Urda y el coste oculto del neoliberalismo

Decía Erich Fromm que, para distinguir una ideología buena de una mala, solo había que imaginarla en su máximo desarrollo. Lo que nos muestra el accidente de Urda, más allá de la responsabilidad del Ministerio de Transportes, que sin duda existe y debemos exigir, es la expresión, no sé si máxima, de un sistema económico creado y apuntalado por Felipe González y continuado por Aznar. Los dos dirigentes construyeron un gigantesco castillo de cartas marcadas en el que los regulados mandan en los reguladores y en el que siempre vencen los grandes grupos bancarios y empresariales. El pernicioso sello de ambos se ve en las declaraciones de los controladores de seguridad de Adif: allí donde deberían trabajar veinticinco personas lo hacen dieciséis y donde debería haber dieciséis hay once; las jornadas son extenuantes y extremadamente intensas, de manera que los turnos habrían de ser cortos, pero se extienden por ocho horas (los sindicatos hablan de jornadas de hasta doce horas). Alguien podrá decir que González y Aznar finalizaron sus mandatos hace décadas. Pero la embestida neoliberal, especialmente en el caso de González, fue tan fuerte que aún padecemos sus consecuencias. No estoy hablando solo de la arquitectura jurídica que diseñó para nuestra economía, sino de que la precariedad continúa vigente porque ningún gobierno posterior ha querido desmontarla. Es herencia estructural y, a la vez, decisión política.

De todas las medidas lesivas para la economía aprobadas por Felipe González, la más brutal y dañina, que pervive hasta hoy, fue la decisión de dejar en manos de la banca privada la capacidad de financiar a los Estados, una disposición que consagró junto a otros líderes europeos en el Tratado de Maastricht. Este Tratado creó un modelo de financiación pública que impedía a los Estados recurrir a sus bancos centrales para financiar sus déficits y los obligaba a acudir a los mercados financieros, donde los inversores privados e institucionales adquirieron un papel fundamental en la financiación de la deuda soberana. España ha pagado desde la entrada en vigor del Tratado, el 1 de noviembre de 1993, más de 970.000 millones de euros en intereses de deuda. Cada vez que escuchen aquello de “no hay dinero y los recursos son limitados”, recuerden que, gracias al Tratado, España paga cada día 100 millones de euros en intereses de deuda. Cada día.

Cuando la derecha gobierna, lo hace sin complejos: es la principal diferencia respecto a la izquierda. Neoliberales como González, Aznar o Rajoy no pierden un instante en lo que para ellos son veleidades como la justicia social o las condiciones de trabajo dignas: privatizan todo, liberalizan todo, disminuyen el tamaño del Estado, desregulan la economía, terminan con todo aquello que suene a empleos de calidad, como los de la industria, y acaban creando un país “competitivo” a costa de devaluar y precarizar a la clase media. A eso lo llaman progreso, ayudados por medios de comunicación afines. Todo se reduce a esto. Les aconsejo que busquen en la hemeroteca la entrevista en la que Carlos Solchaga, ministro de Economía de Felipe González, dice que el futuro de España es convertirse en un país de servicios. El gran “éxito” de González fue convencernos de que no existía otro camino para España que no fuera el definido por las políticas de derechas. No conozco un solo socialista que en 1982 creyese que el futuro del país pasaba de forma obligatoria por privatizar casi todo el sector público, cerrar la industria, liberalizar amplios segmentos de nuestra economía y desregular la actividad de las grandes empresas.

El debate con Felipe González es puramente conceptual: el expresidente lleva treinta años – los que han transcurrido desde que dejó el gobierno- explicándonos de forma tozuda que las medidas económicas que aplicó, de marcado carácter derechista, son en realidad socialistas. Lo siento, no admitimos tantas contradicciones ni estamos obligados como ellos a mentir para justificar una vida entera al servicio de las élites. De aceptar sus argumentos, nos sumergiríamos en ese viejo lenguaje plagado de falacias y eufemismos de quienes, habiendo sido conniventes con las políticas reaganianas que han conducido al planeta al borde del abismo al levantar una arquitectura jurídica que refuerza y perpetúa la desigualdad y la injusticia, pretenden además ser llamados socialistas. Llevamos décadas atrapados en la narrativa que presenta a González como un “hombre de Estado”, que es el apelativo que las élites económicas, periodísticas, judiciales y burocráticas otorgan a sus más fieles servidores. La patria limpia lo que sus próceres manchan, de manera que un político bien puede perjudicar al país con su gestión, y eso no será obstáculo para que los grandes medios vinculados a la derecha lo terminen cubriendo de honores y reconocimientos. No se engañen: otra España, alejada de los rígidos paradigmas económicos de la derecha dura que defienden González y Aznar, era posible. Y el accidente de Urda muestra la misma secuencia, persistente y odiosa: desinversión en lo público y precarización en los empleos y los sueldos, que derivan en una degradación de los servicios que convierte estas tragedias en previsibles. Esa era la propuesta de González y Aznar, que jamás hablaron de una competitividad basada en la innovación, la tecnología, la productividad, la formación excelsa, la industria y los salarios elevados. Y así es como no funciona un país.

González y Aznar tenían una cosa en común: se irritaban ante las críticas de los periodistas a sus medidas económicas, convencidos de que, si las cuentas no arrojaban el resultado esperado, el error estaba en la gente, que anhelaba una vida digna y no unas condiciones materiales penosas diseñadas por una tecnocracia insensible ante sus problemas. El sistema neoliberal creado por González es el que todos los economistas de derechas bendicen y describen como modelo de “máxima eficiencia económica”: bajos salarios, bajos costes, menos mantenimiento preventivo, disminución de la calidad del servicio y grandes beneficios para las empresas prestatarias. Son los “expertos” que, desde su atalaya de supuesta sabiduría, nos dan siempre las mismas recetas, que, aunque cuadran los números de la macroeconomía, acaban ignorando la pobreza y la desigualdad.

Y lo que estamos viendo estos días en los medios de comunicación es esa vieja tendencia que consiste en aprovechar una catástrofe para crear un relato partidista con el fin de facilitar la llegada al gobierno a quienes no van a solucionar nada y que, además, irán de la mano de los sectores más reaccionarios de la sociedad. En paralelo, no se abordarán las causas estructurales y así saldrá indemne, una vez más, el modelo económico neoliberal defendido por los dos expresidentes, un sistema que antepone la rentabilidad al bienestar y la dignidad de las personas. La verdadera tragedia de la España de hoy es que tenemos la total certeza de que un gobierno de PP-Vox no va a solucionar ningún problema porque nuestras necesidades –vivienda, salarios, calidad del empleo, sanidad, educación- no son prioridades para ellos, pero quien gobierna, Pedro Sánchez, también es responsable del deterioro de las condiciones materiales de los ciudadanos y los servicios de todos.