “cola” de bajos salarios. En esa cola, el SMI es la frontera entre la supervivencia y la pobreza laboral.
Hay un dato que retrata bien la distancia entre el mínimo legal y lo que cuesta sostener una vida digna en la región: análisis sindicales sobre estructura salarial en la comunidad de Madrid sitúan el umbral de “remuneración digna” (60% del salario medio regional, criterio recomendado en el marco de la carta social europea) en torno a 19.332 euros anuales (referencia 2023). Ese umbral queda por encima del SMI de 2025 (16.576 euros) y también por encima del nivel de 2026 tras el preacuerdo, lo que evidencia que en la Comunidad de Madrid el mínimo mejora, sí, pero aún no cierra la brecha con el coste real de la vida.
Además, el impacto del SMI se multiplica en la parcialidad: cuando la jornada se reduce (a menudo de forma involuntaria), el salario cae y el mínimo se “prorratea”, dejando a miles de personas en ingresos mensuales muy bajos, aunque “cumplan” formalmente la ley. El propio INE, al observar tramos salariales, muestra cómo el trabajo a tiempo parcial se concentra de manera abrumadora en los tramos más bajos.
Lo que dice la evidencia
En los últimos años, la discusión pública ha oscilado entre dos preguntas: si el SMI destruye empleo y si mejora realmente la vida de la gente. La evidencia empírica en España no es unánime en todos los periodos y metodologías, pero sí aporta claves útiles:
- El banco de España ha publicado trabajos que encuentran efectos negativos en la probabilidad de mantener el empleo para colectivos directamente afectados en determinadas subidas (especialmente en análisis de transiciones y grupos específicos).
- En otros análisis y ventanas temporales, también del banco de España, no se observa un impacto claro en forma de destrucción neta inmediata en el empleo en los primeros trimestres tras subidas relevantes, y se subraya la importancia de mirar composición, flujos y heterogeneidad (quiénes son los afectados, en qué sectores, con qué antigüedad).
¿Qué significa esto para Madrid, en términos prácticos?
Que la política del SMI funciona mejor cuando viene acompañada de tres cosas: (1) negociación colectiva que empuje escalas salariales por encima del mínimo, (2) inspección y control efectivo del fraude, y (3) políticas públicas regionales que no abaraten el empleo vía subcontratación, licitaciones a la baja o modelos de cuidados infrafinanciados.
Qué supone el preacuerdo de 2026
Con la subida a 1.221 euros/mes (14 pagas), el mínimo sube 37 euros al mes respecto a 2025 y, sobre todo, marca una señal: en una región donde el coste de la vivienda, el transporte y los suministros tensiona el presupuesto familiar, cualquier escalón cuenta.
Pero el mensaje sindical en Madrid debe ser nítido: el SMI no es una “subvención” a la precariedad, es un suelo legal. La comunidad de Madrid tiene margen y responsabilidad para no quedarse en la foto:
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Contratación pública sin dumping salarial
La administración regional y el sector público instrumental no pueden seguir premiando licitaciones que aprietan los costes laborales. Cláusulas sociales y de calidad, exigencias de cumplimiento del convenio y control de subcontratas son indispensables para que la subida del SMI no se convierta en una carrera para recortar plantillas o intensificar ritmos. -
Refuerzo de la inspección y lucha contra el fraude
Horas extra sin pagar, contratos parciales que esconden jornadas completas, categorías mal asignadas, falsos autónomos: en Madrid estas prácticas son un agujero por el que se escapa el sentido del SMI. Si el mínimo sube, pero el fraude también, la mejora se queda en el papel. -
Negociación colectiva para que el mínimo no sea el “techo”
El mínimo tiene que tirar hacia arriba del resto. En sectores con salarios bajos, la negociación colectiva debe reordenar tablas, antigüedad y complementos para evitar el “apelotonamiento” en el SMI y asegurar carreras salariales y profesionales. -
Políticas regionales contra la pobreza laboral
La Comunidad de Madrid necesita medidas específicas para reducir pobreza laboral: impulso a la estabilidad del empleo, formación con derechos, y una estrategia de cuidados que profesionalice y remunere adecuadamente un sector totalmente feminizado.
Posición de UGT Madrid
UGT Madrid valora el preacuerdo del SMI para 2026 como un avance concreto en poder adquisitivo y dignidad salarial, y recuerda que la evidencia internacional y nacional muestra que elevar el suelo salarial mejora ingresos de quienes menos tienen y ayuda a sostener la demanda interna, especialmente en economías urbanas de servicios como la madrileña.
A la vez, UGT Madrid exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid que deje de tratar el SMI como un asunto “solo estatal” y actúe sobre los mecanismos regionales que generan salarios bajos: contratación pública, subcontratación, control del fraude, y políticas sectoriales en cuidados y servicios. El SMI de 2026 será una mejora real para miles de personas trabajadoras en la región; convertirlo en un cambio estructural depende, en gran medida, de que la administración regional asuma su parte y no perpetúe un modelo basado en empleo barato.
Margarita Domínguez Guijarro es secretaria de Relaciones Institucionales y Política Sindical de UGT Madrid